Jesús Mendoza Zaragoza
Muchos cuestionamientos se han vertido en días pasados con relación a la estrategia de seguridad del gobierno federal, debido a una serie de eventos que han mostrado una escalada de la violencia en la que parece que el Estado ha perdido el control. Primero, el fallido operativo de Culiacán y, después, la masacre contra la familia LeBarón en el norte del país. Por si fuera poco, el incremento de los homicidios durante el actual gobierno federal no se detiene.
El gobierno del presidente López Obrador presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 al inicio de su administración, en el que describió su estrategia, diferente a la de los gobiernos anteriores, una que pretende ir a las causas de la violencia, para poner las condiciones para la seguridad y para la paz. El caso es que esta estrategia no ha tenido el impacto esperado por la sociedad, pues hay que entender que estamos ante un fenómeno estructural. La violencia la tenemos enquistada en el corazón mismo de la sociedad, de manera que se requiere una profunda transformación social. Salud, educación, empleo, regeneración ética de la sociedad, son temas fundamentales en dicho Plan. A mi juicio son decisivos pero insuficientes, puesto que la sociedad debe tomar un mayor protagonismo en este Plan Nacional de Paz y Seguridad.
El asunto es que la política tiene que convertirse en un componente fundamental de este Plan. Tienen que tomarse las decisiones acertadas para el país en todos los campos de la vida pública, lo que parece tan complicado y tan difícil. Es así porque la política ha llegado a ser un factor que ha dado lugar a la delincuencia organizada y ha puesto las condiciones para los entornos violentos como los que se han dado en el norte del país. En gran parte, la delinciencia que hoy se ha apoderado de amplios espacios del país, ha sido propiciada por la manera de gestionar la política y por las decisiones que se han ido tomando.
El sistema político no ha podido abonar a la seguridad porque no está orientado hacia el bien del país, a la paz, a la democracia participativa, al desarrollo sustentable y a la justicia social. Por ejemplo, los partidos políticos se enfocan a la acumulación del poder y no al bien común. Lo mismo pasa con muchas de las instituciones del poder público. En los sexenios inmediatamente anteriores, de Fox, Calderón y Peña, el poder público profundizó la corrupción y la impunidad. Convirtió la política en un negocio y permitió que las desigualdades económicas se profundizaran.
Por lo tanto, se requiere una transformación profunda del sistema político para que tenga la capacidad de tomar decisiones acertadas y mirando el bien del país. Este es el principal reto de la política: su cambio de paradigma, su transformación para convertirse en una herramienta coherente con la paz que necesitamos.
Si la clase política sigue siendo la misma, tiene que haber suficientes controles sobre ella para obligarla a hacer política de manera diferente, evitando toda suerte de corrupción y de impunidad. Se requiere que los poderes de la unión estén alineados, que dejen de defender privilegios para ellos y para las élites. Otro tanto debiera suceder en los estados y en los municipios.
Si el actual gobierno federal quiere avanzar en su estrategia de seguridad, tiene que activar el factor político para la misma. Tiene que asignarle a la política el papel de constructora de paz y no permitir que siga siendo un factor de violencia y de inseguridad. Lo que nos hace falta es un gobierno confiable y fortalecido con el respaldo de la sociedad. Para ello se necesita que la sociedad asuma su responsabilidad y que se dé la oportunidad de avanzar hacia una mayor democracia, desde lo local, lo regional hasta lo nacional. En la estrategia gubernamental tiene que haber una coordinación precisa entre todas las instancias públicas y entre autoridades y sociedad. De otra manera, seguiremos navegando y perderemos la oportunidad de convertir esta crisis de inseguridad en un impulso para la construcción de la paz.
