Otra crisis ignorada por los candidatos: el agua; campesinos se amparan

Hay un problema clave que azota a la nación desde mucho antes que los cárteles de la droga o los presidentes estadunidenses obsesionados con Twitter: la crisis del agua. Uno de los sectores más afectados, la Central Campesina Cardenista anunció que presentará 35 amparos contra 10 decretos que sustituyen las zonas de veda por reservas de agua.

Texto: Mikael D. Wolfe (profesor de historia en la Universidad de Stanford, autor de Watering the Revolution: An Environmental and Technological History of Agrarian Reform in Mexico).
Ciudad de México, 25 de junio de 2018. Hasta ahora los candidatos presidenciales, cuando no se están atacando, protestan contra la corrupción, la inseguridad y Trump, pero no han puesto mayor atención a un problema clave que azota a la nación desde mucho antes que los cárteles de la droga o los presidentes estadunidenses obsesionados con Twitter: la crisis del agua.
Por desgracia, en el tercer y último debate de la campaña, que incluía dos temas ambientales –el desarrollo sustentable y el cambio climático– los candidatos prácticamente no lo discutieron y mucho menos proporcionaron algún tipo de perspectiva histórica, ni en este ni en ningún otro asunto.
Acerca del agua, el tema que aquí interesa, ellos podrían haber hecho referencia al más reciente “Informe sobre el estado de los recursos acuíferos mexicanos”, emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el cual señala que la disponibilidad del líquido por habitante descendió de 18 mil 53 metros cuadrados en 1950 a 3 mil 692 en 2015. De aquéllos, el agua subterránea representa casi 40% de su uso total. Y de ese 40%, 60% está contaminado, sobreexplotado o ambas cosas.
Pero incluso estas estadísticas conservadoras no transmiten la tragedia humana subyacente. Entre tantos otros ejemplos está el de María, una madre que vive en un barrio pobre de la Ciudad de México sin agua corriente, quien para llenar las cubetas necesarias para el uso doméstico básico depende de costosas entregas que llegan en pipas dos veces por semana. O el de Gloria Villanueva Rodríguez, una mujer de mediana edad, gravemente enferma a causa del agua subterránea contaminada en Guanajuato. O los cientos y miles de personas en el municipio jalisciense de El Salto, cerca de Guadalajara, muertas o envenenadas porque las autoridades gubernamentales no hicieron nada para impedir que los desechos industriales fueran arrojados en las aguas del río Santiago.
La ironía es que la Constitución de 1917 inspiró algunas de las mejores leyes del mundo sobre agua, que simplemente no se aplican a causa de poderosos intereses económicos, mexicanos y estadunidenses, profundamente involucrados en el suministro del líquido.
Éstos han paralizado las leyes y creado una crisis que amenaza el medio ambiente y la salud de todos los mexicanos.
Producto de la Revolución de 1910, la Constitución ordenó la repartición y conservación del agua (y la tierra) para toda la población. Puso bajo jurisdicción federal la mayoría de los recursos de aguas superficiales para que el gobierno pudiera regularlos en todo el país. En las décadas siguientes, la legislatura federal aprobó diversas leyes nacionales sobre el agua e incluso enmendó la Constitución para actualizar las regulaciones.
Sin embargo, históricamente las soluciones para el suministro del agua han provenido de la tecnología y no de las leyes. Emulando a sus contrapartes de Estados Unidos, especialmente en la década de 1930, los ingenieros mexicanos comenzaron a construir miles de presas. Pero si bien éstas conservan el agua para el consumo humano, también dañan los frágiles ecosistemas ribereños y pueden ocasionar desplazamientos humanos forzosos.
El gobierno mexicano entendía ese efecto negativo de las presas, pero sus ingenieros estaban tan enamorados de la tecnología hidráulica estadunidense que hicieron muy poco para cambiar el rumbo. Ese fue el caso de Marte R. Gómez, secretario de Agricultura de 1940 a 1946, quien ayudó a introducir la Revolución Verde: la adopción de semillas híbridas estadunidenses de mayor rendimiento, junto con el uso de pesticidas y fertilizantes químicos.
Gómez llamó a estos cambios la “modernización” de la agricultura mexicana. Pero ésta dependía de un ingrediente esencial: el agua, y pronto fue claro que represar los ríos no era suficiente. Entonces Gómez instó a los agricultores mexicanos a que bombearan profusamente el agua subterránea, pese a que él y otros ingenieros sabían que, a largo plazo, esto traería consecuencias perjudiciales al medio ambiente y la salud pública.
El rápido crecimiento de la economía y la población crearon una casi insaciable demanda de agua, por lo que el gobierno mexicano optó por no ejercer su autoridad para regular el consumo. Y eso no fue todo. Algunos ingenieros tenían intereses comerciales personales en las mismas industrias que debían regular (el proverbial zorro que cuida el gallinero). Gómez, por ejemplo, cuando era secretario de Agricultura trabajó discretamente para fundar su propia fábrica de bombas de agua subterránea, Worthington de México, subsidiaria de la multinacional con sede en Nueva York.
Cuando Gómez dejó el cargo en 1946, la sede de Worthington presionó al gobierno estadunidense para que otorgara préstamos de bajo interés a su filial mexicana y el gobierno de México también contribuyó con varios incentivos financieros. Gracias a ello, durante décadas Gómez se benefició del mismo uso excesivo del agua subterránea que él aprobó como secretario de Agricultura.
Durante largo tiempo la crisis del agua ha afectado a millones de mexicanos. A causa de esta historia, pero también a pesar de ella, hoy día la mayoría de los proyectos de desarrollo que afectan las principales fuentes de agua enfrentan una oposición mucho mayor que antes. Y aunque a menudo no puede detener del todo los proyectos, esa persistente oposición implica costosas demoras para el gobierno y los contratistas privados.
Un buen ejemplo es el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Enrique Peña Nieto ha invertido miles de millones de dólares de fondos públicos en él, pese a las preocupaciones sobre su impacto ambiental, en especial en las comunidades cercanas. Incluso Andrés Manuel López Obrador, en su carta enviada a El Financiero el 4 de abril, en la cual defendió su programa económico, anunció que no cancelaría el aeropuerto como había prometido, sino que lo revisaría cuidadosamente.
Es revelador que no mencionara en absoluto el agua en relación con el aeropuerto, ni ningún otro problema ambiental. Al menos en el último debate abordó algunos de estos temas (porque se le preguntó al respecto), pero su única referencia específica al agua fue decir que México tiene mucha en el campo, que debería convertirse en “una fábrica” y rehabilitar la hidroelectricidad, a la que llamó “energía limpia” a pesar del bien sabido daño ambiental que causan las presas y la gran cantidad de metano que emiten sus embalses.
Esto no significa que los otros presidenciables lo hayan hecho mejor. José Antonio Meade, del PRI, sólo se refirió vagamente a los trabajos de drenaje, y el Bronco a la necesidad de tratar toda el agua en México, pero ninguno lo relacionó con el tema de la salud, a cuya discusión los candidatos dedicaron más tiempo que al desarrollo sustentable y al cambio climático juntos. De hecho, en estos dos últimos temas sólo se utilizaron alrededor de 10 minutos de los 137 que duró el debate, ¡y del agua específicamente sólo hablaron tal vez dos minutos como máximo!
Ya que apenas mencionaron la crisis del agua y ni siquiera la llamaron así pese a que está plagada de corrupción y afecta en gran medida la salud pública, la planificación económica y la inversión, esperemos que los candidatos se involucren en el asunto de manera más profunda en esta última semana de campaña. De lo contrario, devaluarán el tratamiento del agua como un tema clave y, por lo tanto, lo empeorarán.