Denuncian en Conversatorio la revictimización que sufren cuando piden apoyo a instancias gubernamentales
Chilpancingo, Guerrero, 28 de agosto de 2020. En el cuarto Conversatorio Regional para una Vida Libre de Violencia para Mujeres y Niñas, feministas de la zona Centro propusieron activar mecanismos jurídicos desde la sociedad civil, a fin de que las autoridades de distintos órdenes de gobierno cumplan con sus obligaciones.
Aunque las participantes se centraron en contrastar las facultades y obligaciones de 13 ayuntamientos de la región con sus acciones de gobierno, denunciaron también la revictimización que sufren las mujeres cuando piden apoyo en el Centro de Justicia de Chilpancingo o en las agencias del Ministerio Público de Delitos Sexuales.
Para muestra, una víctima de violencia cibernética habló de su experiencia cuando quiso denunciar un robo de identidad el 6 de agosto de 2020 en Chilpancingo.
Explicó que publicaron sus fotografías en páginas pornográficas. Se percató de ello cuando recibió más de 400 mensajes obscenos en whatsapps pidiendo conocerla, saber el costo de los paquetes (imágenes sexuales), y a través de una de esas personas pudo obtener capturas de pantalla de la forma en que la expusieron ilegalmente.
Usaron su rostro y el cuerpo de una modelo para mostrarla en la web: “al principio se me cerró el mundo. Fui al Ministerio Público de Delitos Sexuales en Chilpancingo donde expliqué el tipo de delito del que había sido víctima y la señorita que me atendió respondió que la titular del MP quería saber si iba a acusar a mi amante por extorsión, de lo contrario la denuncia no iba a proceder porque el delito no existe, que si no tenía miedo de que se supiera, que la policía cibernética iba a investigar, que si me gustaba hacer tríos, o si degustaba hacer paquetes (sexuales) para vender…”.
Ante el maltrato se retiró de la oficina, sin embargo, los mensajes continuaron llegando. Luego de personas de Chilpancingo que la conocen, después de todos los países del continente.
“Lo publiqué en Facebook que habían robado mi identidad, se comunicó conmigo una defensora de derecho humanos. Después me acordé que conozco gente en la Secretaría de la Mujer, y de ahí me comunico directamente con la Policía Cibernética. Sin embargo, el fiscal de la corporación me aclaró que podían investigar pero no tendría valor si no había una carpeta de investigación”.
Entonces, recurrió a un familiar que es Ministerio Público para presentar la denuncia en mejores condiciones. Así, la carpeta de investigación se inició en Acapulco el 7 de agosto, y se giró formalmente el oficio a la Policía Cibernética.
La víctima, quien es empresaria, añadió que en Chilpancingo recibió comentarios insinuando que tenía que invitar una comida al agente del MP, “¿o cuánto tenía para carpeta de investigación, pero no soy partidaria de la corrupción”.
Lamentó que el asunto no quedó ahí, su familiar también fue agredido por una funcionaria de la Agencia del MP de Chilpancingo, que le reclamaron que no haya dicho antes que era su pariente, como si fuera un requisito para recibir buena atención.
Por otro lado, la integrante de la Colectiva Revueltas, Yolitzi Jaimes, señaló que el Centro de Justicia para las Mujeres es un edificio desperdiciado. Aunque se inauguró el 4 octubre de 2016 con un acto político con un desfile de funcionarios para celebrar un espacio de atención integral para las mujeres víctimas de violencia, abierto las 24 horas de los 365 días del año, ni siquiera cumple con el horario.
El conversatorio convocado por la Red Estatal de Mujeres Guerrerenses por una Vida libre de Violencia y la Red Nacional de Alertista, reúne a activistas de derechos humanos y de organizaciones de mujeres en las regiones para evaluar las alertas de violencia de género a través de las acciones que se hayan implementado en los ayuntamientos.
Como en Acapulco, Montaña y zona Norte, en la Centro señalaron la falta presupuestos para las acciones de programa de atención de la violencia contra las mujeres, y que los sistemas municipales para atender la violencias contra las mujeres no existen o son inoperantes.
En la región Centro, la feminista María Luisa Garcías Marin, advirtió que se acerca septiembre y los ayuntamientos ya debían haber elaborado los proyectos de presupuestos de egresos, que por ley deben contener una partida especial para un Programa de Atención, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, para que en 2021 no haya más justificación de falta de recursos para profesional a sus servidores públicos,
Documentó que de 13 municipios en la región sólo seis reinstalaron los sistemas de violencias, y en tres han recibido capacitaciones de la Secretaría de la Mujer, pero aclaró “que dos o tres talleres no significa que los servidores están capacitados para realizar y desarrollar políticas públicas en favor de las mujeres”.
La activista de derechos sexuales y reproductivos en Chilapa, Isabel Dircio Chautla, añadió que tampoco hay diagnósticos de las violencias, en consecuencia tampoco programas con impacto social, sólo desgaste de las directoras de las unidades de la Mujer que trabajan con los asuntos inmediatos, sin apoyo de la presidencia municipal.
Advirtió que los municipios con Alerta de Violencia Feminicida, Chilpancingo y Chilapa, no tienen programas de atención y prevención de las violencias contra las mujeres.
De la asociación Intercambio Social, Rosadelia Guillén San Martín, coincidió en que no habrá avances en la atención y prevención de las violencias, si los municipios no tienen un programa rector, que diga qué van a hacer cada administración, y con qué presupuesto.
De la colación Nacional de Mujeres Rurales, Erika Salinas Valadez, llamó a las asociaciones a integrarse a los sistemas municipales de atención a las mujeres y de la Igualdad, “es muy importante que se hagan políticas públicas participativas”.
Añadió que es importante mantener la comunicación porque “cada vez nos precariza más como sociedad, nos señalan más, nos estigmatizan más. Creo que necesitamos seguir apoyando a mujeres jóvenes, y necesitamos de la experiencia de las que van a adelante”.
De las convocantes, la feminista Marina Reyna Aguilar, añadió que el Sistema Regional de Atención, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se instaló el 7 de junio de 2019 y a la fecha es la única actividad que registra. Aclaró que el único mecanismo regional “que más o menos funciona” es el de Acapulco por incidencia de las organizaciones.
La investigadora del Programa de Rendición de cuentas de Fundar, Matilde Pérez, señaló que hay muchos programas de gobierno para hacer frente a la desigualdad, a la violencia y a la discriminación, que nacen por la exigencia de las organizaciones que también colocaron en la agenda el tema de violencia extrema, de los feminicidios, que trae consigo las Alertas de Violencia de Género, y recursos extraordinarios que no siempre llegan a los municipios alertados.
Entre otros puntos, se planteó activar mecanismos jurídicos desde la sociedad civil para que los ayuntamiento implementen una agenda integral para las mujeres, y monitorear los recursos federales para las unidades de la mujer, y las partidas especiales para las acciones del sistema municipal para atención, prevención, sanción y erradicación de la violencias.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero-Archivo
