Afirma que el ex mandatario pretende silenciarlo y ejercer su poder político y económico en contra de él por los señalamientos de que debe ser investigado por el caso Ayotzinapa. Afirma que sus dichos son parte del debate público y que “en esa arena” debería responderle
Chilpancingo, Guerrero, 29 de octubre de 2022. El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan) y asesor de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero pretende silenciarlo y ejercer su poder político y económico en su contra, por sus señalamientos de que debe ser investigado por el caso Ayotzinapa.
“Pero no voy a claudicar, no me arredran ni me asustan sus amenazas, no me voy a hacer para atrás, continuaré en la lucha con los padres de Ayotzinapa con grupos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa de la Parota (Cecop) y con la Coordinadora de Autoridades Comunitarias (CRAC)”.
Dijo que su lucha seguirá por convicción “y no me voy a arredrar por sus amenazas, no tengo miedo y que interponga las denuncias que quiera, yo no tengo nada que ocultar ni esconder, no debo nada, por lo tanto no temo a nada”.
El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero emplazó el jueves al abogado Rosales Sierra, “que demuestre los señalamientos que hace (de que es responsable del caso Ayotzinapa o se verán en los tribunales, “y veremos a quién le asiste la razón”, dijo en su cuenta de Twitter.
Ejerce su derecho a la libertad de expresión
Consultado ayer por teléfono, el abogado dijo que las denuncias y señalamientos en contra “de esta persona” las realiza como parte de su derecho a la libertad de expresión y aclaró que el ex gobernador debe de tener claro que era gobernador, y que, que como tal, es un personaje sujeto al escrutinio público y a la crítica.
Por lo tanto, opinó que recurrir a esas amenazas “es no estar consciente de esa situación y vulnera el derecho a la libertad de expresión con todo el poder económico y político que tiene y que tratándose de un ex gobernador es recurrir claramente a la amenazas”.
El abogado añadió que las denuncias públicas que hace son fundadas y se fundamentan “en lo que hizo en Iguala cuando estuvo como gobernador”.
Además, recordó que su administración estuvo marcada por graves violaciones a los derechos humanos y enumeró la desaparición de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista Valle; el asesinato de la dirigente de la OCSS Rocío Mesino, de los dirigentes sociales Luis Olivares y Arturo Hernández Cardona, así como de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 12 de diciembre del 2011.
También recordó que después del 12 de diciembre se desplegaron una serie de actos de represión y odio en contra de la Normal de Ayotzinapa, y que, contrario a lo que dice (el ex gobernador) estuvo encabezando sendos actos por la memoria de Gonzalo Rivas Cámara (un trabajador de la gasolinera que murió el 12 de diciembre del 2012) y que esos actos tenían como objeto “invertir la responsabilidad a los normalistas de Ayotzinapa y de abrieron investigaciones y hasta ordenes de aprehensión contra Luis Olivares en el periodo de gobierno del mismo Aguirre Rivero”.
Añadió que en ese tiempo se dio una persecución y represión fuerte en contra la CRAC, al grado de que hubo cerca de 40 presos, y que 13 de ellos estuvieron en prisión más de dos años y varios de los dirigentes fueron enviados a cárceles de máxima seguridad como Gonzalo Molina, Arturo Campos y la ahora senadora Nestora Salgado.
El de Aguirre fue un gobierno represor
Recordó que en el periodo de Aguirre Rivero fueron reprimidos los miembros del Cecop, entre ellos su dirigente Marco Antonio Suástegui, que fue enviado a un penal de Máxima seguridad.
“Sí, fue un gobierno represor, manchado de sangre, que cometió graves violaciones a los derechos humanos y estos crímenes contra los defensores nunca fueron esclarecido”, denunció el activista.
Agregó que en el caso de los dos normalistas de Ayotzinapa, no se hizo justicia “y al día de hoy no hay nadie detenido, y de eso, el señor (Aguirre Rivero) no repara en nada, sigue diciendo que es un demócrata, que es un buen gobernante, pero se fue manchado de sangre de las manos, y eso es lo que venimos diciendo, y si por eso va a presentar demandas penales, ahí están los daños y los hechos que hablan por sí mismos”, insistió.
Denunció que el de Aguirre fue un gobernante cuyo aparato de seguridad estuvo incurriendo en actos excesivos de la fuerza sin que nadie los revisara.
Dijo que los señalamientos que hace en contra son dentro del debate público en el que se está poniendo sobre la mesa un asunto de interés público, como lo es el caso de la grave violación a los derechos humanos de Ayotzinapa.
Rosales Sierra explicó que él emite sus opiniones de acuerdo a los datos que existen, “y él que responda en ese mismo plan, en el plano de la denuncia y el debate público, hagamos esto en la arena del debate y la arena pública”, propuso.
Se defendió que los señalamientos del ex gobernador en su contra son subjetivos tanto de que lucra como de que se lleva a los estudiantes a que vayan a tomar casetas, vías públicas o a las marchas.
Agregó que el ex gobernador puede recurrir a las instancias que quiera: “soy un defensor de derechos humanos que trabajo, que gano un salario austero, que apenas me alcanza para pagar una renta y para comer, no tengo carro, no tengo casa propia, rento, viajo en transporte público”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
