El presidente López Obrador, “ha puesto mucho interés en los trabajos de búsqueda. Y el presidente también ha expresado toda su voluntad. Pero ni ese trabajo ni la voluntad parecen ser respaldados por la Fiscalía. Por eso estamos aquí”, declara Vidulfo Rosales
Carlos Acuña
El Sur / Ciudad de México
Madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos bloquearon este martes los accesos de la sede de la Fiscalía General de la República (FGR), en la capital del país, desde las 11 de la mañana y durante más de 3 horas.
A casi 5 años de la Noche de Iguala la investigación sigue estancada: a la fecha no se ha nombrado el fiscal especial para el caso, tal como lo dicta el artículo 4 del decreto por medio del cual el presidente Andrés Manuel López Obrador creó, hace ya seis meses, la Comisión Especial para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa.
Los padres de los 43 normalistas llegaron esta semana a Ciudad de México nuevamente para exigir la designación de un fiscal en calidad de urgencia.
“Con Alejandro Encinas –subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación– sabemos que existe voluntad”, dijo Vidulfo Rosales, vocero de los padres, ante los micrófonos de la televisión que lo abordaron apenas descendió de su autobús, en plena avenida Insurgentes.
“Él ha puesto mucho interés en los trabajos de búsqueda. Y el presidente también ha expresado toda su voluntad. Pero ni ese trabajo ni la voluntad parecen ser respaldados por la Fiscalía. Por eso estamos aquí”.
Este miércoles 26 de junio se cumplen 57 meses de la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Como cada mes, los familiares participan en una jornada de varios días con acciones de protesta y conmemoración para exigir que se investigue y se dé con el paradero de sus hijos.
“El video demuestra que teníamos
razón, que siempre la tuvimos”
La acción programada para este martes no fue una protesta más: desde temprano se instalaron cámaras de televisión frente a la FGR, a unos metros de la glorieta del Metro Insurgentes, y más reporteros de los acostumbrados alistaron sus grabadoras y micrófonos por lo menos una hora antes.
La expectativa se debía al video que el 7 de junio fue publicado, de forma anónima, en la plataforma YouTube. Ahí aparece un hombre que, maniatado a una silla, es torturado.
Se trata de Carlos Canto de 38 años, detenido el 22 de octubre de 2014 por su presunta implicación en la desaparición de los estudiantes.
En las imágenes se puede ver a Canto sometido a un interrogatorio por dos hombres, uno de ellos fue identificado mediante un peritaje como Carlos Gómez Arrieta quien fungía en el momento de la grabación como encargado de la Policía Federal Ministerial, y hasta hace tres días se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública en Michoacán. Renunció tras la difusión del video.
En 2 dos minutos Canto revela que algunos de los estudiantes podrían haber sido entregados a policías ministeriales en El Tomatal, de donde serían llevados a Mezcala, “a unas casas que hay por allá”. Luego de negarse a precisar la ubicación de esas casas –“¡No sé, señor!”, alcanza a gritar–, un hombre vestido de policía le coloca una bolsa de plástico en la cabeza con el propósito de asfixiarlo.
No es la primera vez que se señala a la tortura como factor común de la investigación realizada por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía). El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) documentó en su informe Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, 34 casos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos relacionadas con esta investigación.
“El video demuestra que teníamos razón, que siempre la tuvimos –señaló el representante de los padres. Melitón Ortega, ante los cuestionamientos de la prensa–. Que la ‘verdad histórica’ no existe, que fue construida con base en la tortura de los detenidos”.
Las líneas de investigación
que propuso el GIEI, vigentes
Sin embargo, nada puede hacerse todavía. Porque a casi seis meses de que se firmara el decreto para crear la Comisión Especial para el Acceso a la Verdad y la Justicia por el Caso Ayotzinapa, aún no ha sido nombrado un fiscal para que conduzca la investigación.
“Este video nos da la razón”, reitera Vidulfo Rosales cuando, en entrevista con El Sur, se le pregunta qué sucedería con los exfuncionarios implicados como Tomás Zerón –quien fue responsable de la Agencia Federal de Investigación de la PGR, después de la renuncia de Gómez Arrieta– si hubiera un fiscal especial ya designado.
“La investigación está viciada y por eso tiene que investigarse no sólo el paradero de nuestros 43 sino también a nivel interno: las instituciones y funcionarios que sembraron pruebas, que torturaron para impedirnos el acceso a la verdad. Pero el fiscal no ha sido nombrado”, resalta el portavoz.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, se comprometió con los padres de los 43 a que el fiscal especial para el caso Ayotzinapa sería nombrado, a más tardar, en marzo pasado.
“Seguimos esperando”, dice Vidulfo.
De acuerdo con la FGR, tres personas a quienes se había invitado a dirigir el caso declinaron el cargo.
Mientras pierde la “verdad histórica” de la PGR –según la cual los normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula por el grupo criminal Guerreros Unidos–, las líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) quedan en el aire:
“Los policías municipales y federales de Huitzuco, que se trasladaron a Iguala esa noche, no han sido consignados. Esa línea de investigación está detenida”, apunta Rosales.
“El tema de la telefonía celular también se encuentra estancado. Lo que tuvimos fueron las escuchas telefónicas, de integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos, que desde Chicago supieron lo que ocurría el 26 de septiembre.
“No se ha investigado cómo se transportaba la heroína de Iguala a Chicago, ni se ha entrevistado a estas personas.
“Tampoco se ha seguido la línea de investigación respecto a los teléfonos de nuestros compañeros estudiantes que estuvieron activos, varios de nuestros 43 se comunicaron con sus padres ese día.
“Y policías de Huitzuco retuvieron algunos de esos equipos telefónicos, uno de ellos mantuvo los teléfonos de nuestros estudiantes por 15 días. Es urgente seguir todas estas líneas de investigación”.
A una pregunta de El Sur acerca del video donde Carlos Canto es torturado, Vidulfo no titubea al contestar: “Estamos hablando de complicidad incluso por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
En su extenso reporte sobre el caso Ayotzinapa, la CNDH desestimó los informes de la ONU-DH y desestimó las confesiones obtenidas bajo tortura.
“Muchas veces la CNDH afirmó que no había existido tortura dentro de las investigaciones –indica el vocero de los padres–. Hoy se quiere desentender diciendo que sí había establecido las violaciones a los derechos humanos. Esto no es verdad, porque la tortura es una violación agravada, constituye una violación grave a los derechos humanos. Además, la CNDH documenta sólo ocho casos de violaciones a los derechos humanos y entre esos ocho casos no está el de Carlos Canto. Son 34 casos de tortura documentados por la ONU”.
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, negó el lunes que la CNDH haya encubierto esos casos de tortura y anunció que interpondría denuncias penales contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos, incluida la perpetrada en contra de Canto, aunque no precisar cuándo ni cuántas denuncias haría.
Volveremos a empezar, pero no partiremos de cero
En el Café Zapata Vive, alumnos y maestros de la Preparatoria Popular Tacuba, colectivos de búsqueda de personas provenientes de Baja California o de Colombia, normalistas adscritos a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), integrantes del Consejo Nacional Indígena y estudiantes de la normal rural de Mactumatzá, Chiapas, participaron en el mitin convocado para este martes por las madres y padres de los 43.
“Todo esto es una vacilada”, dijo en su turno al micrófono un miembro del Comité 68. “El gobierno sabe perfectamente dónde están sus hijos. Y siempre lo ha sabido. Nosotros, que sufrimos las agresiones del Estado, sabemos que son los mismos soldados quienes nos agreden aunque no vistan de verde. Ustedes llevan ya cinco años. Pero las madres del Comité ¡Eureka! ahí están y ya no pueden ni caminar. Y Alejandro Encinas que no le lave la cara al gobierno. Hay que exigir que se nombre al fiscal y que se abran los expedientes del Ejército: así sabremos la verdad. Sólo así”.
“Quiero que sepan que las investigaciones comenzarán de nuevo. Pero no partirán desde cero. Tenemos todos los avances del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, partiremos de ahí”, expresó Adrián Ciriaco, responsable del campamento instalado desde diciembre de 2014 sobre Paseo de la Reforma.
Los familiares de los 43 y de las organizaciones que los acompañan se veían molestos, hartos más que cansados. La madre de un normalista manifestó su desconfianza respecto del actual director general de la Policía (de Investigación) de Ciudad de México, Omar Hamid García, quien ha sido señalado como uno de los responsables de ocultar información sobre el caso Ayotzinapa: “no es posible que no sólo no los castiguen, sino que incluso los premien”, reprochó.
