Kenia Inés Hernández Montalván*
(Primera de tres partes)
Su mirada se perdía en la lejanía, apenas si comía; casi regañada, pensaba en él, su hijo, lejos, distante a cientos de kilómetros. Y no, no era que su hijo se hubiera ido a trabajar, a estudiar o se hubiera mudado por su voluntad; nada de eso: su hijo apenas tiene 3 años… Sí, se lo habían quitado, arrebatado de sus brazos. ¿Ladrones desconocidos? ¿Algún secuestro? Lo primero, no; lo segundo, bien se pudiera tipificar como tal. Ésta es una de tantas historias que viven nuestras compañeras mujeres indígenas en Guerrero.
Ella se llama Mary, es originaria de Cochoapa el Grande, una comunidad indígena de La Montaña de Guerrero; al igual que a la mayoría de las mujeres de la región, a ella su padre la vendió para matrimonio. Sí, esas cosas siguen pasando en el siglo XXI. El precio estipulado con los padres y abuelos del novio fue de 105 mil pesos mexicanos, al contado. He ahí la primera violación a sus derechos humanos fundamentales. Apenas el comienzo.
Después vino la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta violación a sus derechos; y no por una ocasión y por separado, no, de manera constante y simultánea. El ahora “esposo” la golpeaba, a grado tal que de cuatro embarazos Mary perdió dos hijos: el primero nació muerto por tantos golpes; el tercer hijo lo perdió a dos meses de embarazo por una hemorragia causada también por golpes. El referido “esposo” además la violaba sexualmente (es decir, la obligaba a tener relaciones sexuales), aún con todo y hemorragia, después de haber perdido su hijo. ¿Puede haber hombres así? Los hay. Lo trágico: ¡No hubo apoyo de los familiares de su “esposo” ni de las autoridades locales!
Llegó Mary a la Casa de Justicia de Cochoapa, municipio de Ometepec. Allí estaba sentada yo, acompañando a coordinadores y consejeros en la atención a un acuerdo de pensión alimenticia. (Esos litigios que en los juzgados oficiales tardan años sin frutos, pues hay infractores que prefieren pagar fianza, amparos y darle de comer a los abogados, antes que a sus propios hijos). Este tipo de acuerdos, en la justicia comunitaria, se resuelven cuando se le deja claro al deudor alimentario que si no cumple sus obligaciones hay leyes internacionales que respaldan la autonomía de los pueblos originarios para actuar en su contra con prisión preventiva, máxime si se trata de defender los derechos de la mujer y de los niños.
Tan luego se fueron aquellos por su asunto resuelto, Mary, con sus ojos preñados de llanto, se puso a contar su historia, esa descrita en los primeros párrafos. Explicó algo más: su hija “lograda” (es decir, la cuarta que no murió por tantos golpes en el embarazo) nació con problemas de salud, derivados de los mismos golpes, por lo que tuvo que dejar a su hijo mayor (el del segundo parto) encargado con los abuelos de su “esposo”, quien, además de todo, la abandonó y vive ya con otra mujer –a quien no dudamos que también violenta–; y Mary no sabe dónde anda, “seguro –le dicen sus parientes– lejos, trabajando en el corte de chile”.
Y relató: “Pero eso no me importa, lo que me importa es recuperar a mi hijo de 3 años. Como me tuve que ir a Guadalajara porque allá encontré una clínica donde podían operar a bajo costo a mi hija menor, pues me fui y dejé encargado a mi niño con los abuelos de mi esposo; pero al mes que regresé me dijeron que no me lo van a entregar, que ellos tienen derecho sobre él, que yo me quede con la niña. Y me dijeron que vaya donde vaya nadie me va a ayudar. Por eso fui un día, y como pude, a escondidas, me lo traje del pueblo, pero apenas había tomado la carretera –en la camioneta pasajera, venía saliendo del pueblo–, y llegó un hombre que ellos mandaron, y me lo quitó; a jalones se llevó a mi hijo”. Y se echó a llorar… y yo con ella, ardiendo de coraje, de desesperación, junto con esa mi igual, de mi género.
Pero no todo estaba perdido, pues esa comunidad estaba incorporada al Sistema de Justicia del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Claro, algo se podía hacer, y rápido. Contacté a la Casa Matriz, en San Luis Acatlán, y allá vamos. Unos días después, una comisión integrada por ambas casas de justicia, acompañados de valientes policías comunitarios, nos encaminamos hacia la localidad indígena para intentar recuperar a ese niño, y devolvérselo a su madre. Madrugamos, y llegamos junto con Mary a esa comunidad, de horror para ella, donde tantas violaciones de sus derechos ha sufrido.
