Viridiana Gutiérrez asegura que habló de ello con la gobernadora quien instruyó a la secretaria de Salud a escuchar a las organizaciones para aplicar medidas en el corto plazo. La secretaria aún no se comunica, señala
Chilpancingo, Guerrero, 28 de junio de 2022. A poco más de un mes de que el Congreso aprobó la despenalización y la obligación de la Secretaría de Salud de realizar interrupciones voluntarias del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, persisten las resistencias para atender a las usuarias, denunció Viridiana Gutiérrez Sotelo.
En consulta telefónica, la peticionaria de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado contra las Mujeres de Guerrero, indicó que en el informe de avances de las alertas de violencia de género que se presentó en Acapulco con autoridades federales el miércoles 22 pasado, habló de la situación con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y la mandataria instruyó a la secretaria de Salud, Aidé Ibarez a escuchar a las organizaciones para aplicar medidas en el corto plazo.
Pero dijo que aún espera la comunicación de la secretaria para tener una mesa de trabajo, donde puedan presentar sus propuestas, incluso dar capacitación gratuita a funcionarios del sector.
Por otro lado, informó que en el Congreso local los equipos de las diputadas de Morena que promovieron la iniciativa de despenalización del aborto, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el 20 de mayo, están trabajando la propuesta de reforma complementaria en materia de salud, que tiene como plazo 120 días. Confió en que puedan seguir el procedimiento que llevó a la aprobación de la anterior.
Aseguró que después de la reforma, reciben más solicitudes de orientación respecto al derecho de decidir, sobre a qué hospitales pueden acudir y los requisitos.
Informó que la primera interrupción del embarazo con la nueva legislación fue en un municipio de la Montaña, pero fue necesario el acompañamiento de activistas de derechos sexuales y reproductivos.
Indicó que este fin de semana acompañó a una joven al hospital CAAPS de la colonia Progreso en Acapulco, y desde el guardia de seguridad de la entrada le negaba el paso al área de urgencias, por no decir cuál era la causa, y si no contaba con documentación de acceso.
“Al inicio pensé que era por el protocolo de la epidemia de Covid-19, pero luego le dijo que ‘esas cosas’ no se atendían ahí, y finalmente intervenimos”.
Explicó que la usuaria tenía un aborto en proceso, pero tuvo la sospecha de que no evolucionó bien, y requirió atención médica sin poder acceder al servicio.
“Hablé con el responsable del componente de aborto seguro, al siguiente día, cuando la dieron de alta, los directivos exigían el pago de los servicios, bajo el argumento de que la paciente era derechohabiente del IMSS. Así que llamé a la gobernadora, que me refirió con la secretaria de Salud, y después de dos horas la dejaran salir”.
Gutiérrez Sotelo recordó que la política que se difunde del sector salud, es que todos los servicios son gratuitos, pero en los hechos, la estructura sigue actuando como en el sistema anterior.
“Es como un secreto a voces que es así como atienden en los sistemas del sector, y en caso particular de la Interrupción Voluntaria del Emba-razo, vemos que no hay protocolos establecidos, ni regulación de cómo atender estos casos que deben ser prioridad y que debe ser gratuito”.
Esta ha sido una demanda del movimiento feminista desde el sexenio pasado, cuando se estableció en la NOM 046 de atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, como en la Ley General de Víctimas. No obstante, en los hospitales de Guerrero continuaron pidiendo a las usuarias una autorización del Ministerio Público, para el procedimiento, entre otros obstáculos. Esa situación derivó en la segunda Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, la primera por violencia feminicida, y esta vez por agravio comparado.
Ahora que se retiró del Código Penal el requisito de presentar una demanda penal para acceder al aborto legal por violación en los servicios de salud y es obligatorio para la Ssa Guerrero que se realice el aborto hasta las 12 semanas, continúan aplicando métodos arcaicos, “tal vez como una forma de castigo a la mujeres”, denunció la feminista.
Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que hasta las 12 semanas se puede abortar con medicinas, y en el sector Salud realizan intervenciones quirúrgicas y es imposible que no tenga esa información el personal médico.
Asimismo, indicó que la Fiscalía de Delitos Sexuales no tiene un espacio privado para atender a las víctimas de violación, a pesar de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández, que obligan al Estado mexicano a tener protocolos de atención. Advirtió que si existen protocolos y las autoridades no los están atendiendo, la falta es más grave.
Añadió que en la entrevista el miércoles, Salgado Pineda también instruyó al secretario particular de la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, que enviara a personal a la mesa de trabajo de las activistas con la Ssa, para escucharlas, en tanto se termina el plan de trabajo de la segunda AVG por agravio comparado, que el gobierno estatal debe enviar a la Comisión Nacional para Atender y Erradicar la Violencia (Conavim) en un mes.
“Espero la cita con la secretaria, hoy (lunes) o mañana (martes), para ir un grupo de acompañantes y establecer guía, para apoyarles en caso de capacitación si lo necesitan. No les va a costar nada en lo que está la propuesta de ley (complementaria) y se ponen de acuerdo para ver cómo van a cumplir el resto de las medidas de la AVG”.
Subrayó la importancia de evitar la revictimización o violencia institucional a las mujeres que solicitan los servicios de salud, desde señalarles dónde serán atendidas.
Texto: Lourdes Chávez
Etiquetas: Política, Ssa, feministas, aborto, protocolos, gratuidad, denuncia, alerta por violencia, mujeres, gobernadora
