Con al menos cinco episodios de amenazas de muerte, derivadas de las denuncias públicas contra el teniente coronel Julián Leyzaola, el policía municipal Luis Hernández Gálvez ha documentado más de 20 averiguaciones previas formuladas en el fuero federal y en Baja California y Chihuahua, estados en los que el teniente coronel se ha visto involucrado en otros delitos, también por tortura y homicidio
Gloria Leticia Díaz / Agencia Proceso
Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México. La posibilidad de que el teniente coronel Julián Leyzaola integre la Cámara de Diputados en la próxima legislatura causó indignación y alarma entre víctimas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La preocupación radica en los “pactos de impunidad” que han sostenido la carrera del militar en retiro, ex secretario de seguridad pública de Tijuana y de Ciudad Juárez, pese a tener 19 recomendaciones por violaciones de los derechos humanos, 20 indagatorias abiertas en el fuero federal y común, y pese a estar denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
Inhabilitado por la sindicatura de Tijuana, para ejercer el servicio público, tras un litigio emprendido por una de sus víctimas, Leyzaola tiene la oportunidad de aspirar a una diputación federal como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena PT y Encuentro Social.
No sería la primera vez que el teniente coronel prueba suerte en las urnas. Tras su paso como secretario de Seguridad Pública de Tijuana (2008-2010), bajo el gobierno del panista Jorge Ramos, y como jefe policial en Ciudad Juárez (2011-2014), con el priista Héctor Murguía, el originario de Sinaloa buscó en 2016 la alcaldía de Tijuana impulsado por Encuentro Social; la contienda la perdió ante el panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
El gobierno de Gastélum confirmó la inhabilitación por cinco años contra Leyzaola, a solicitud de un proceso promovido por Luis Hernández Gálvez, un policía municipal que en 2009 fue torturado por el militar.
El caso Hernández Gálvez fue parte de las cinco recomendaciones que organizaciones públicas de los derechos humanos emitieron entre 2009 y 2011 (tres son de la entonces Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California y dos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) contra Leyzaola por tortura y detenciones arbitrarias cuando encabezó la corporación policial de Tijuana.
En total, esas acusaciones involucran a 37 víctimas; de ellas, 29 eran policías municipales a los que se intentó vincular con el cártel de Tijuana.
En entrevista con Proceso, Hernández Gálvez calificó la gestión de Julián Leyzaola como “la peor época para los policías en Tijuana, en la que ocurrieron 60 homicidios, cuando el promedio por administración era de tres o cuatro asesinatos.
“Tampoco es cierto que acabó con la delincuencia –dice–, (el militar) vino a capturar a la gente del cártel de Tijuana y dejó que actuara libremente el cártel de Sinaloa”.
Hernández cuenta que, por órdenes de Leyzoala, fue detenido junto con tres compañeros más y trasladado a unas instalaciones policiacas en las que fueron torturados.
“Él no manda a torturarte, él lo hace personalmente. Fui torturado directamente por él y por otras tres personas, entre ellas, el capitán Gustavo Huerta, quien era director de la Policía y Tránsito municipal. En el Protocolo de Estambul que me aplicaron se dieron cuenta que me causaron 85 lesiones. Ese señor brincó sobre mi cadera y me rompió una placa que tengo en la pelvis por un accidente que tuve hace años; durante tres meses, de los cuatro que estuve en la cárcel, no puede caminar. También le gusta usar una bolsa para asfixiar, son métodos de tortura que han sido denunciados en otros casos que después conocí”, dice la víctima.
Con al menos cinco episodios de amenazas de muerte, derivadas de las denuncias públicas contra el ex jefe policial, Hernández Gálvez ha documentado más de 20 averiguaciones previas formuladas en el fuero federal y en Baja California y Chihuahua, estados en los que el teniente coronel se ha visto involucrado en otros delitos, también por tortura y homicidio (en tres casos).
“Ese señor goza de una impunidad, ni siquiera por los casos de homicidio se le ha citado a declarar”, lamenta.
Licencia de impunidad
Leyzaola trabajó estrechamente en coordinación con el general Alfonso Duarte Múgica, cuando estaba al frente de la II Región Militar, a la que pertenece el 28º Batallón de Infantería, también denunciado por torturar y arraigar a civiles, policías municipales y ministeriales, quienes fueron procesados por delitos contra la salud. Sin embargo, todos ellos fueron liberados por falta de pruebas.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) documentaron que, de 52 denuncias de tortura, Layzaola participó en una treintena de agresiones contra policías municipales. Se trata de hechos denunciados en 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; una acusación más, de 2013, está pendiente de ser admitida.
También esos casos fueron expuestos ante la Corte Penal Internacional, en 2014. Son hechos de los que este semanario ha dado cuenta en sus números 1701, 1722, 1724, 1737, 1759, 1794, 1800, 1828, 1834, 1844 y 1977.
Para José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la CMDPDH, el que Julián Leyzaola nunca haya sido llamado a rendir cuentas, pese al historial en su contra, “habla de la impunidad que trasciende los estados”.
(Imagen: El teniente coronel Julián Leyzaola, en junio de 2016, cuando fue aspirante a la alcaldía de Tijuana por el Partido Encuentro Social t Foto: Christian Serna / Cuartoscuro / Archivo)
