Proponen iniciativa contra matrimonios forzados y dote en las comunidades indígenas

Plantea diputada de Morena que las asambleas que deciden por usos y costumbres participen en la prevención del problema. En algunos pueblos se legitima el comercio con las...

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18 septiembre,2019 4:28 am
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Plantea diputada de Morena que las asambleas que deciden por usos y costumbres participen en la prevención del problema. En algunos pueblos se legitima el comercio con las mujeres, advierte Erika Valencia Cardona.
Chilpancingo, Guerrero, 18 de septiembre 2019. La diputada de Morena Erika Valencia Cardona propuso en el pleno del Congreso local que de acuerdo con sus usos y costumbres, las asambleas de las comunidades indígenas participen en las tareas de prevención y erradicación de la trata de personas, incluido el matrimonio forzado y la práctica de la dote como negocio.
La morenista argumentó en tribuna que el problema de la trata de personas es un fenómeno delictivo que se encuentra extendido por todo el mundo y en el que México figura como el segundo país con más víctimas de este delito, y que en algunos pueblos originarios se realiza comercio con las mujeres que es normalizado por los usos y costumbres.
Recordó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha denunciado públicamente que en la región la marginación y pobreza extrema orillan a algunas familias a entregar en matrimonio a sus hijas algunas de apenas 12 años, a cambio de una “dote” que se traduce en especie o dinero en efectivo.
Y recordó en el 2012 se aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que establece penas de 4 a 10 años de prisión y 200 a 2 mil días de multa al que obligue a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia, o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerzan una autoridad sobre ella, además de la declaratoria de nulidad.
Mientras que su iniciativa propone erradicar y prevenir el delito de trata de personas en los pueblos originarios, los matrimonios forzados y la práctica de la dote como negocio, a través de los miembros de las comunidades originarias.
Y plantea que las comisiones de Asuntos Indígenas y Afromexicanos y Para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, participen en la Comisión Interinstitucional para la Prevención, Erradicación, Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y Testigos de Trata de Personas en el Estado.
Hasta 12 años de prisión por contaminar canales pluviales
Otra iniciativa presentada ayer, fue la del morenista Moisés Reyes Sandoval, quien propuso establecer penalidades de 6 a 12 años de prisión, de 400 a mil 200 días de multa y la reparación del daño a quien descargue, deposite o infiltre aguas residuales, residuos sólidos o industriales no peligrosos, líquidos químicos o bioquímicos en canales pluviales o cualquier lugar que no sea el destinado para el correspondiente tratamiento.
Se trata de una reforma al artículo 362 del Código Penal de Guerrero, Reyes Sandoval argumentó que la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente de Guerrero en su artículo 149 señala que para la protección al ambiente, el estado y los municipios, en sus correspondientes ámbitos de competencia, deberán tener como prioridad garantizar la calidad de un ambiente satisfactorio para la salud y el desarrollo armónico de las capacidades del ser humano, estado y municipios, así como la sociedad estarán obligados a prevenir y, en su caso, controlar la contaminación del ambiente.
Por lo que las emisiones, descargas, infiltración o depósito de contaminantes, sean de fuentes naturales o artificiales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas para asegurar la calidad de vida y el bienestar de la población, así como para evitar daños a los diversos elementos que conforman los ecosistemas.
La propuesta de reforma al artículo 362 establece una pena de 6 a 12 años de prisión y de 400 a mil 200 días multa y la reparación del daño a quien ilícitamente descargue, deposite o infiltre aguas residuales, residuos sólidos o industriales no peligrosos, líquidos químicos o bioquímicos, en canales pluviales o cualquier otro lugar que no fuera el destinado para ser tratadas.
Asimismo, a quien descargue, deposite o infiltre residuos sólidos, líquidos o industriales de manejo especial, a lugares distintos a los que son destinados tales residuos para ser tratados.
Menos salarios caídos para policías separados o destituidos
Por su parte, el diputado también de Morena Jesús Villanueva Vega, de Morena, propuso acotar a un año los salarios caídos (como máximo) para policías despedidos.
Se trata de modificar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado para establecer que el personal de las instituciones policiales que sea separado de su cargo porque no cumple con los requisitos que señala la Ley, en ningún caso procederá su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido en contra de violaciones procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo de separación.
Y que el estado o los municipios sólo estarán obligados a pagar la indemnización que constará de tres meses de salario, 20 días por año laborado y lo que resulte de los proporcionales del último año en que prestó sus servicios por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones que el personal acredite que se pactaron expresamente.
La reforma pretende que todo aquel policía que sea separado de su cargo, sólo podrá tener derecho a una indemnización de 3 meses de salario, así como 20 días por año laborado y lo proporcionable al último año en servicio.
La iniciativa señala además de que en ningún caso procederá la reinstalación o restitución, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido en contra de violaciones procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo de separación, que el estado o los municipios sólo estarán obligados a pagar la indemnización que constará de 3 meses de salario, 20 días por año laborado, y lo que resulte de los proporcionales del último año en que prestó sus servicios por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones que el personal acredite que se pactaron expresamente.
A su vez se realizará la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de las circunstancias en que éste fue separado o destituido.
De igual forma se precisa que el personal integrante del cuerpo de la Policía Estatal podrá ser removido del cargo por causas no imputables a la institución policial así como por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
Otras iniciativas
El diputado morenistas Alfredo Sánchez Esquivel propuso reformas a la Ley 727 que Regula la Infraestructura Física Educativa del Estado de Guerrero, para que planteles e instituciones educativas presenten el Certificado de Calidad Estructural, como un requisito que garantice una correcta construcción, estructura y condiciones específicas obligatorias para cada tipo de obra, en los términos y condiciones de las disposiciones normativas municipales, estatales y federales aplicables; esto como medida de prevención en caso de sismo.
También de Morena el diputado Marco Antonio Cabada Arias propuso adiciones al Código Penal del Estado de Guerrero para establecer penas de tres meses a tres años de prisión contra las personas que abandonen a un adulto mayor de 65 años o más que se encuentre en situación de enfermedad o incapacidad física que le impida cuidarse o alimentarse por sí mismo. Esto para los descendientes consanguíneos en línea recta o cualquier otro familiar que conforme a la legislación civil tenga la obligación de cuidar a la persona.
Mientras que el diputado morenista Carlos Cruz López propuso reformas al Código de Procedimientos Civiles del Estado sobre la regla de competencia de los jueces de paz, para aumentar la cuantía de asuntos que deben conocer de 182 a 1000 veces el salario mínimo, evitando así que las personas interesadas deban trasladarse a las cabeceras de los distritos judiciales, evitando así una traba innecesaria entre los gobernados y los tribunales.
Texto: Rosalba Ramírez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero

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