25 de junio de 2021. Ante la reciente noticia de que unos tres mil productores de aguacate y zarzamora de varios municipios de Michoacán decidieron tomar las armas para proteger sus cultivos del crimen organizado, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió más confianza en los “esfuerzos” del Gobierno para mantener la seguridad de todos.
“Mi opinión es que no deben existir guardias blancas, no deben existir autodefensas, porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia, porque eso no da resultados”, subrayó.
“A veces en estos grupos se infiltran maleantes. El Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad, la seguridad de todos los ciudadanos. Estamos haciendo un esfuerzo en Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, en todos lados, para proteger a la población y combatir a la delincuencia”, dijo.
Si bien este fenómeno recuerda al movimiento de las autodefensas que logró derrocar en 2014 a los Caballeros Templarios, también en Michoacán, este grupo, autodenominado “Pueblos Unidos”, rechaza cualquier paralelismo y enfatizó que se han visto “obligados” a tomar las armas ante la inoperancia del Estado.
Argumentos, no obstante, que ya utilizaron los grupos de autodefensas allá por 2013 para protegerse de las extorsiones que sufrían comerciantes, ganaderos y en especial los agricultores de aguacate y limón en Michoacán, y que finalmente acordaron su desarme y su regularización en policías comunitarias.
“Lo mejor es que confíen en la autoridad, porque ya no es la autoridad de antes. Anteriormente no había fronteras, no se sabía donde terminaba la delincuencia organizada y se iniciaba la de cuello blanco, para decirlo más claro: era lo mismo. Había contubernio”, recordó el mandatario.
El origen de estos “Pueblos Unidos” comenzó hace unos ocho meses cuando el municipio de Ario de Rosales comenzó a registrar numerosas desapariciones, aunque las extorsiones datan al menos desde 2019, cuando los grupos criminales imponían impuestos a cambio de “protección” a los residentes de esta y otras localidades para poder cultivar aguacate, el “oro verde”, cuya industria mueve miles de millones cada año.
Poco a poco el movimiento se empezó a extender a localidades colindantes como Salvador Escalante, Nuevo Urecho o Tarétan, pues a los agricultores “les sale más barato comprar un rifle que pagar las extorsiones”. Actualmente, estos grupos son una auténtica fuerza armada paralela y privada que custodia estas comunidades, vigilando entradas y salidas y patrullando constantemente la zona. Sus responsables aseguran que dejan las armas si el Estado les garantiza su protección.
Texto: Europa Press / Foto: Agencia Reforma
