Ciudad de México, 12 de octubre de 2017. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Amnistía Internacional (AI) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) celebraron hoy la aprobación de la Ley contra la desaparición forzada en México y pidieron que se implemente de manera efectiva.
En un comunicado, el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, afirmó que la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares establece el marco para regular la declaración de ausencia por desaparición.
Asimismo, “fortalece el derecho a la reparación de las víctimas y adopta un enfoque diferenciado para dar una atención especializada a diversas personas en situación de vulnerabilidad”.
La ley fue aprobada hoy con 361 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, en la Cámara de Diputados, después de dos años de discusión y de que pasara en el Senado el 27 de abril.
La ONU-DH, que a finales de agosto inició una campaña para que México aprobara la ley y reconociera la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, hizo un llamado para que las autoridades “sean sensibles al dolor de las víctimas” y reflejen en su próximo presupuesto “las prioridades y preocupaciones reales de la ciudadanía”.
“Para ello, junto con otras apremiantes necesidades, se deben proveer los recursos necesarios para garantizar la implementación efectiva de esta ley”, sostuvo Jarab.
Amnistía Internacional destacó que la aprobación es un “primer paso, pero falta mucho”, incluyendo la garantía de que la norma y las instituciones que se encargarán de la búsqueda cuenten con los recursos suficientes.
“El marco ya existe, ahora debemos actuar sobre él para terminar con esta terrible práctica que ensombrece al país”, manifestó Raquel Aguilera, de AI México.
Además, la organización recordó que la ley de desaparición forzada es producto de “una incansable labor de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país”.
Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aplaudió en un boletín la aprobación de la ley y también destacó la necesidad de que cuente con un presupuesto suficiente.
Con los votos de la Cámara de Diputados, afirmó, se concreta la aspiración de crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con una comisión nacional que permita cruzar información y la homologación en la obtención de los datos forenses y registros.
Asimismo, el jefe de la Delegación Regional del CICR para México, América Central y Cuba, Juan Pedro Schaerer, pidió a las autoridades trabajar en los reglamentos y leyes secundarias que hagan de la aplicación de la ley una realidad.
Tras su paso por el Legislativo, resaltó, el Gobierno deberá promulgar “a la mayor brevedad posible” la norma, “a fin de comenzar, de manera inmediata, su aplicación e implementación”.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente en el país hay 33.482 personas en México cuyo paradero es desconocido.
México aprueba la Ley General de Desaparición Forzada tras dos años de debate
México aprobó hoy la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, tras dos años de discusión en el Legislativo con la colaboración de familiares de desaparecidos, quienes exigían que la norma pasara cuanto antes para enfrentar una problemática que suma miles de víctimas en el país.
Con 361 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la ley, que empezó a trabajarse en 2015 y pasó en el Senado el 27 de abril de este año.
La Cámara baja turnó hoy el dictamen aprobado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La ley establece un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y mecanismos para el intercambio de información de la materia entre instituciones.
Además, se crean protocolos con directrices para los procesos de búsqueda, se establece la declaratoria de especial de ausencia para reconocer la personalidad jurídica de las personas desaparecidas y se establecen los derechos de las víctimas y los mecanismos de apoyo.
La norma establece que sobre quien cometa este delito caerá una pena de 40 a 60 años de prisión, y una multa que puede oscilar entre los 800.400 pesos (42.328 dólares) a los 1,6 millones de pesos (84.656 dólares).
En el caso de que la víctima sea migrante, niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor, periodista o defensor de derechos humanos, estas penas podrían aumentar hasta en un 50 %.
Asimismo, si la desaparición es cometida por un particular, la pena será de 25 a 50 años de prisión, y la multa de 320.160 pesos (16.927 dólares) a 640.320 pesos (33.862 dólares).
La diputada Gloria Hernández, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo en el pleno de la Cámara baja que los legisladores no pueden ser “omisos ante la gravedad de este crimen”.
Defendió que “considerando el dolor existente, es imperioso que México abra un nuevo camino de justicia para las víctimas de desaparición”.
El diputado Cuitláhuac García, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó que su partido respalda la ley, aunque esta “no necesariamente significa la solución del problema”, porque todavía permanece el “manto de la impunidad y la corrupción”.
“Esta ley es el triunfo de familiares de los desaparecidos y de organizaciones políticas y civiles. Sobre todo, de las madres que todavía hoy esperan a sus hijos vivos”, aseveró.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente en el país hay 33.482 personas en México cuyo paradero es desconocido.
Nota y foto de EFE/ Sáshenka Gutiérrez.
