Ciudad de México, 31 de enero de 2018. El pasado 18 de diciembre, Jesús Contreras Tejeda de 49 años y Jonathan Contreras Rodarte de 18 años circulaban en una camioneta por el municipio mexiquense de Tenango del Aire, cuando fueron detenidos por policías ministeriales.
Los cinco policías ministeriales que los detuvieron aseguraron que la camioneta en la que viajaban era robada, y los bajaron del vehículo a punta de pistola. Luego de la detención fueron llevados a un estacionamiento abandonado en el municipio de Chalco y más tarde al Ministerio Público del mismo municipio, en donde estuvieron detenidos sin que se informara a su familia.
Dos días más tarde, el 20 de diciembre, al ver que sus familiares no aparecían y luego de implementar la búsqueda del padre y el hermano menor de la familia Rodarte por redes sociales, decidieron acudir a Tenango del Aire.
Desde Zacapoatla, Sierra de Puebla, lugar del que son originarios, los Rodarte llegaron al Ministerio Público de Chalco, pues es el más cercano a Tenango del Aire, y allí la familia fue informada de que sus familiares estaban detenidos, pero no dieron datos de los motivos de su aprehensión.
Las autoridades del Ministerio Público argumentaron que no podían dar más datos hasta que la familia no se presentara con un abogado.
En compañía de un abogado, la familia al fin pudo hablar con Jesús y Jonathan y saber qué había sucedido.
Anaid Contreras Rodarte, hija y hermana de los detenidos, es la propietaria de la camioneta por la que los detuvieron y aún cuando aseguró al MP que es suya y que tiene todos los documentos en regla, las autoridades no brindaron ningún tipo de solución al caso.
Un día después del encuentro familiar en el MP, el 21 de diciembre, trasladaron a los detenidos al Centro Preventivo y de Readaptación Social Chalco-Mixquic.
El traslado se hizo sin que se informara cuál era la acusación, tampoco los motivos del traslado. En el MP les dijeron que volvieran al día siguiente, pero cuando regresaron los funcionarios ya se habían ido de vacaciones, y regresarían hasta el 8 de enero, cuenta Anaid.
El 26 de diciembre, la familia fue citada para una primera audiencia en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Chalco-Mixquic, en donde les informaron de los cargos por los que habían detenido a sus familiares.
El juez informó que padre e hijo estaban detenidos por una denuncia por extorsión hecha por un operador de transporte público llamado Ernesto Valenzuela Vázquez, que figura en el documento. Según la denuncia presentada por este ciudadano, desde el 11 de diciembre estuvo recibiendo llamadas de un número celular que pertenece a la Familia Michoacana para pedirle dinero a cambio de no dañar a su familia.
La denuncia señala a Jesús y Jonathan como los extorsionadores, y narra que el 18 de diciembre se reunieron con Ernesto, para que les diera 15 mil pesos. Dinero que según los ministeriales se encontró entre las pertenencias de Jonathan. Sin embargo, padre e hijo niegan esto.
Los números telefónicos desde los que el transportista presuntamente fue extorsionado no coinciden con los números de los detenidos; cuyos aparatos les fueron decomisados.
Al no presentar pruebas en su defensa, ambos fueron vinculados a proceso y se le dio a la familia un plazo hasta el 22 de febrero para preparar una defensa del caso, si esto no se cumple serán procesados por el delito que se les imputa, extorsión, y pueden obtener una pena de hasta 70 años de prisión.
El juzgado no ha vuelto a mencionar la acusación inicial por la que los Rodarte fueron detenidos: robo de vehículo.
Anaid cuenta que son trabajadores del campo, que cosechan maíz, pero que por necesidad llegaron hasta Tenango del Aire a trabajar como obreros. Transitaban por la carretera libre cuando fueron interceptados por una camioneta RAM, de la que descendieron cinco policías ministeriales que los bajaron de la camioneta a punta de pistola, los despojaron de sus teléfonos móviles y de la camioneta presuntamente robada.
Anaid Contreras Rodarte también afirma que la autoridades de Chalco les han pedido dinero en diversas ocasiones para dejarlos acceder al expediente, el cual está lleno de irregularidades. “Nos han pedido hasta 30 mil pesos en el Ministerio Público para acceder al expediente del caso, por cada audiencia al bogado tendremos que pagarle hasta 25 mil pesos y nosotros no tenemos dinero, mi única posesión es la camioneta pero ni esa me quieren regresar a pesar de que ya presenté los papeles, incluida la factura original para demostrar que no es robada.”
Agrega que han pedido ayuda a distintos organismos, levantaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con sede en Chalco, pero no han recibido una respuesta.
En estos momentos, Jesús y Jonathan están vinculados a proceso, encarcelados en el Centro Preventivo de Readaptación Social Chalco-Mixquic, a la espera de una posible sentencia por un delito que aseguran no haber cometido.
Texto: Redacción El Sur, con información de Animal Político y Anaid Contreras Rodarte / Foto: Anaid Contreras Rodarte (Facebook)
