Juan José Gutiérrez*
La noche del 17 de junio el presidente Donald Trump escribió textualmente en un tweet: “La semana próxima, agentes del Departamento de Inmigración darán inicio al proceso para remover millones de personas ilegales que de forma ilícita pudieron ingresar a Estados Unidos”. Y remató: “Serán deportados tan rápido como estos ingresen”.
Esta declaración constituye una grave amenaza en contra de los trabajadores indocumentados en general, pero muy en particular amenaza a su sector mayoritario, la comunidad mexicana que reside, trabaja y paga miles de millones de dólares en impuestos a los gobiernos federal, de los estados, municipios y las ciudades y pueblos de toda la nación.
Todos los mexicanos tenemos la obligación de asimilar que esta declaración de guerra contra nuestro pueblo trabajador inmigrante, es una amenaza tan grave como cuando el mismo Trump anunció, también a través de un tweet, su decisión de imponerle aranceles a todos los productos que México exporta a Estados Unidos, iniciando con un 5% a partir del pasado día 10 de junio hasta alcanzar un 25% a partir de octubre.
Politólogos y comentaristas en ambos lados de la frontera han descartado tomar en serio esta amenazas. Se equivocan. No podemos olvidar que hace cuatro años cuando Trump anunció en Nueva York su candidatura para presidente de la nación, estos mismos expertos tacharon su esfuerzo como condenado al fracaso prediciendo que ni siquiera sobreviviría las primarias del Partido Republicano. Lo exhibieron como un payaso político.
Quienes hemos acompañado a nuestra comunidad mexicana inmigrante durante los últimos 33 años y vivimos en carne propia el sistema político norteamericano y la indiferencia de las autoridades mexicanas, en todo momento alertamos sobre la obligación que teníamos de hacer todo lo posible para movilizar el voto de los millones de ciudadanos norteamericanos de origen mexicano y latinoamericano para detener al entonces candidato Donald Trump ya que percibimos que sería un personaje político muy peligroso para los intereses de México y de todos los mexicanos. Nos ignoraron.
En lugar de tender puentes de solidaridad desde México hasta Estados Unidos para apoyarnos, el gobierno de México, violando los protocolos vigentes, invitó al candidato republicano a la residencia oficial. Con esta acción, armada y ejecutada por el entonces secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, México propicio el repunte de la campaña de Trump a escasos dos meses de los comicios presidenciales. Que no quepa la menor duda, tanto el ex secretario Videgaray como el ex presidente Enrique Peña-Nieto, jugaron un papel importantísimo, aunque nefasto, en la elección que ganó Trump. Esto sin que las autoridades de México repararan para nada en la interminable campaña de insultos vulgares por parte de Trump en contra de México y de todos los mexicanos.
Para que no quedara la mínima duda de sus intenciones, sembró pánico en las comunidades inmigrantes mediante su anunciada campaña de arrestos y deportaciones masivas. Una advertencia malévola que ha repetido hasta el delirio durante su masivo mitin político en Orlando, Florida, cuando comenzó su campaña en busca de la reelección.
Todo esto fue precedido por importantes cambios en el Departamento de Inmigración. En abril, el director interino Ronald Vitello fue sustituido por Mark Morgan quien fungió como oficial tanto del FBI (Buro Federal de Investigaciones) y de la Patrulla Fronteriza. Está claro que Morgan favorece drásticas acciones para arrestar y deportar a los indocumentados. Esta posición también se ve favorecida por Mathew Albence, vicedirector de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), y por sobre todos esta política cuenta con todo el apoyo de Stephen Miller, el asesor principal de Trump en materia de inmigración. Morgan, Albence y Miller constituyen un tipo de triángulo perverso de servidores públicos que no sólo odian a los trabajadores indocumentados, sino que gozan destruyendo a sus familias.
Trump entiende que su base dura, alrededor de un 30% del total de votantes que sufragan durante las elecciones presidenciales, quieren hechos no sólo palabras y retórica altisonante en contra de los trabajadores indocumentados.
Los mexicanos que vivimos en Estados Unidos estamos convencidos que a partir de la semana entrante nos enfrentaremos a 18 de arrestos y deportaciones masivas. Ante este desolador panorama queremos informar al pueblo de México y a sus autoridades que nos hemos declarado en una campaña permanente de participación cívica, desde ahora hasta las elecciones de noviembre del año próximo. Ante esta gravísima amenaza, les adelantamos que vamos a organizarnos y movilizarnos como nunca. Al pueblo y al gobierno de México nuestro mensaje es: no nos abandonen a nuestra suerte. En otras palabras, no nos dejen morir solos. Necesitamos, también como nunca, de la solidaridad de todo el pueblo y el gobierno de México.
* El autor es el Coordinador Nacional de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes en Estados Unidos de Norteamérica con sede en Los Angeles, California.
