Texto: Apro / Foto: Educa Oaxaca (Facebook)
Oaxaca, Oaxaca, 26 de julio de 2018. Ante el peligro que representa la concesión de 90 mil hectáreas de los Valles Centrales para la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp., 30 comunidades indígenas y campesinas que conforman los distritos de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, convocaron al “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca”.
El juicio popular tiene como “objetivo hacer frente al modelo extractivo, visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros”.
El juicio se realizará los días 11 y 12 de octubre de 2018 en la Ciudad de Oaxaca con el lema: “Este verso es un tesoro, y pronunciarlo sí se debe, el agua vale más que el oro, porque el oro no se bebe…”
En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, 30 comunidades indígenas y campesinas y 25 organizaciones decidieron “rechazar categóricamente cualquier proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, nuestros sistemas productivos, nuestro tejido social, medio ambiente, nuestros sistemas normativos y territorios”.
Reunidos en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, denunciaron que desde hace más de 10 años sus territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin su consentimiento, lo que significa que “hasta el momento 90 mil hectáreas de los Valles Centrales se encuentran en peligro, principalmente por la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.”
Mencionaron que esas empresas han convertido a Oaxaca en el octavo estado de la república en explotación de oro y plata, sin embargo, para las comunidades su operación se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones físicas, daños irreversibles a su medio ambiente, rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos.
Durante más de una década han denunciado ante las instancias federales y estatales, la violencia desmesurada con la cual operan dichas empresas en sus territorios.
Sin embargo, “no hemos recibido ninguna respuesta de las mismas, por lo que, en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, las comunidades zapotecas de los Valles Centrales declaramos nuestros territorios como prohibidos para cualquier actividad de prospección, exploración y explotación minera”.
Insistieron: “los pueblos y comunidades de los Valles Centrales, hemos decidido por la vida, la paz y el desarrollo comunitario desde nuestras propias cosmovisiones y en respeto profundo de nuestra madre tierra; manifestamos que la minería no representa ninguna opción de desarrollo para nuestros pueblos y sus habitantes”.
Y advirtieron:
“Ante la negligencia y contubernio de las autoridades, así como la opacidad y violencia de las empresas mineras, hemos tomado la decisión de constituirnos en la Asamblea de los Valles Centrales Frente a la Minería, por lo que nos declaramos en alerta máxima ante la imposición de diversas concesiones y proyectos mineros en nuestros territorios”.
Entre sus acuerdos sobresalen su compromiso en seguir defendiendo la madre tierra, cuidar y defender el agua que da la vida, así como todos los bienes comunes presentes en sus territorios.
Aclararon a las empresas mineras que sus ejidos y comunidades son “territorio prohibido para la minería, dicha prohibición incluye toda actividad que tenga por objeto modificar o extraer los bienes comunes de nuestro territorio”.
Y recalcaron que no firmarán ni autorizarán algún tipo de permiso, convenio, contrato, documento o instrumento legal, que tenga por objeto extraer sus bienes comunes. “No autorizaremos el cambio de uso de suelo para realizar actividades mineras en los territorios municipales.
“Nos reconocemos como parte del pueblo zapoteco, por lo que asumimos el compromiso de defender nuestros territorios desde nuestras asambleas, de manera organizada, pacífica y por todos los medios legales”, subayaron.
También rechazaron el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR) que –dijeron—pone en riesgo su propiedad social.
Finalmente se dirigieron a los gobiernos federal y estatal, a las autoridades electas del poder ejecutivo y legislativo, y a las autoridades municipales para exigirles “la cancelación inmediata” del Corredor Industrial Minero que pretenden imponer en los Valles Centrales.
Particularmente exigieron la cancelación de los proyectos mineros “San José”, “Trinidad Norte” y “El Águila”, operados por las compañías Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, en los municipios de San José del Progreso y San Pedro Totolapan.
Al término del encuentro exigieron justicia para Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez asesinados en 2012 por su trabajo de defensa de los territorios en San José del Progreso.
También pidieron que se detenga la criminalización y agresiones hacia los defensores, movimientos y medios de comunicación en defensa de los territorios y condenaron las recientes masacres y asesinatos ocurridos en las regiones de la Sierra Sur, Costa, Sierra Norte, Istmo y Valles Centrales.
