El gobierno que encabeza el presidente Daniel Ortega acusa a los opositores de pretender “destabilizarlo” mediante “un complot terrorista” financiado por Estados Unidos.
Managua, Nicaragua, 15 de diciembre de 2018. La Policía de Nicaragua tomó el control de los edificios de varias ONGs proscritas y medios de comunicación críticos con el presidente Daniel Ortega, en un nuevo operativo nocturno tras el anuncio de confiscación de sus bienes por parte del Gobierno.
Los operativos tuvieron lugar horas después de los asaltos y saqueos de la víspera por parte de la policía a las sedes de varios medios de comunicación que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro y de al menos cinco organizaciones no gubernamentales a las que el Parlamento –bajo dominio oficialista– canceló sus permisos legales esta semana.
A través de un comunicado, el Ministerio de Gobernación anunció el viernes que todos “los bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo” de esas ONG pasaban a estar “bajo la administración del Estado de Nicaragua”, para la supuesta creación de un “fondo de atención y reparación integral para las víctimas de terrorismo”.
Al retirar los permisos legales a las ONG, el Gobierno alegó que estas “apoyaron y financiaron” lo que consideran un “intento fallido de golpe de estado” tras las protestas que estallaron el 18 de abril y que han sumido al país en su peor crisis política de los últimos 40 años.
La medida fue criticada de inmediato. “La dictadura Ortega-Murillo ordenó a la policía tomarse otra vez la redacción de Confidencial y Esta Semana hoy a las 10 pm (4:00 GMT). No nos callarán. Seguiremos denunciando el asalto fascista”, dijo en tuit Chamorro, quien dirige un portal de noticias y dos programas de televisión.
“La policía de la dictadura debe desalojar las oficinas de Confidencial. Nuestra redacción está financiada por las empresas Promedia e Invermedia, no pertenece a ninguna ONG que han despojado de su personería jurídica. No a la confiscación!”, añadió el periodista, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-1997) y uno de los más críticos con el Gobierno de Ortega.
Una fuente de Inversiones Multimedia S.A. (Invermedia) dijo vía telefónica a dpa que un bus lleno de policías se presentó en el edificio donde operan las salas de redacción y las oficinas administrativas de la empresa periodística para tomar posesión del inmueble y anunciar verbalmente que pasaba a ser posesión del Estado de Nicaragua.
También el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), otra de los ONG clausuradas esta semana por el Parlamento, había denunciado el allanamiento policial de sus oficinas en Juigalpa, capital de la provincia de Chontales (centro).
La Fundación Popol Na, que dirige la ex guerrillera y disidente sandinista Mónica Baltodano, dijo a través de las redes sociales que la policía también tomó “por la fuerza” su edificio situado en el occidente de Managua.
El Parlamento también anuló esta semana los permisos legales del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Instituto para la Democracia (IPADE), Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILSS) y Fundación del Río, estos últimos ubicados en las ciudades de Ocotal (norte) y San Carlos (sur) respectivamente.
La retirada de los permisos ocurre tras casi ocho meses del estallido de las protestas antigubernamentales que se han saldado con 200 muertos según el Gobierno y hasta 545 según ONG de derechos humanos, que reportan además 4.000 heridos y 603 personas encarceladas.
El gobierno acusa a los opositores de pretender “destabilizarlo” mediante “un complot terrorista” financiado por Estados Unidos.
Texto: DPA / Foto: Archivo El Sur-EFE
