Metales pesados
Tryno Maldonado
En esta columna se han señalado continuamente los riesgos de la militarización de la vida pública del país. Al día de hoy, las fuerzas armadas –el Ejército y la Marina– junto con la Guardia Nacional han acumulado un poder inusitado. Aun siendo de carácter inconstitucional, las múltiples tareas y el enriquecimiento desbordado de los militares siguen acumulándose por decisión del Ejecutivo federal.
El pasado 19 de febrero, Andrés Manuel López Obrador, impulsor de este empoderamiento de las fuerzas armadas, aseguró que la intrusión de los militares en responsabilidades y tareas civiles en todo el país “no implica autoritarismo ni militarismo; la sociedad se siente más segura”.
No obstante, la realidad comprueba justo lo opuesto diariamente. Las quejas documentadas por las violaciones a los derechos humanos ejercidas por la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante la administración de López Obrador ascienden a 2 mil 723 abusos graves, por lo menos, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con el informe La guerra interiorizada, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en esta creciente militarización impulsada por los gobiernos federales durante los últimos 15 años las fuerzas armadas han acumulado un total de 41 mil 52 denuncias por tortura. La Secretaría de Marina y la Sedena han aumentado las denuncias en su contra desde que el entonces presidente Felipe Calderón inició una narrativa de guerra informal, hoy llevada a la Constitución y perpetuada por el ahora presidente López Obrador.
La retórica militarista de Felipe Calderón y los “daños colaterales” durante las masacres de militares contra civiles se va asimilando cada vez más a la retórica militarista de los defensores de la guerra de AMLO en las masacres de militares contra civiles. Apenas este domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, seis jóvenes fueron acribillados durante la madrugada por presuntos elementos del Ejército. Cinco de los jóvenes murieron en el acto tras recibir al menos 20 impactos de bala en la camioneta que conducían; uno más está herido de gravedad. Por la mañana, al intentar llevarse la camioneta baleada, los militares fueron confrontados por supuestos familiares de los jóvenes. Los militares en funciones policiales –tal como han sido adiestrados para eliminar al enemigo y no para lidiar con la población civil– arremetieron con disparos de sus armas de alto poder al aire y a los pies de quienes los encaraban, desarmados.
Una anterior masacre perpetrada por la barbarie de los militares en funciones de patrullaje policial ocurrió el 31 de agosto del año pasado en el mismo Nuevo Laredo. La niña de cuatro años de edad Heidi Pérez viajaba en un automóvil, trasladada por su cuidadora junto a su hermano Kevin, para ser atendida en un centro médico por un malestar estomacal. Alrededor de las 22 horas, a la altura de la calle 20 de Noviembre, la conductora notó que un vehículo militar le cerraba el paso. Apenas unos metros más adelante el coche fue acribillado por balas trazadoras de uso exclusivo del Ejército. Una de esas balas de uso militar impactó en el cráneo de la pequeña Heidi. A decir del abogado de la familia, parece ser que la única particularidad que motivaría a los militares a abrir fuego contra los niños y su cuidadora sería ésta: los cristales estaban polarizados.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo se ha posicionado al respecto de la más reciente masacre militar. Los seis muchachos fueron acribillados en la colonia Manuel Cavazos Lerma. Los testimonios recabados por esta instancia confirmaron que los militares mataron a dos de los seis muchachos cuando se encontraban ya fuera de su vehículo. Fotos que circulan en redes sociales muestran los cuerpos en la calle.
En el comunicado del CDH de Nuevo Laredo, su titular, Raymundo Ramos, hizo un llamado contundente al presidente López Obrador por considerar que los militares están fuera de control desde hace tiempo en la entidad y por “esta masacre que cometen elementos del Ejército Mexicano”.
Uno de los argumentos de los defensores de la autoproclamada Cuarta Transformación ha sido que no existen propuestas alternas a la militarización. No es verdad. Organizaciones y víctimas han insistido desde el comienzo de esta administración, y desde muchísimo antes, en que estábamos ante la oportunidad perfecta para iniciar un verdadero proceso de justicia transicional.
¿Será que la soberbia del poder seguirá desoyendo a las víctimas para perpetuar, en cambio, esta guerra sin sentido de AMLO?
