Texto: Anarsis Pacheco Pólito / Foto: El Sur
Chilpancingo, Guerrero, 7 de agosto de 2018. El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) no le ha hecho llegar ninguna notificación sobre la sanción en contra de él y el gobernador Héctor Astudillo Flores, por incurrir en actividades contrarias al “orden jurídico”.
“No hubo ningún acto de mala fe, no hubo una línea constante de promoción indebida; en efecto, reconocimos que se cometió un error porque lamentablemente en el área de Comunicación Social se reprodujo por una sola vez en redes, una imagen que había llegado en relación con una campaña política”, enfatizó.
El viernes de la semana pasada, en sesión pública, la Sala Regional Especializada del Trife emitió sentencia y acreditó que el gobierno de Guerrero utilizó sus cuentas oficiales de Twitter, @SGG_Guerrero y @Gob_Guerrero, para beneficiar con difusión a los candidatos del PRI al Senado, Manuel Añorve Baños y Gabriela Bernal.
Entrevistado en su despacho del edificio Norte, en Palacio de Gobierno, Salazar Adame recalcó que cuando esto sucedió, ellos por escrito expresaron una disculpa pública, donde se señaló que su compromiso era el ser neutrales y respetuosos de la ley.
“Nosotros no desconocemos el hecho de que la autoridad competente puede emitir una sanción, y si así es, la deberemos de acatar. Repito que nosotros en lo particular reconocimos que, de manera involuntaria, pero de cualquier manera se hizo una reproducción indebida, ese es un hecho”, enfatizó.
El funcionario estatal señaló que ya se dio una indicación puntual a la Dirección de Comunicación Social de su dependencia, sobre la administración de dicha plataforma, para que sean más cuidadosos y revisen el material que se reproduzca.
Sobre el caso del gobernador Héctor Astudillo Flores, Salazar Adame puntualizó que le corresponde responder a la Secretaría de Comunicación Social del gobierno del estado, en el caso que se les imputa a ellos.
La reforma al artículo 14
En la entrevista para El Sur, Salazar Adame enfatizó que la reforma al artículo 14 no se ha conocido bien, y no se ha querido revisar a la “luz” del derecho, porque no puede haber una reforma en la que se señale en la constitución quienes sí y quienes no pueden ser reconocidos como policías comunitarias.
“Se reconoce en el 14 su derecho a crear las policías comunitarias, de acuerdo con una serie de supuestos, que sea por la asamblea de la comunidad o que actúen en territorio de la comunidad y que apliquen aquellas normas que no sean propias del ámbito estatal ni federal, porque las comunidades no tienen extra territorialidad”, señaló.
Dijo que las policías comunitarias no son autónomas, sino que están sometidas al ordenamiento jurídico del estado así como al de la federación, por lo que ellos deben tener establecidos en sus reglamentos internos lo que les compete.
“No hay pugna, no hay problema, porque no estamos desconociendo sus derechos, no sólo no los queremos desconocer, queremos garantizarlos con la mayor claridad posible. Lo que deseamos también es evitar que las policías comunitarias sean suplantadas por grupos delincuenciales, porque éstos nos generan problemas, como los que hemos visto en municipios donde rechazan a las policías comunitarias que no son propias”, agregó.
Insistió en que a su parecer algunos de los futuros legisladores lo más sencillo es que se acerquen a la comisión del congreso actual, para que les expliquen cuál es el fondo de la reforma, sobre cómo la previeron y cuáles son sus antecedentes.
“No han querido tener comunicación. Eso me parece realmente un absurdo, si hay una institución, en este caso un poder, que en uso de sus facultades analiza una iniciativa del Ejecutivo y la aprueba y ésta tiene una consecuencia que algunos grupos parece que no es correcto, deben de acercarse a la cámara”, enfatizó.
Señaló que a través de los medios de comunicación no es la mejor manera litigar, no es lo más serio ni lo más profesional, y mucho menos implica el deseo de buscar una solución, si es que hay un problema.
“Nosotros no estamos cerrados a nada, lo que nosotros queremos es garantizar de manera más transparente, con la mayor solidez posible, los derechos de los indígenas”, enfatizó.
Detalló que las reformas no sólo serán sobre este artículo, sino que también se prevé en la ley de la Secretaría de Seguridad Pública, para que las representaciones indígenas sean incorporadas a los diferentes organismos de los sistemas de seguridad que hay en el estado.
Dijo que en estas representaciones se están incorporando no sólo a los presidentes de los comisariados ejidales, sino a los presidentes de bienes comunales.
