La Sala Superior del TEPJF revocó sanciones impuestas a Rodríguez, Zavala y Ríos Piter por falsificar apoyos y pidió multas ejemplares.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 18 de julio de 2018. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) revocaron este miércoles las sanciones que la Sala Regional Especializada impuso a Jaime Rodríguez El Bronco, Margarita Zavala Gómez del Campo y Armando Ríos Piter por falsificar firmas de apoyo buscando su candidatura presidencial independiente, y pidieron les imponga multas ejemplares.
“Se revoca la resolución impugnada para efectos precisados en la ejecutoria”, se lee en la sentencia aprobada por unanimidad de votos.
El 5 de julio pasado, la Sala Regional Especializada impuso multas de 4 mil 30 pesos a El Bronco, 3 mil 224 pesos a Zavala y 4 mil 836 pesos a Ríos Piter por simular identificaciones de electores con fotocopias o formatos no autorizados y entregar esos supuestos apoyos al Instituto Nacional Electoral (INE).
Al resolver de manera acumulada dos recursos contra esas sanciones interpuestos por el Partido Encuentro Social (PES) y El Bronco, inconformándose por diferentes razones por las multas, los magistrados ordenaron a la Sala reindividualizar sanciones y considerar las faltas de los aspirantes como “grave especial” y no “grave ordinaria”, como resolvió.
Los magistrados rechazaron, como solicitaba el PES, cancelar el registro por esas faltas a Jaime Rodríguez y restar los votos obtenidos en la elección presidencial de la votación válida de la contienda.
Dijeron que, conforme a la Constitución y la ley, se van validando como definitivas las diferentes etapas del proceso electoral y la jornada electoral ya era un hecho consumado.
En cuanto a las firmas falsificadas, tanto el magistrado ponente Felipe Fuentes, como el magistrado José Luis Vargas, que en su momento votaron a favor de otorgar el registro como candidato independiente a Jaime Rodríguez, en una decisión de cuatro votos contra tres en la sala superior, precisaron en la sesión que las irregularidades sancionadas por la sala especializada no tienen nada que ver con los más de 2 millones de apoyos que revisaron en su momento y validaron para otorgarle el registro al entonces Gobernador de Nuevo León con licencia.
Lo que se analizó y revisó en ese momento son parte de un universo que no es el que hoy está sujeto a revisión, afirmó el magistrado Vargas, y mencionó alrededor 900 mil firmas o apoyos más sujetas a revisión.
El magistrado Reyes Rodríguez llamó la atención sobre la ineficacia e ineficiencia de las autoridades electorales en temas como el de sanciones a quienes infringieron la ley para conseguir una candidatura independiente.
Rodríguez expuso que una sanción debe estar ligada a la relación entre costo y benefició de la conducta irregular y que en el caso de la candidatura independiente la máxima sanción debería ser la cancelación del registro, pero esto ya no fue posible “jurídica ni materialmente”, incluso para que tuviera efectos disuasivos.
Hizo notar deficiencias en el diseño institucional electoral que llevaron a que la documentación falsa detectada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) del INE fuera enviada en una vista el 29 de marzo a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que determina un proceso especial sancionador que se resuelve más de tres meses después, cuando impone multas la sala especializada el 5 de julio, después de la jornada electoral.
La máxima efectividad en una sanción está en su oportunidad y en afectar el máximo beneficio que se obtiene con una conducta irregular que en esta caso era la obtención del registro como candidato independiente, lo cual ya no se pudo ni plantear por los tiempos en que se resolvió el proceso, indicó el magistrado Reyes.
Al dar a conocer su apoyo a la revisión de las sanciones, la magistrada presidenta Janine Otálora dijo que la Sala Especializada no tomó en cuenta la magnitud de las conductas irregulares y la importancia de responsabilizar también a los actores sancionados de las acciones que en su nombre realizaron sus auxiliares al recolectar apoyos.
Otálora insistió que las sanciones deben adecuadas, proporcionales y eficaces para tener un efecto inhibitorio y funcionar como incentivos ejemplares para que las conductas irregulares no se repitan.
E insistió, luego de calificar de extraordinarias las conductas irregulares que se deben sancionar: “lo ordinario es que se respeten las normas”.
