Será resultado de denuncias presentadas apenas el 21 de abril ante la Fiscalía General del Estado y la FGR, precisa Gervasio Serrano. El Ejército con la complicidad de los gobiernos municipales y el estatal “borró” sus identidades y no existen datos de ellos en ninguna institución, denuncia
Chilpancingo, Guerrero, 24 de abril de 2023. Representantes del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos de la Guerra Sucia de Atoyac, informaron la posibilidad de exhumar de fosas clandestinas los cuerpos de al menos 11 víctimas de ejecuciones cometidas por elementos del Ejército durante la represión de los años sesentas y sesentas y de las que apenas se tuvo conocimiento.
En conferencia de prensa ayer en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), encabezada por su presidente y asesor jurídico, Octaviano Gervasio Serrano, informaron que la exhumación es consecuencia de denuncias presentadas apenas el 21 de abril ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y otra en la Fiscalía General de la República (FGR).
Gervasio informó que los cuerpos serán exhumados para que se realice la confronta genética con sus familiares, se obtenga su identificación y les den “cristiana sepultura”.
Denunció que el Ejército con la complicidad de los gobiernos municipales y el estatal “borró” sus identidades, y no existen datos de ellos en ninguna institución.
En la conferencia de prensa estuvo un grupo de unos 30 familiares de víctimas de desapariciones durante la guerra sucia, en su mayoría hijas e hijos, quienes desplegaron pancartas en las que exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, justicia y castigo a los militares responsables de las desapariciones y asesinatos de sus padres.
Con Gervasio encabezaron la conferencia el integrante de la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas y dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Arturo Miranda Ramírez, así como Adolfo Cabañas Serafín y Catarino Hernández miembros del Colectivo.
Además se enlazó por teléfono Estela Arroyo Castro de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades y Violaciones a los Derechos Humanos, al que pertenecen las familias de las víctimas que serán inhumadas y del que Gervasio Serrano también es asesor jurídico.
Ni Arroyo Castro ni Gervasio Serrano dieron detalles de quiénes son las víctimas, las localidades de donde eran, ni de los sitios donde fueron ubicadas las fosas clandestinas, pues argumentaron que siguen integrándose las carpetas de investigación, pero confirmaron que ya tienen ubicados los sitios y quienes fueron inhumados en ellas.
Gervasio Serrano sólo dio datos de una de las víctimas cuyos familiares presentaron la denuncia ante la FGR. Se trata de Efraín Urióstegui Flores, quien era de la comunidad de Tenexpa, Tecpan de Galeana, asesinado el 17 de mayo de 1974.
Arroyo Castro explicó que estas víctimas “llegaron” a incorporarse a las listas después de más de 50 años “de que sucedió toda esta barbarie por parte del Ejército mexicano”.
Hay evidencias y testimonios de las ejecuciones
Aseguró que hay evidencias y testimonios de las personas que vieron esas ejecuciones y fueron testigos de dónde fueron sepultadas las víctimas, pero que no denunciaban por temor, e incluso por la misma causa, abandonaron sus comunidades.
Dijo que ahora “siguen viendo que el Ejército es el mismo y no ha cambiado nada, pero saben que el pueblo ya no tiene miedo, se nos terminó y nos enfrentaremos con todo para pedir justicia para nuestros desaparecidos y torturados”.
La representante de los familiares informó que las denuncias se presentaron apenas el 21 de abril, y que les están dando seguimiento “para las investigaciones y llegar al castigo de los culpables”.
Dijo que hay mucha información que todavía no se puede revelar, “pero estamos seguros que en conjunto los colectivos vamos a llegar hasta donde sea posible”.
Se dijo segura de que las denuncias van a proceder para llegar a la exhumación y se confirme que los asesinaron con armas potentes.
“Tenemos toda la información y cuando vaya caminando esto vamos a ir informando”, anunció.
Octaviano Gervasio detalló que las denuncias fueron presentadas por tortura y homicidio en agravio de 11 personas asesinadas por soldados “con armas de alto poder”.
“Fueron fusilados, supuestamente, por pertenecer y aportar armas a los movimientos guerrilleros, y sus cuerpos depositados en fosas clandestinas, posteriormente el Estado mexicano borró su identidad legal, es decir, legalmente no existieron esas personas, no existen actas de defunción, desaparecieron sus registros y sus actas de nacimiento”.
Explicó que por las denuncias se abrieron carpetas de investigación de tres hechos distintos. En un evento fueron asesinadas cinco personas, “irrumpieron en una comunidad unos 150 elementos del Ejército, quienes primero torturaron y después asesinaron a los cinco hombres que había en el pueblo, uno de ellos de 15 años”, afirmó.
Destacó que esta población después de la masacre se convirtió en una comunidad fantasma, porque casi todas las familias fueron desplazadas, y ya sólo hayuna familia ahí.
La segunda denuncia se presentó por dos ejecuciones en otro caso distinto, y una tercera por otra más. Pero insistió en que “es probable” que los exhumados sean 11 por otras denuncias, de las que no detalló, “por la secrecía de la investigación”.
De las tres denuncias que fueron presentadas el 21 de abril dijo que un evento ocurrió en 1967, otro en 1971 y otro en 1974.
Aseguró que ya existen los números de las carpetas de investigación y que ven voluntad de las autoridades para que se agilice la exhumación, “porque estamos ha-blando de violaciones graves a los derechos humanos, de lo contrario, las víctimas promoverían una audiencia ante el juez de control, en caso de que existiera una negativa del juez correspondiente, pero vemos que hay disposición”.
Informó que a los familiares ya se les tomaron las muestras genéticas, a efecto de que al momento de que los restos sean exhumados se realice la confronta y se logre la identificación plena de las víctimas, “y se les reintegre su identidad que el Estado mexicano durante la guerra sucia les borró”.
“Si vamos al Registro Civil no existen sus actas de nacimiento y menos de defunción, es decir, se borraron todos los registros de la identidad legal de las víctimas”.
Esta es una prueba fehaciente de las violaciones graves a los derechos humanos que se cometieron, “estas víctimas fueron torturadas, después asesinadas salvajemente y posteriormente sus familiares fueron obligados a que los depositaran en fosas clandestinas”, expuso.
Agregó que tan pronto sean identificados, tienen derecho a una “cristiana sepultura” y se les emitan las actas de defunción correspondiente, y con las carpetas de investigación habrá una prueba “contundente” de la actuación criminal de elementos del Ejército, se identifique a los responsables, se les imputen estos delitos y llevarlos a juicio.
En la conferencia de prensa, los representantes del colectivo insistieron en que los recorridos en instalaciones militares el 13 en Chilpancingo y el 17 de abril en las de Acapulco fueron una simulación.
Estela Arroyo dijo que fueron nada más para “tapar el sol con el dedo” pero siguen simulando, “a mí no me permitieron la entrada en Pie de la Cuesta, y tampoco a mis compañeros, porque los señores de la Zona Militar quieren que con anticipación se les pase la lista de los que van a pasar, seguimos estando sujetos a ellos, cuando deberían estar avergonzados de todo lo que nos hicieron”.
Arturo Miranda Ramírez recordó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y es un principio internacional reconocido por el Estado mexicano, “lo que significa que hay todo el respaldo jurídico para seguir exigiendo justicia y castigo a los responsables”.
Recordó que el gobierno de la República reconoció que comisionaron a más de 30 mil elementos militares y policiacos en la persecución de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, “y no es posible que ya todos hayan muerto, definitivamente hay muchos que están quizás todavía en servicio, y aunque no lo estuvieran, tienen deudas con la historia y con todos los familiares que están presentes aquí”.
Agregó que le “causa alegría y satisfacción” que haya avances, con respecto a la reciente recomendación de la CNDH que pide la reparación del daño integral a las víctimas, pero dijo que estas no son suficientes, porque todavía no hay justicia, ni información precisa de donde se encuentran los desaparecidos.
Gervasio Serrano opinó que la recomendación es insuficiente porque se debió recomendar primero a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que abra los archivos.
Informó que saben que existe un “libro negro” que registra a todas las víctimas de la guerra sucia, “por eso exigimos que haya voluntad real del gobierno para llegar a la verdad de los hechos, si no, lamentablemente se van a seguir suscitando las desapariciones forzadas y las torturas”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
