Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jesús Guerrero
Chilpancingo, Guerrero, 3 de septiembre de 2018. Guerrero es el octavo lugar de la lista de congresos locales más onerosos del país, según el Informe Legislativo 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y es el primero en los índices de pobreza y pobreza extrema de diez estados con las legislaturas que tienen mayor presupuesto, según los datos de Consejo Nacional de Población (Conapo), que evidencia un estado pobre con un Congreso rico.
En un estudio difundido hace dos días, el IMCO indica que este año el presupuesto del Congreso de Guerrero es de 502 millones 993 mil 600, por arriba de la media nacional de los presupuestos de las legislaturas locales, que se estimó en 452 millones de pesos.
En presupuestos anuales se coloca después de la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Jalisco Sonora y Guanajuato, pero está antes de todos ellos en indicadores de pobreza, con 64 por ciento de la población en pobreza, 23 por ciento en pobreza en pobreza extrema, de acuerdo con los datos de Conapo de 2016.
Estima el costo por diputado en Guerrero (con 46 curules), en 10 millones 934 mil 643 pesos, que dividido por los habitantes del estado, equivale a un costo ciudadano de 139 pesos.
El contraste, están los datos de Nuevo León, que se ubica en el lugar catorce con un presupuesto de 350 millones de pesos, un costo por diputado (42 curules) de 8 millones 333 mil 333 pesos, y el costo ciudadano por diputado, de 88 pesos. Mientras sus indicadores de pobreza son de 14.2 por ciento y de 0.6 por ciento de pobreza extrema.
Análisis por estado
Para su estudio, el IMCO informó que revisó 65 marcos normativos, 32 tomos de cuenta pública, 32 portales electrónicos y realizó 800 solicitudes de información a los congresos estatales, para construir una base de 4 mil 960 datos verificados y comparables.
Con este acervo, señaló una asimetría presupuestal y “serias ineficiencias en la función legislativa”. Además, indicó que las legislaturas “realizan las mismas funciones, sin embargo las disparidades en el presupuesto y gasto son relevantes. Esto significa que hay margen para hacer lo mismo con menos recursos financieros y sin comprometer el logro de sus metas”.
En el análisis por estado, de la legislatura en Guerrero que hoy concluye su periodo, destacó su integración de hombres y mujeres, 61 por ciento diputados y 39 por ciento diputadas, y mayoría priista.
Así como los presupuestos: en 2018 de 502 millones 993 mil 600 pesos, arriba de la media nacional, y que se incrementó 7 por ciento respecto a 2017, (418 millones 419 mil 500 pesos).
Sin embargo, el presupuesto de 2012 a 2018, se incrementó 22.8 por ciento; entonces se aprobaron 388 millones, dice.
Sobre el ejercicio de los financiamientos, detalló que en 2017, la distribución del gasto del Congreso de Guerrero, fue de por ciento en servicios personales; 9 por ciento en servicios generales, 48 por ciento en ayudas sociales, y 3 por ciento en materiales y suministros.
Sin embargo, precisa que en el ejercicio 2017, Guerrero tuvo variación mayor a 10 portento respecto al presupuesto aprobado.
Denunció que, “a menos que exista un fenómeno extraordinario que comprometa el cumplimiento de sus metas, los congresos locales no deberían gastar más de lo que se aprueban. De los 27 congresos que ejercieron más de lo presupuestado, 21 sobreejercieron recursos en un rango superior al cinco por ciento. En total, en 2017 las legislaturas de 27 entidades ejercieron 1,340 millones de pesos más de lo originalmente presupuestado”.
En las gráficas Guerrero aparece como el tercer estado en mayor gasto ejercicio en ayudas sociales de los congresos en 2017, después de la Ciudad de México y el Estado de México.
La conclusión general para todas las legislaturas es que el financiamiento de ayuda sociales es una invasión de las funciones del Ejecutivo y contribuye al clientelismo político.
“Los congresos de los estados y de la Ciudad de México ejercen un monto importante de su gasto para ejecutar funciones que no son propias de un legislativo. Estos montos no son menores, en algunos congresos representan casi el 50 por ciento de su gasto. Mantener esta práctica contribuye a fortalecer el clientelismo político de los legisladores locales”.
