Texto: Apro/ Foto: Twitter
Ciudad de México, 27 de agosto de 2018. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, urgió al futuro mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, a definir “una hoja de ruta” verificable sobre el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, y que fije una posición en torno a la Ley de Seguridad Interior (LSI).
Luego de que el presidente electo confirmó que su gobierno continuará con la estrategia seguida por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en el sentido de mantener al frente de la seguridad pública a elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, bajo el argumento de que las corporaciones policiacas no están preparadas, el ombudsman nacional recordó que precisamente la falta de profesionalización de las policías ha permitido a los elementos castrenses estar en las calles 12 años.
Y si bien coincidió con López Obrador en que la situación en algunas entidades es tan grave que es impensable el retorno inmediato a los cuarteles, para el presidente de la CNDH ese planteamiento tiene que ser acompañado de “un programa bien establecido, bien documentado, que sea verificable”.
Sobre el regreso a las funciones originales de las Fuerzas Armadas, dijo, “ahorita hay imposibilidad porque no se profesionalizó a los cuerpos policiales de las distintas entidades federativas”, por lo que recomendó “tener un plan cierto, conocido por la población para que esa transitoriedad sea eso y no permanencia”.
González Pérez fue entrevistado al término de su participación en la ceremonia de inauguración del seminario “Los derechos humanos de los pueblos y comunidad indígenas frente a los proyectos de desarrollo”, realizado en el Colegio de México.
Al ser cuestionado sobre el anuncio del presidente electo en torno de la permanencia de la estrategia de seguridad, recordó que el organismo que preside ha mantenido la postura de que la participación de las Fuerzas Armadas sea “acotada” y “transitoria”.
“Hemos dicho que sería insensato que se regresara ahorita a las fuerzas militares a los cuarteles, pero tiene que haber un plan programado, una hoja de ruta de retorno verificable, puntual”, sostuvo.
Paralelamente a ese programa de retorno paulatino, agregó, entre los cuerpos policiales debería darse “la profesionalización real de lo que no ha pasado en más de 12 años de esa profesionalización y que es lo que mantiene a las Fuerzas Armadas en las calles”.
El ombudsman también puntualizó que es necesario “una definición clara en cuanto a la LSI, que está impugnada por la Comisión Nacional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, ya que –abundó– “tiene aspectos de inconstitucionalidad porque invade el federalismo al regular atribuciones que serían propias de las entidades federativas, y porque parte de los contenidos son de una ambigüedad que generan incertidumbre jurídica”.
Hasta ahora, el presidente electo y su equipo de transición han manifestado que esperarán a que la SCJN emita su resolución respecto a la LSI.
El presidente de la CNDH también se refirió al proyecto de López Obrador sobre la construcción de un tren en la región maya del país, con el objetivo de incentivar el crecimiento económico de la región.
Al respecto, resaltó que para realizar ese megaproyecto “tiene que consultarse” a las comunidades y pueblos indígenas que se verían afectadas, situación que ha sido reconocida por el nuevo gobierno.
Al tomar en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas, dijo, no se hace otra cosa más que cumplir con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y con el artículo segundo constitucional.
“Alienta” ese reconocimiento por parte de la nueva administración, dijo, y recordó que las consultas tendrán que ser “previas, libres, que quiere decir sin presión, e informadas, es decir, que se dé todo el conocimiento de las implicaciones que tengan los diferentes proyectos”.
Además, advirtió que las consultas tendrán que tener el componente de ser “culturalmente adecuadas, es decir, una comprensión del cosmos de los pueblos y comunidades indígenas por donde pueda trazarse esa ruta que se anunció, y que sea una consulta de buena fe”.
Anunciado de esa manera por el nuevo gobierno, “es un aliciente y que cualquier proyecto y megaproyecto no sea sin consultar a los pueblos y comunidades indígenas”, subrayó.
Durante su intervención en la inauguración del seminario, González Pérez resaltó que “las demandas en materia de derechos indígenas persisten”, toda vez que “los proyectos de desarrollo económico, ajenos a las culturas indígenas y basados en la explotación de sus recursos naturales, continúan generando grandes injusticias”.
Finalmente, reconoció que de parte de los pueblos indígenas persisten “fuertes demandas para que se garantice su derecho a ser consultados ante la ejecución de proyectos tales como la adjudicación de tierras para la construcción de plantas hidroeléctricas, la explotación minera, los reacomodos de poblaciones indígenas, la explotación de recursos acuíferos y la explotación de turismo, entre otros”.
