Texto: DPA/ Cuartoscuro
El premio reconocerá a periodistas que destaquen en investigación y la difusión de los derechos humanos en México. Su primera entrega será el 3 de mayo y consistirá en un viaje a Francia, encuentros con representantes de órganos de prensa en ese país y en una beca especial de investigación.
Los organizadores eligieron los apellidos de Breach y Valdez para el premio debido a su “fuerte y terrible simbolismo”, señaló un comunicado.
“(…) al asesinarlos en 2017, los perpetradores enviaron un mensaje muy preocupante: ningún periodista, ni aquellos con reconocimientos internacionales, está a salvo de la violencia en particular cuando se atacan a la corrupción en este país”, agregó.
Breach era corresponsal de los diarios “La Jornada” y “Norte” en la ciudad de Chihuahua, en el norte de México, donde fue asesinada a tiros el 23 de marzo de 2017. Tenía 54 años y fue atacada delante de sus hijos cuando salía de su casa.
A prácticamente un año de su muerte, sus colegas de “Norte” alistan homenajes en Chihuahua, mientras que en la Ciudad de México será recordada con un conversatorio. La reconocida periodista escribía sobre temas de interés general y crimen organizado.
Valdez también fue corresponsal de “La Jornada” y fundador del portal de noticias “Riodoce”. Era un especialista en crimen organizado, galardonado por su trabajo y autor de libros sobre el tema, como “Huérfanos del narco” y “Narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia”.
El periodista fue asesinado el 15 de mayo de 2017 de varios tiros cuando se encontraba en la calle en Sinaloa, estado del noroeste de México. Su muerte, al igual que el de Breach, provocó una ola de indignación en México.
“El clima permisivo ante estas agresiones impunes hace que aumente la inseguridad en el gremio de los periodistas, en un contexto en el que el alto perfil y la visibilidad de los profesionales ya no es garantía de su seguridad”, dijo Federico Mastrogiovanni, Coordinador del programa Prende de la Universidad Ibero, uno de los organizadores.
El lanzamiento del premio coincidió con el asesinato de otro periodista en el estado de Veracruz, en el este del país. El reportero, tiroteado en su casa, es el tercero abatido en México en lo que va del año.
El premio Breach/Valdez es un esfuerzo coordinado por el Centro de Información de la ONU, la embajada de Francia en México, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos (ONU-DH), entre otras instituciones.
Suma Veracruz 22 periodistas asesinados
Texto: Agencia Reforma
Ciudad de México. Tras condenar el homicidio de Leobardo Vázquez, la CNDH señaló que Veracruz suma 22 periodistas muertos desde el 2000.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio del periodista Leobardo Vázquez Atzin, perpetrado anoche en su casa en el Municipio Gutiérrez Zamora, en Veracruz.
Mediante un comunicado, el organismo destacó que con este crimen suman 22 periodistas asesinados en esa entidad desde el año 2000.
“Se solicitó al Secretario General de Gobierno de Veracruz salvaguardar la seguridad de sus familiares y ofrecerles la contención emocional que requieran ante estos hechos”, indicó.
Visitadores de la Comisión acudieron a la localidad donde vivía Vázquez Atzin, para realizar las diligencias del caso y ofrecer el acompañamiento y asesoría a sus familiares.
“Con el homicidio de Leobardo Vázquez Atzin son ya 133 los periodistas asesinados en México desde el año 2000, lo que da cuenta de la extrema gravedad de la situación que enfrenta la libertad de expresión en nuestro País”, refirió la CNDH.
“Este nuevo crimen contra un periodista en Veracruz no puede quedar impune, por lo que este organismo nacional hace un llamado a las autoridades de procuración de justicia a realizar diligencias serias y eficaces para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia”.
Leobardo Vázquez Atzin trabajó para el periódico La Opinión de Poza Rica y también tenía un portal de noticias propio llamado Enlace Gutiérrez Zamora.
Artículo 19 emite alerta para Campeche por represalias contra periodistas críticos
Texto: Apro
Campeche. La organización Artículo 19 emitió una alerta para Campeche, en respuesta a las represalias de los poderes públicos contra periodistas críticos al gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas.
Especializada en la protección y promoción al derecho a la libertad de expresión, la organización defensora de los derechos humanos expone en su alerta el clima de hostilidad contra los periodistas críticos y destaca el caso de Miguel Ángel Villarino Arnábar, preso desde el pasado jueves 8, acusado de incumplir con el pago de la pensión de su hijo.
Artículo 19 exige al poder Ejecutivo de la entidad, “en concreto al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y su gabinete”, detener “los ataques contra la prensa encaminados a inhibir el libre ejercicio periodístico”.
De igual manera, conmina al poder Judicial a abstenerse “de hacer un uso ilegítimo del poder público en su modalidad de hostigamiento judicial al usar de manera desproporcionada el sistema penal para abordar asuntos de índole familiar contra el periodista”.
Y demanda a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) “investigar diligentemente los hechos de los cuales tiene conocimiento mediante carpetas de investigación previas, así como a incorporar los delitos más recientes en contra de periodistas de Campeche con el objetivo de efectuar una investigación técnica, exhaustiva y diligente para la sanción de los responsables”.
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la organización pide que, “con base en su mandato, comience una queja de oficio y una indagatoria que conlleve a emitir recomendaciones puntuales hacia las autoridades de Campeche y dé seguimiento a las mismas para la no repetición de violaciones de derechos humanos en el estado”.
Finalmente, insta al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación “a que implemente medidas de protección para Miguel Villarino Arnábar, sus familiares, así como para las y los demás periodistas agredidos por funcionarios públicos en la entidad”.
En su manifiesto, Articulo 19 destaca que Villarino Arnábar, bloguero del medio digital Bestiometro, “fue víctima de privación de la libertad en su modalidad de detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza por parte de agentes” de la Fiscalía General del estado de Campeche, el pasado jueves 8 en Champotón.
“Posteriormente, Villarino fue víctima de uso ilegítimo del poder público en su modalidad de hostigamiento judicial por la jueza Miriam Guadalupe Colli Rodríguez, al vinculársele a proceso y dictársele prisión preventiva por la supuesta sustracción de menores en contra de su hijo (carpeta judicial 216/17-18) y por el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, por parte del juez David Bacab Heredia (carpeta judicial 211/17-18)”.
Señala que, de acuerdo con colegas y familiares que entrevistó, las agresiones contra Villarino pueden estar relacionadas con la cobertura crítica al gobernador y a figuras locales en el estado.
“Efectivamente, el bloguero Miguel Villarino Arnábar ha publicado duras críticas contra el gobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas, entre otras, por sus presuntos contubernios de corrupción con el expresidente municipal de Champotón, José Luis Arjona”, añade.
También menciona los mensajes que la familia de Villarino comenzó a recibir tras su encarcelamiento, procedentes de personas cercanas a funcionarios de gobierno, con comentarios alusivos al supuesto ahorcamiento del periodista en su celda.
Asimismo, retoma un extracto del primer texto que desde la reclusión escribió Villarino para su blog con el título “Crónicas carcelarias. La tortura”, en cuya entrada acusa: “’Estoy en la cárcel porque en Campeche criticar al gobernador Alejandro Moreno, un faraón de cumbia y guarache, es un delito de lesa majestad”.
Luego abunda sobre la forma en que lo han intimidado a él y a su familia: ‘Que no me van a matar ahora sino en Semana Santa, cuando todos anden de vacaciones, que se le van a adelantar a Alito y el que me va a mandar a asesinar será otro resentido con mis textos (para que sea él quien cargue con la culpa, pero el periodista muera de todas formas), que me van a sembrar algo en mi celda para enviarme a un hueco inmundo y que de ahí no salga, que me corte y simule una súbita locura para que me escape de aquí y, por supuesto, el régimen me señale para demostrar que si alguien critica el gobierno de Moreno Cárdenas es porque está loco.
‘Con mensajes y propuestas como éstas han torturado a Mily, mi mujer, desde mi arresto. No les bastó haber armado ese montaje burdo’”, remata el texto del periodista.
El organismo también sostiene que el lunes 12 una camioneta blanca sin placas vigilaba una de las casas de la familia de Villarino, y que ante esos sucesos familiares del reportero decidieron recurrir al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “sin que hasta el momento quede clara la implementación de un esquema de protección integral que les garantice salvaguardar su integridad física y psicosocial”.
Y resalta las declaraciones de otros periodistas independientes entrevistados, como Ronny Aguilar, Argentina Casanova y Daniel Sánchez Barrientos, quienes relataron situaciones de hostigamiento por parte del gobierno del estado por su trabajo crítico, y por las que incluso han presentado denuncias ante la Feadle.
Según los reporteros, durante sus dos primeros años de gobierno Moreno Cárdenas “derrochó 938 millones 118 mil pesos en servicios de comunicación social y publicidad oficial.”
