Fue aprobada por unanimidad. Es uno de los delitos de más alto impacto, que además ha cercido en los últimos años, argumentó el diputado Moisés Reyes Sandoval, de Morena
Rosalba Ramírez
Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la reforma al Código Penal para ampliar con hasta 25 años de cárcel el delito de extorsión.
Se reformaron los artículos 243 y 244 del Código Penal del estado, en el que se establecían penas de cinco a 15 años de prisión por ese delito y se incrementó de 10 a 25 años.
La reforma presentada fue iniciativa de la diputada de Morena, Mariana García Guillén. En la argumentación en tribuna, el diputado Moisés Reyes Sandoval, de Morena, señaló que la extorsión es uno de los delitos de más alto impacto, que desactiva la actividad económica y la inversión en la sociedad, además de registrar un incremento en los últimos años.
Los diputados locales aprobaron los dictámenes donde se emite juicio en contra de Fausta Ricardo Pantaleón y Olga Orozco Morales, regidoras de San Luis Acatlán, para que desempeñen funciones docentes y edilicias.
Se presentaron las iniciativas del diputado de Morena Marco Antonio Cabada Arias que propuso reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para otorgar facultades al Congreso para expedir la convocatoria aprobada por el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, para la designación de los titulares de los Órganos Internos de Control y de los que la Constitución Política les reconoce autonomía, y que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado.
Mientras que los diputados de Morena Servando de Jesús Salgado y Alfredo Sánchez Esquivel presentaron al pleno una propuesta de creación de la Comisión Especial para la Pacificación de la Sierra y la Regionalización del Estado, para establecer mecanismos que proporcionen herramientas de desarrollo integral y fortalecer a las comunidades de acuerdo a su actividad económica, cultural y de biodiversidad, con reformas a la legislación en la materia que incluya las regiones económicas y reconociendo a la Sierra como octava región. La propuesta fue enviada a comisiones.
Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y Moisés Reyes Sandoval, propusieron establecer en la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado la prohibición para la utilización de plásticos desechables.
Destacó que en las últimas décadas se ha detectado en las zonas urbanas, suburbanas y áreas naturales de Guerrero “un incremento descontrolado en la producción de residuos sólidos, derivado de la actividad humana, generando la contaminación de selvas, ríos, playas y, en general, del medio ambiente”.
El también presidente del Congreso manifestó que los derechos a un medio ambiente sano y a la salud son “inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles; es decir, ningún derecho puede disfrutarse prescindiendo de otro, y que por lo tanto, es muy importante establecer que para poder gozar plenamente del derecho humano a la salud, es necesario garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano”.
Se trata de una propuesta para adicionar el artículo 49 Bis a la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero, para establecer en la Ley la prohibición para la utilización de plásticos de un solo uso y poliestireno expandido, esto mediante la regulación, promoción, restricción, prohibición, orientación e inducción de las acciones de los establecimientos y los particulares para la conservación de equilibrio ecológico.
No presentan Ley de Comunicación Social
A pesar de que la iniciativa para expedir la Ley de Comunicación Social de Estado que propone la diputada de Morena Mariana García Guillén estaba enlistada en el orden del día previo de la sesión del martes, pero de último momento fue retirado y se anunció que sería presentada este jueves, nuevamente no se presentó.
En la propuesta de ley se establece que no se contratará publicidad oficial en medios que publiquen temas relacionadas con hechos policíacos, delictivos “que impliquen exhibir a las víctimas”, o se difunda propaganda del crimen organizado o de grupos terroristas.
La propuesta establece que queda prohibido el uso de la publicidad oficial para “presionar, castigar, amedrentar, desprestigiar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales o a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas
En la propuesta también se establecen criterios de asignación y contratación de publicidad oficial, en los que se consideran parámetros de cobertura geográfica y formato del medio, tarifas, circulación, rating y métricas de usuarios web.