Crean Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción; reprochan abandono de administración pasada en la reparación y recuperación de escuelas dañadas.
Ciudad de México, 1 de marzo de 2019. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) destinará este año 800 millones de pesos a la reparación y recuperación de 736 escuelas dañadas por los sismos de 2017.
Jorge Jiménez, titular de la institución, dijo que aproximadamente 20 mil planteles de 11 estados resultaron dañados.
Sin embargo, acusó que menos de la mitad han sido reconstruidos, a un año y medio del desastre.
Durante la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción (CIR), el funcionario estimó que, para 2020, todas las escuelas que aún presentan daños habrán quedado recuperadas.
“En esta Administración recibimos un saldo poco halagador, con más de la mitad de los planteles todavía sin atender”, afirmó.
“Es complejo y seguimos revisando y atendiendo diversos planteles, algunos que no se habían registrado adecuadamente, estamos haciendo nuevos dictámenes y esto nos da la posibilidad de también adecuar los programas”.
Jiménez estimó que este año quedarán reconstruidas todas las escuelas de la Ciudad de México, donde se registraron daños en aproximadamente 2 mil planteles.
“El reto aún es difícil, pero tenemos la mayor voluntad y disposición de hacerlo con transparencia, dando también apertura para que las comunidades participen en la reconstrucción de escuelas y tengamos una derrama económica en las comunidades y que haya una gran participación de la sociedad en todos los sentidos”, ofreció.
Reprochan abandono en reconstrucción
La Administración pasada dejó abandonado el trabajo en materia de reconstrucción de daños de los sismos de 2017, acusaron los responsables del plan del nuevo Gobierno para atender a los damnificados.
Al instalar la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción (CIR), acusaron que recibieron un desorden en los censos de damnificados y que no existe evidencia de que se haya dado seguimiento técnico para garantizar que las familias utilizaran los recursos que se les entregaron en la reparación de sus viviendas.
Agregaron que familias de comunidades lejanas ni siquiera fueron censadas.
“La poca información a la que tuvimos acceso era incompleta, imprecisa; al confrontarla con la realidad nos encontramos con situaciones distintas a las registradas en los papeles, y pudimos, gracias a la participación de los equipos en ese momento de transición, organismos de la sociedad civil y los propios damnificados, con un muestreo que hicimos sobre la situación de la vivienda, aproximarnos a conocer esa realidad”, afirmó David Cervantes, encargado del programa de reconstrucción.
“Y esa realidad, lamentablemente, es que nos dejaron mucho trabajo por hacer. Fue poco lo que realmente se hizo en el periodo llamado de la reconstrucción en la administración pasada”, acusó el también subsecretario de Ordenamiento Territorial.
Edna Vega, titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), dijo que la falta de asesoría técnica para vigilar el correcto uso de los recursos propició que las familias los utilizaran para cubrir otras necesidades, como pagar funerales, medicinas o comida.
Ejemplificó que, en una comunidad de Oaxaca, la población destinó el dinero para la reconstrucción en la compra de motos.
“El patrimonio de miles de familias fue afectado. Encontramos pocos datos al llegar; el dato oficial, que fue proporcionado por censos del Fonden, no habla de más de 187 mil familias afectadas; sin embargo, entrando en territorio, vemos que este dato es en extremo limitado; hay miles y miles de familias que no fueron censadas, o familias que, siendo censadas, no lograron atender su necesidad de vivienda”, alertó.
“Es difícil dar un dato muy preciso, porque hemos encontrado distintas circunstancias en el territorio que hoy día hacen bien difícil tener un diagnóstico certero del número de familias que aún se encuentran sin atender su necesidad de vivienda, y lamentablemente va en aumento el número de estas familias que no fueron censadas en localidades muy alejadas”.
Román Meyer, titular de la Sedatu, instancia que coordina la CIR, criticó el “descuido” de las autoridades anteriores que no verificaron el aprovechamiento de recursos.
“Tenemos un problema de información que no nos dejaron del todo; tenemos un conjunto de bases de datos que nos dejaron, pero no tenemos en particular las viviendas, el registro de si fueron o no atendidas, es uno de los temas principales que tenemos que solucionar: se entregaron unos recursos, pero estos recursos no tenemos información de que hayan solventado el tema de la reconstrucción, y por eso es que nos preocupa y nos ocupa poder ir a campo y verificar si esas personas que recibieron los recursos fueron atendidas y si, tras recibir el dinero, pudieron invertirlo en lo que correspondía, que era tener su vivienda”, comentó en entrevista.
Meyer precisó que el Gobierno cuenta con una bolsa de más de 20 mil millones de pesos para la reconstrucción.
“A casi año y medio después de los sismos, miles de personas siguen buscando los medios para recuperarse, y volver a la normalidad”, resumió.
El funcionario precisó que en la CIR participan, además de la Sedatu, la Conavi, así como las Secretarías de Salud, Educación, Cultura, Bienestar, Hacienda y Seguridad Pública.
La CIR sesionará una vez al mes con la finalidad de coordinar acciones para la reconstrucción y reducir la vulnerabilidad de la población.
Texto: Zedryk Raziel / Agencia Reforma / Foto:
