Les demandan también promover mayor coordinación entre los gobiernos para la atención a casos de feminicidios, agravio comparado o desapariciones. También, que llamen a comparecer a los secretarios de Hacienda y Gobernación para que expliquen el porqué de los recortes
Chilpancingo, Guerrero, 22 de julio de 2020. La Red Nacional de Alertistas pidió a diputadas federales que conforman el Grupo de Trabajo Plural para la Igualdad Sustantiva, que mejoren el mecanismo de Alerta de Violencia de Género, sea por feminicidios, agravio comparado o desapariciones, para que existan acciones coordinadas y efectivas de los tres órdenes de gobierno en su seguimiento; de lo contrario, seguirán siendo trámites, denunciaron en una reunión virtual.
También solicitaron que llamen a comparecer a los titulares de las secretarías de Hacienda, de Gobernación, y del Instituto Nacional de las Mujeres, para que expliquen los recortes al Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde advirtieron que están reduciendo recursos a instituciones encargadas de procurar los derechos de niñas, jóvenes y mujeres.
De Guerrero, participan las feministas, Marina Reyna Aguilar, que es parte de la Comisión representativa, y la feminista, luchadora social y exsecretaria dela Mujer, Rosa María Gómez Saavedra, activa en el movimiento.
De Morena, la diputada Lorena Villavicencio, reconoció que la política para preservar la vida de las mujeres debía ser prioritaria, sin embargo, el presupuesto se incluyó como una concesión y de manera marginal en el Anexo 13, junto con los fondos de los programas Jóvenes Construyendo el futuro y Sembrando vida, “sin estos programas, se disminuyen recursos para la igualdad y la violencia a las mujeres”.
Coincidió con la Red en que, si no se logra un mecanismo real entre federación, estados y municipios no se tendrán los resultados esperados para las AVG.
Asimismo, la diputada Martha Tagle de Movimiento Ciudadano, denunció que la SHCP se reservó los recursos antes del decreto de los recortes por el Covid, “hay que exigir al secretario que responda por recursos de igualdad sustantiva no se pueden reducir”.
Advirtió que más allá de trabajar con alertas, se deben elaborar con informes, “tendría que haber actuación urgente, por lo que el reto es diseñar una estrategia que reduzca los índices de violencia”.
La coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, añadió “que más allá de partidos, estas preocupaciones serán acompañadas y hay que establecer una ruta crítica para llamar a comparecer al funcionariado que sean necesarios”.
La diputada del PRI, Erika Sánchez Martínez, aclaró que es ilegal un recorte de 151 millones de pesos al Inmujeres, y que se buscarán los canales necesarios para meter reversa a esa decisión, y convocó a la Red Nacional de Alertistas a participar en las reuniones que tienen con las Fiscalías de las entidades federativas para homologar en el país el tipo penal de feminicidio.
La diputada Olga Sosa Ruiz de la fracción parlamentaria de Encuentro Social estimó que, la activación de las AVG, no ha dado resultado y la violencia no ha disminuido.
Señaló la importancia de que, en los Congresos Estatales haya voces firmes que exijan las armonizaciones sobre lo que ha hecho el Congreso Federal.
Del PVEM, Nayeli Fernández Cruz, señaló que el compromiso del Grupo es evitar el recorte de recursos y ayudar a prevenir las violencias hacia las mujeres.
Los planteamientos de las alertistas, presentados en un posicionamiento, también incluyen, la Segob explique el impacto presupuestal en los territorios donde hay AVG declaradas o en proceso, así como los avances en el marco de los sistemas de justicia y la atención a los protocolos Amber y Alba.
Que se dé marcha atrás a los recortes al Inmujeres, y se entreguen los 400 millones de pesos que ha retenido a estados y municipios y que la Secretaría de Salud informe sobre su estrategia de atención a la violencia hacia las mujeres y sus actividades prioritarias en los centros de apoyo en este periodo de contingencia sanitaria.
Además, que el Congreso exhorte a la Conago, a emitir un acuerdo urgente para reafirmar la operación de procesos de AVG con indicadores de impacto y rendición de cuentas a fin de evitar el manejo clientelar.
Presentan a organizaciones el diagnóstico de la UNAM sobre violencias hacia las mujeres
–Se revela que en las relaciones de pareja se da el mayor número de actos de violencia y preocupa el alto índice de discriminación laboral
La Comisión de Enlace y de la Participación de las Organizaciones Sociales del Sistema Estatal para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, realizó ayer la sesión virtual suspendida el jueves de la semana pasada por falta de energía eléctrica en el Palacio de gobierno, y la Secretaría de la Mujer presentó ahí el esperado Diagnóstico de los tipos y modalidades de violencias contra las mujeres en Guerrero que señala la declaratoria de Alerta de Violencia de Género de 2017.
El informe de resultados consistió en la exposición de seis diapositivas con algunos indicadores de violencias de pareja, escolar, familiar, comunitaria, ocho conclusiones, y se aclaró que habrá mesas de trabajo para socializar el contenido del diagnóstico por tema y de manera ampliada.
Establece que en las relaciones de pareja prevalece en mayor número de hechos o actos de violencia contra las mujeres, con presencia en 43.9 por ciento de las entrevistas realizadas en mujeres mayores de 15 años, “a lo largo de su actual o anterior relación” y considera alarmante el indicador de la discriminación laboral, “pues más del 20 por ciento de las entrevistadas afirmaron haber sufrido discriminación en su trabajo.
Aunque el estudio se encargó originalmente a la UNAM, en la presentación del documento se precisa que es un informe “de continuidad” a dos productos entregados por ésta del periodo 2018-2019, y a un convenio de colaboración con la Coalición de Redes de Mujeres por el Desarrollo Ciudadano AC, que entregó el diagnóstico final.
Como evidencia, se muestran las portadas de dos informes de la UNAM fechados en septiembre y noviembre de 2018, y un tercero, de la Coalición de Redes de Mujeres para el Desarrollo Ciudadano AC, de enero de 2020.
La integrante de la Coalición de Nacional de Mujeres Rurales (Conamur), Erika Salinas Valadez, pidió en asuntos generales, que se aclare la razón por la que se firmó un convenio de colaboración con una AC, cuando la información conocida es que este análisis estaba a cargo de la institución educativa.
Es que los recursos destinados a la alerta de violencia de género en 2018 indican un monto de un millón 700 mil pesos para la UNAM que elaboraría el Diagnóstico sobre los tipos y modalidades de violencias contra las mujeres en Guerrero.
Una versión extraoficial extendida entre las activistas, es que esto se debe a que el estado no cubrió el pago total a la UNAM. Por separado, la apoderada legal de la Coalición de Redes de Mujeres por el Desarrollo Ciudadano, Rosa María Aguilar Miranda, aclaró que no intervino en el diagnóstico, pero elaboró un proyecto sobre el protocolo Alba en municipios con incidencia de desaparición de mujeres, del que ya se entregó una propuesta.
La sesión de la comisión fue de casi tres horas, de 1 a 4 de la tarde, para presentar el estatus del informe de la UNAM, y conocer las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres en dicha comisión.
Por complicaciones técnicas, se repitió al final el informe del diagnóstico, después del informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las Secretarías de Educación, Asuntos Indígenas y Afromexicanos, de la Juventud, de la Mujer, la Comisión de Igualdad del Congreso del estado, la Dirección general para la Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres de la Secretaría General de Gobierno. Aunque se dijo que no es parte de la Comisión, se incluyó el informe de acciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, de talleres al personal.
En general, tres activistas que participan permanentemente en el Sistema reconocieron el trabajo institucional, pero se quejaron de la larga jornada. Salinas Valadez señaló que las actividades deben ser más ágiles, “porque caemos en tedio, y no se puede apreciar el trabajo que realizan”.
Por otro lado, recriminó que se haya cancelado esta sesión la semana pasada, que no habría ocurrido si se tratara con un secretario o del gobernador, “(yo) sí me tomo en serio porque considero que doy lo mejor que tengo”.
La promovente de la Alerta de Violencia de Género, Marina Reyna Aguilar, pidió que los informes de las dependencias de gobierno y el diagnóstico se presenten segmentado por género. Estimó que ahora que está concluido el estudio de violencias contras las mujeres, podrán ajustar el programa del mecanismo de alerta por violencia feminicida que se declaró hace tres años.
Al final, la secretaria de la subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Olivia Hidalgo, señaló que tomaba nota de las inquietudes, y respondió a un planteamiento de la representante de organización Kaniche Eslava AC, Eslava Borja, para reconocer el trabajo de las activistas.
Propuso que las asociaciones civiles compartan informes de sus acciones transversales, con organizaciones de gobierno, para visibilizarlo, “aunque no viene señalado en la ley, para no violentarnos entre nosotras, sino de fortalecerlos con alianzas y trabajos que realizamos de manera conjunta”.
Indicadores
De acuerdo con el resumen del diagnóstico presentado en la sesión, el documento contiene un cálculo aproximado de la incidencia de delitos que enmarcan violencia de género y contra las mujeres, a partir de entrevista a perpetradores de delito, detenidos que están purgando una pena en prisión en Iguala, Chilpancingo, Acapulco y Tecpan.
Establece que en las relaciones de pareja prevalece en mayor número de hechos o actos de violencia contra las mujeres, con presencia en 43.9 por ciento de las entrevistas realizadas en mujeres mayores de 15 años, “a lo largo de su actual o anterior relación”. Este porcentaje se reduce a 25.6 por ciento si sólo consideran incidentes de violencia ocurridos en 2019.
Considera alarmante que “más del 20 por ciento de las entrevistadas afirmaron haber sufrido discriminación en su trabajo.
De la violencia doméstica, indica que, en los últimos doce meses, (2019) 10.3 por ciento de las mujeres mayores de 15 años, fue víctima de algún acto violento por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja, lo cual quiere decir que los agresores en el ámbito familiar son también otros familiares como tíos, sobrinos o abuelos, en ambos géneros.
El 8.1 por ciento, experimentó o ha experimentado violencia emocional en su familia en el último año.
En la familia, los principales agresores o los más señalados son los hermanos (25.3 por ciento), el padre (15.5) y la madre (14.1). Los principales agresores sexuales son los tíos y los primos y en promedio al menos el 1.6 por ciento declaró haber sufrido agresiones. En menor medida señalaron a padrastros o madrastras (1.9 por ciento).
Texto: Lourdes Chávez / Foto: El Sur-Archivo
