Imputan a Blanca Alicia Bernal Castillo desaparición forzada de los 43 normalistas, y tortura a siete presuntos sicarios de Guerreros Unidos
Ciudad de México, 25 de abril de 2023. La Fiscalía General de la República pidió condenar a 60 años de cárcel y el pago de una multa de un millón 792 mil 400 pesos a una ex fiscal de la desaparecida SEIDO, por presuntas ilegalidades en la investigación del Caso Ayotzinapa, con el propósito de construir la llamada “verdad histórica”.
Arturo Pascual Soto, fiscal responsable del caso, solicitó por escrito a un juez federal imponerle este castigo a Blanca Alicia Bernal Castilla, por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura, contra la administración de la justicia y falsificación de documentos agravada.
Ninguno de los implicados en el Caso Iguala, ni presuntos narcotraficantes, policías, políticos o funcionarios que investigaron el paradero de los normalistas, ha sido sentenciado a una pena como la que la FGR pretende que le impongan a la ex fiscal.
“En la averiguación previa terminación 871/2014 se tergiversó la verdad de los hechos, maquinando la versión que se llegaría a conocer como la ‘verdad histórica’: verdad única, conclusiva y cerrada, que frustró y cesó otras líneas de investigación acerca de la desaparición-destino de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa”, dice Pascual Soto en su escrito de acusación.
“Dicha verdad histórica en su parte conclusiva refiere que el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue que sus restos fueron puestos en bolsas y tirados en el Río San Juan, que se ubica en Cocula, estado de Guerrero; lo que significó un ocultamiento del paradero frente a sus familiares”.
El delito de desaparición forzada se lo imputan en agravio de los 43 normalistas, mientras que las torturas son en perjuicio de siete presuntos miembros de Guerreros Unidos, el grupo delictivo que desapareció a los estudiantes.
Ellos son Jorge Luis Poblete Aponte, Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez Martínez, Darío Morales Sánchez El Comisario, Jonathan Osorio Cortés, Patricio Reyes Landa El Pato y Agustín García Reyes El Chereje.
“La tortura tuvo la finalidad de que los detenidos, infligiéndoles dolor y sufrimiento, se auto inculparan o delataran, a través de declaraciones ministeriales o entrevistas psicológicas simuladas. Lo anterior permitió que se fabricara la verdad histórica del paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa”, dice la acusación.
“Además Blanca Alicia Bernal, en la integración de la averiguación previa con terminación 871/2014, simuló y falseó diligencias; asimismo introdujo información obtenida mediante tortura. Lo anterior para pretender dar legitimidad de la investigación, a efecto de ocultar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa”.
Bernal fue agente del Ministerio Público Federal en la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, en la desaparecida Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (hoy FEMDO), área que estuvo a cargo de la investigación de este asunto entre el 25 de octubre y 20 de diciembre de 2014.
La ex funcionaria fue detenida el 4 de septiembre de 2020 por la FGR en Hermosillo, Sonora, y desde entonces se encuentra privada de su libertad en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.
Solicita la FGR reparar daño a sicarios de Guerreros Unidos que fueron torturados
La Fiscalía General de la República no sólo pidió que Blanca Estela Bernal Castilla, ex fiscal de la extinta SEIDO, repare el daño a los deudos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino también a siete presuntos sicarios y traficantes de droga del grupo criminal Guerreros Unidos.
En su escrito de acusación, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicita al tribunal de enjuiciamiento que, en caso de dictarle una sentencia condenatoria, le imponga la obligación de pagar los daños que habría ocasionado por torturas a los presuntos delincuentes.
Sin embargo, no precisa el monto de la compensación y refiere que la cantidad deberá ser fijada por otra instancia judicial, en un recurso o incidente previsto en las normas procesales vigentes, una vez que sea dictada la sentencia condenatoria.
“Esta Fiscalía solicita a su señoría que queden salvaguardados los derechos de las víctimas a fin de que dicha cuantificación pueda realizarse en ejecución de sentencia a través de la vía incidental”, señala la acusación.
Quienes son considerados víctimas, por la FGR, y serían destinatarios de la indemnización, son Jorge Luis Poblete Aponte, Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez Martínez, Darío Morales Sánchez El Comisario, Jonathan Osorio Cortés, Patricio Reyes Landa El Pato y Agustín García Reyes El Chereje.
La FGR sostiene que dichos sujetos fueron torturados, antes de ser puestos a disposición de la FGR, además de que sus testimonios habrían sido inducidos para construir una “verdad histórica” que desvió la investigación y frustró la búsqueda de los 43.
“La tortura fue utilizada como medio para la obtención de declaraciones auto incriminatorias, para que los detenidos ajustaran su versión de los hechos a lo que se conocería como la ‘verdad histórica’. Blanca Alicia Bernal conoció que personas puestas a su disposición, que se encontraban bajo su responsabilidad y que correspondían a su investigación, eran torturadas”, dice el documento.
Texto: Agencia Reforma
