Ciudad de México, 15 de diciembre de 2021. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia resolvió ayer que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que hacer, al menos por ahora, los ajustes necesarios a su presupuesto de 2022, para cumplir el mandato legal de celebrar una eventual consulta de revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El ministro, cuya identidad no ha publicado aún la Corte, se negó a conceder al INE una suspensión contra el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que establece:
“El INE deberá garantizar la realización de la consulta establecida en el Transitorio Cuarto del Decreto de reforma Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueren necesarios”.
“Es improcedente la suspensión respecto a que el INE no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como que se exima al INE y a su personal de las sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”, resolvió el Ministro.
La Corte no ha publicado la versión completa de esta sentencia. La Ley de Revocación es una norma general, y usualmente los Ministros no conceden suspensiones para frenar los efectos de normas, aunque excepcionalmente si lo han hecho.
El INE puede impugnar la negativa de suspensión ante una Sala de la Corte, pero pasarán varias semanas para una sentencia, pues el Poder Judicial inicia este jueves su receso de fin de año.
INE pide a funcionarios neutralidad en el proceso de revocación
El INE llamó a los funcionarios públicos a jugar un papel de neutralidad en el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Comisión de Quejas declaró improcedente una queja interpuesta por integrantes de Sí por México, de la que forman parte Claudio X. González, Beatriz Pagés y Gustavo de Hoyos, en la que pedía medidas cautelares para suspender la propaganda de “ratificación” que realizan el líder de Morena, Mario Delgado, servidores públicos y otros militantes de ese partido.
El organismo argumentó que dichas expresiones recaen en la libertad de expresión, porque, en apariencia, no implican una promoción orquestada o sistemática.
Prepara recursos para partidos
Sin haber cumplido con su promesa de entregar la mitad de su financiamiento público en el 2021, Morena disfrutará en el 2022 de mil 716 millones de pesos en prerrogativas.
Esto representa 81 millones de pesos más de los que recibió este año.
Para el 2022, 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos de dinero público se dividirán en siete partidos nacionales, de acuerdo con sus resultados electorales del pasado 6 de junio.
Morena tendrá mil 716 millones 197 mil pesos para actividades ordinarias, 51 millones 485 mil pesos para actividades específicas y 51 millones 485 mil 912 para liderazgo político de las mujeres.
En esos tres rubros, el PAN podrá usar mil 90 millones; el PRI, mil 68 millones; el PVEM, 501 millones; el PRD, 420 mil; y PT, 401 mil.
Senadores de Morena señalan a Córdova por obstaculizar el proceso de revocación de mandato
La bancada de Morena en el Senado acusó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de obstaculizar el proceso para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato.
En conferencia de prensa, el senador César Cravioto consideró que con los mil 503 millones de pesos, anunciados por Córdova, el INE ya cuenta con el dinero suficiente para realizar la consulta e instalar 161 mil casillas.
Cravioto Romero señaló: “Entonces, lo voy a decir con todas las palabras, ¿o quieren robarse el dinero, o quieren poner más trabas para que no se haga la consulta?”, expresó.
Indicó que con mil 503 millones de pesos, que el propio INE dice tener para hacer la consulta, asentó el legislador de Morena, ya se pueden instalar las 161 mil casillas y “no vamos a aceptar que pongan menos de esta cantidad”.
Aprueba el Senado la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
El Pleno del Senado de la República aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que favorecerá a peatones, ciclistas y transportistas de carga.
De último momento, a pesar de que la Oposición protestó, fue retirada la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para los automovilistas.
Los senadores resaltaron el hecho de que 600 mil personas ingresan a hospitales por incidentes viales al año en estado de gravedad.
Uno de los elementos más importantes del nuevo ordenamiento será el relativo a los límites de velocidad: 30 kilómetros por hora para calles secundarias y terciarias y 50 km/h en avenidas primarias sin acceso controlado.
Además, 80 km/h en carriles centrales de avenidas de acceso controlado; 80 km/h, en carreteras estatales fuera de zonas urbanas; 110 km/h para automóviles, 95 km/h para autobuses y 80 km/h para camiones en carreteras y autopistas de jurisdicción federal.
También establece el uso de cinturón obligatorio para todos los pasajeros de vehículos motorizados, y prohíbe el habla por teléfono celular y el envío de mensajes de texto por medio de cualquier tipo de dispositivo electrónico.
La movilidad será reconocida como un derecho constitucional, amén de que será creado un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad.
Tras sostener que el espacio no es exclusiva para vehículos automotores, el senador Emilio Álvarez Icaza deploró que haya quedado fuera la regulación de camiones de doble remolque, los seguros de responsabilidad civil y la cuestión presupuestal para el nuevo ordenamiento.
Texto: Agencia Reforma
