Para el Estado mexicano la protección de periodistas nunca ha sido una prioridad ni ha proporcionado el 100 por ciento de los recursos que se necesitan. La situación hoy es peor porque estos recursos desaparecen, alerta Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras-México
El Sur / Ciudad de México, 3 de noviembre de 2020. La extinción de 109 fideicomisos creados con fondos públicos, aprobada por el Senado el 20 de octubre pasado, pone en riesgo a los más de mil beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Debió haberse analizado qué fideicomisos realmente tendrían que desaparecer o no. Lo que hubo fue la decisión tajante de desaparecerlos todos, sin hacer una revisión cuidadosa antes. El mayor impacto lo vamos a ver en el primer trimestre de 2021”, prevé Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
La periodista señala que si bien el fondo del Mecanismo presentaba varias deficiencias, en lugar de desaparecerlo lo pertinente era revisarlo y mejorar su operatividad.
Por lo general, cada año el Mecanismo recibía menos recursos de los requeridos –en 2020 inició con 227 millones de pesos, la mitad de los 500 millones solicitados–, terminaba en números rojos y lidiaba con retrasos en la liberación final del presupuesto. A partir de 2021 estas fallas podrían agravarse.
De acuerdo con RSF, a la fecha el Mecanismo brinda atención a mil 304 beneficiarios: entre éstos figuran 418 periodistas (111 mujeres y 307 hombres) y 886 defensores de derechos humanos (471 mujeres y 415 hombres).
Con la cancelación de los recursos etiquetados para el Mecanismo, los beneficiarios podrían enfrentar un futuro sombrío: se reduce la posibilidad de que se paguen gastos alimentarios y rentas de refugios en donde se hospedan, así como los vales de gasolina para aquellos casos que requieren de escolta.
Según testimonios recolectados por RSF, la preocupación se agudiza entre los periodistas que se han desplazado con sus familias, pues las necesidades de atención económica y de seguridad son mayores.
“También estimamos una situación aún más grave: que los periodistas tengan que optar por irse del país, y es algo que nosotros no recomendamos. Si desplazarse en el interior del país significa enfrentar una situación muy complicada, ir afuera es doblemente difícil”, resalta Flores en entrevista con El Sur.
El Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado en 2012 para que se aplicaran las “medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección” correspondientes. En los años en que operó –hasta este 2020–, el Fondo ha estado destinado exclusivamente a este rubro; luego de su cancelación, los recursos que proporcionaba pasarán a ser administrados por la Secretaría de Gobernación (Segob), pero si no son etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación no habrá garantía de que se utilicen para el mismo fin.
Flores explica que aún se desconoce bajo qué modelo se daría la nueva administración del recurso. Debido a esta incertidumbre, algunos periodistas están pensando en ampararse.
“Para el Estado mexicano la protección de periodistas y defensores nunca fue una prioridad, nunca se le ha dado el 100 por ciento de recursos que necesitaba ese fondo, pero finalmente ahí estaba y funcionaba. El tema es que ahora ni siquiera existirá, el gobierno dijo que el dinero ahí está y los recursos se van a dar pero nadie tiene claro” cómo y cuánto, enfatiza.
Más burocracia = más riesgos
En julio de 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó un diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo enfocado en su mejoramiento. Meses más tarde, en noviembre del mismo año, las 104 recomendaciones contenidas en el documento fueron tomadas en consideración por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien se comprometió a activarlas gradualmente.
Uno de los elementos positivos que se destacan en el diagnóstico, es que el Mecanismo incluye a cualquier persona periodista o defensora de derechos humanos que enfrente un riesgo vinculado con su labor. Esto gracias al hecho de “adoptar una definición amplia de ambas poblaciones acorde con los estándares internacionales y que su intervención no depende del fuero (federal o local) del caso concreto”.
Esta característica distingue al Mecanismo de otros organismos, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La extinción del Fondo que alimenta al Mecanismo podría alterar de manera sensible este aspecto. Además, destaca Flores, también se corre el riesgo de una mayor burocratización del proceso de protección, lo que se traduce en medidas más lentas y engorrosas.
“Recientemente varios periodistas han tenido que salir de Iguala por amenazas del crimen organizado, pero otros han decidido quedarse: esos casos nos preocupan”, comenta en alusión a la ola de violencia que azota esa ciudad guerrerense, en donde las intimidaciones hacia el gremio periodístico alcanzaron niveles de alarma durante octubre.
“Cuando hay situaciones en donde los periodistas tienen que salir de manera urgente porque están en riesgo su vida y las de sus familiares, la protección tiene que ser inmediata. No podemos esperar a que algún funcionario autorice o haga una licitación para operar estas medidas”.
Más peligro que en Irak
Como informa RSF, desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador al menos 15 periodistas han sido asesinados debido al ejercicio de su profesión. Este año le han arrebatado la vida de manera violenta a cinco periodistas, lo que hace que México sea el segundo país más mortífero del mundo para la prensa, sólo detrás de Irak, donde los casos registrados en igual lapso son seis.
Uno de estos cinco periodistas era Pablo Morrugares, director del portal digital PM Noticias de Iguala, asesinado junto con su escolta el pasado 2 de agosto.
Desde 2019 a la fecha, RSF ha documentado un aumento de más de 60 por ciento de solicitudes de medidas de protección, un foco rojo que debería ser considerado por las autoridades a la hora de tomar decisiones como el recorte del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La decisión de eliminar los recursos ha generado también preocupación a nivel internacional, en particular en países como Alemania y Francia, en donde hay delegaciones de RSF.
“Solicitamos que el gobierno explique cuál va a ser el modelo para otorgar ahora estos recursos y que tome en cuenta las recomendaciones de las organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión. Para nosotros queda muy claro que el gobierno no puede avanzar solo en eso: tiene que buscar el apoyo de la sociedad civil y lo tiene que hacer de forma inmediata, si no el impacto va a ser muchísimo mayor”, advierte Balbina Flores.
La CNDH exhorta a esclarecer crímenes cometidos en contra de comunicadores
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a las autoridades investigadoras y procuradoras de justicia nacionales para que, en ejercicio de sus facultades, realicen investigaciones diligentes, acuciosas y exhaustivas, para esclarecer los crímenes en contra de periodistas y comunicadores y se condene tanto a los autores materiales cuanto a intelectuales de estos crímenes.
En el marco del “Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, y ante la persistencia de agresiones en contra de este gremio, la CNDH exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a tomar, de manera urgente, las medidas necesarias para asegurar el respeto a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información y que brinden las condiciones óptimas para que el trabajo informativo de periodistas y comunicadores no sea obstaculizado.
La CNDH, en concordancia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina.
La SIP condena el asesinato de Arturo Alba
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato de Arturo Alba Medina, el noveno periodista asesinado este año en México, y exhortó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a investigar estos crímenes en forma “diligente y profunda”.
“Repudiamos la persistente violencia contra periodistas en México e instamos al Estado a cumplir con su responsabilidad de identificar en tiempo y forma a todos los responsables y aplicar las sanciones que correspondan ante este grave delito”, indicó el nuevo presidente de la SIP, el hondureño Jorge Canahuati, en un comunicado.
Alba Medina, de 49 años, conductor del noticiero nocturno del Canal 6 de Multimedios en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue asesinado el 29 de octubre pocos minutos después de dejar su puesto de trabajo.
Texto: Caterina Morbiato / Redacción / Foto: Archivo
