La impunidad es un mensaje a los agresores, “de que puedes hacerlo, no pasa nada”, y así aumenta la inseguridad, dice la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar.
Acapulco, Guerrero, 5 de julio 2019. La violencia contra las mujeres ha aumentado en Guerrero en los últimos años pero la justicia ha avanzado lentamente. Son mil 253 mujeres asesinadas en el último lustro, mismo periodo en el que sólo se han emitido 19 sentencias condenatorias, de acuerdo con solicitudes de información a la Fiscalía General del Estado (FGE).
En 2014 fueron asesinadas 136 mujeres y sólo se ha emitido una sentencia, en 2015 aumentaron a 172 asesinatos y otra vez sólo una sentencia, en 2016 fueron 258 víctimas y 6 sentencias, en 2017 fueron 321 asesinatos y 9 sentencias, en 2018, 303 muertes y 2 sentencias, y hasta abril pasado suman 63 mujeres asesinadas en este año y ninguna sentencia.
La criminalización de las autoridades hacia las mujeres asesinadas y el miedo de los familiares de seguir los casos producto de la inseguridad en la que se vive influyen en tan alta impunidad, explica la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar.
Se le solicitó a la Fiscalía a través del portal de la Plataforma Nacional de Transparencia el número de mujeres asesinadas por municipio en Guerrero y el número de sentencias condenatorias emitidas por carpeta de investigación abierta de mujeres asesinadas. La información obtenida abarca de 2014 hasta abril pasado.
La Fiscalía da a conocer que en 2014 fueron asesinadas 136 mujeres en el estado y hasta el 3 de junio pasado, fecha que tiene el documento de respuesta, sólo se ha emitido una sentencia condenatoria por alguna carpeta de investigación abierta ese año registrada en Huitzuco.
El siguiente año sumó 172 casos y hay una sola sentencia de ese año en Malinaltepec que reporta una víctima en el mismo periodo, tres en total junto con la otra de 2014 y 2017 respectivamente.
En 2016 fueron 258 casos y seis sentencias: Tlapa, Tecpan y Zihuatanejo con una sentencia cada municipio con 10, 3 y 24 víctimas respectivamente. El municipio de la Montaña suma 44 mujeres asesinadas en todo este periodo y Tecpan 20. En Acapulco hubo tres sentencias de carpetas de ese año que sumó 105 mujeres asesinadas, la mayor cifra para el municipio.
El puerto es el municipio más peligroso para las mujeres con 392 asesinatos de enero de 2014 a abril de 2019 y 7 sentencias de carpetas abiertas en ese mismo periodo. Después de 2016 le siguen 2015 y 2018 como los años más peligrosos con 79 víctimas respectivamente, luego 2017 con 66 y 2014 con 35. El primer cuatrimestre de este año sumó 28 asesinatos.
Zihuatanejo contabiliza 150 asesinatos y es el segundo municipio más peligroso del estado. Además de las 24 víctimas en 2016 y la única sentencia emitida de ese año y en todo este periodo, el 2018 se posiciona como el año más mortífero con 64 casos y le sigue el 2016 con 24. Los 8 asesinatos de este 2019 son el doble de todo 2014 y superior al único del 2015.
En 2017 fueron asesinadas 321 mujeres y se han emitido dos sentencias por casos de ese año en Acapulco, una sentencia en Tierra Colorada que registra dos muertes ese año y otra más en 2014, 4 sentencias en Ajuchitlán del Progreso, y una sentencia en Florencio Villarreal (Cruz Grande) y Ometepec respectivamente, en este último 48 víctimas: cuatro en 2014, 7 en 2015, 9 en los siguientes dos años respectivamente, 18 en 2018 y una hasta abril pasado.
Son 303 asesinatos en 2018 y dos sentencias en Acapulco. De enero pasado a abril no se informó de ninguna sentencia y sí de 63 víctimas.
En entrevista vía telefónica, la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar señaló que en Guerrero no hay justicia para las mujeres, “no se refleja tampoco el cumplimiento que dicen (las autoridades) que están haciendo de la Alerta de Género, no hay impacto.”
Se le mencionó que la impunidad es sistemática y se le preguntó qué factor particular influye en el caso de los homicidios de mujeres. Contestó que la criminalización afecta al acceso a la justicia en estos casos. El Ministerio Público “argumenta, sin investigación, que en algo andarían (las mujeres asesinadas). Así anulan la posibilidad de hacer una investigación real con perspectiva de género.
Otro factor es que las autoridades no se están capacitando en las funciones que desempeñan. Como hay un alto índice debido al problema de crimen organizado, es más fácil meterlas a ese bloque que hacer una investigación profesional.”
Otro punto importante, agregó, es que los familiares no siguen los casos por miedo, producto del ambiente de inseguridad. Ante la falta de seguimiento, la Fiscalía da carpetazo. En tanto que los familiares que sí siguen los casos se enfrentan a la lentitud de las autoridades que se justifican por tantos homicidios que tienen que atender, “tortuguismo” calificó, además de que demuestran una insensibilidad. Esta falta de justicia, aseguró la feminista, tiene un costo en la salud de los familiares, “lo empiezan a somatizar, se empiezan a enfermar”. Dijo que el Estado está obligado a atender a las víctimas indirectas.
Concluyó que la impunidad es un mensaje a los agresores, “de que puedes hacerlo, no pasa nada”, y así aumenta la inseguridad de las mujeres. La prevención de la violencia y sanción a las autoridades responsables de los casos podrían cambiar el panorama, aseguró. Es por eso que el siguiente paso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres es la creación de una controlaría ciudadana feminista que vigile las acciones de las autoridades relacionadas con el tema y los recursos presupuestados.
Chilpancingo es el tercer municipio más peligroso con 104 asesinatos, de los cuales 31 fueron en 2017, 25 en 2018, 19 en 2016, 15 en 2014, 11 en el siguiente año y 3 hasta abril pasado. No hay una sola sentencia por todo este periodo.
En Chilapa, cuarto lugar estatal, se contabilizan 81 asesinatos: 3 en 2014, 8 para los siguientes dos años respectivamente, 34 en 2017, luego bajan a 22 y 6 en lo que va del año. La Fiscalía tampoco reporta una sola sentencia condenatoria.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: José Luis de la Cruz
