El representante Melitón Ortega denuncia la falta de resultados en las investigaciones y urge a que el gobierno federal exija a la FGR que acelere la investigación.
Iguala, Guerrero, 28 de noviembre de 2019. Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Norma Rural de Ayotzinapa, exigieron a la federación resultados inmediatos sobre la investigación del paradero de sus hijos y contra los funcionarios que obstruyeron la verdad, en la pasada administración, durante la acción global mensual en los dos sitios donde tres normalistas fueron ejecutados, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
En el basurero donde fue hallado el cuerpo con el rostro desollado de Julio César Mondragón Fontes, el representante de los padres, Melitón Ortega, denunció la falta de resultados en las investigaciones y urgió a que el gobierno federal que exija a la Fiscalía General de la República (FGR) que acelere la investigación.
De lo contrario, advirtió que cada mes que transcurra, el mayor riesgo de los crímenes atroces cometidos aquella noche es que queden impunes.
Recordó que en el sexenio pasado tocaron puertas en muchas dependencias y siempre les dijeron “no se preocupen, serán atendidas sus demandas”. Aclaró que ya no quieren seguir escuchando lo mismo, “ya conocimos el canto de la sirena de gobiernos anteriores”.
Lorenzo Francisco, papá del normalista desaparecido, Luis Ángel Francisco Arzola, hizo un llamado a los vecinos de Iguala que tiene información de los hechos, para que aporten información.
También exigió una investigación al excomisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, porque insistió en que los federales, efectivos del Ejército del 27 batallón de Iguala y la policía municipal operaron el día de los hechos.
Después de una oración y la colocación de una corona de flores, que acostumbran colocar el 27 de cada mes; padres, estudiantes y representantes de organizaciones que los reciben, abordaron tres camiones del servicio público para desplazarse al segundo acto, en el sitio donde los estudiantes fueron atacados a balazos y fueron asesinados, Julio César Ramírez y Daniel Solís Gallardo.
Ahí, Maximino Hernández, papá de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, aclaró que los hechos sí son un crimen de Estado, porque policías se llevaron a los jóvenes y asesinaron a tres de sus compañeros.
Ratificó que esta lucha no termina hasta encontrar justicia y lamentó que Guerrero esté “repleto de policías” en retenes, pero siguen las desapariciones.
Asimismo, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, coincidió en que una declaración no va a borrar un crimen de Estado, esto por las declaraciones del presidente de la República, porque fueron policías uniformados los que asesinaron en ese sitio a Daniel Solís y Julio César Ramírez.
Exigió que se llame lo más pronto posible a rendir cuentas al agente del Ministerio Público de la SEIDO, Gualberto Ramírez; el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón; al exsecretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y al mismo expresidente Enrique Peña Nieto.
“Estamos seguros que ya no se encuentran en el país, porque saben que cometieron crímenes. Nosotros seguiremos hasta saber dónde están los jóvenes. Hay evidencias de que este gobierno hace lo que no hizo Peña en su periodo”.
Luego reconoció que la actual administración no ha dejado de lado ningún punto de búsqueda, como el basurero de Tepecoacuilco, donde fue removida una gran cantidad de tierra “y no se encontró nada”.
Por separado, aclaró que sigue la búsqueda en el basurero de Tepecoacuilco, en una segunda etapa.
En representación de la normal rural, un alumno recriminó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su visita a Tlapa que la desaparición de los 43 no era un crimen de Estado.
“Ahora el gobierno se quiere lavar las manos, diciendo que no es un crimen de Estado ¿qué piensan que somos tontos?”.
Señaló que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), les dijeron que si hubiera habido voluntad política del gobierno, este caso se habría resuelto en dos meses.
Exigió que digan a quién han estado encubriendo los políticos. Mientras no haya respuesta, aseguró que la normal no va a callar, “desde aquí le decimos al gobierno federal que no vamos a olvidar a nuestros caídos. Una vez arriba, se les olvida que la gente puso su fe y esperanza en ellos”.
Por separado, Felipe Flores fue cuestionado por reporteros sobre una versión que trascendió en Iguala, acerca de una presunta amenaza a los estudiantes de la normal rural, que inicialmente fueron señalados de incendiar las instalaciones del Ayuntamiento, en protesta por el asesinato del luchador social, Arturo Hernández Cardona.
Aclaró que los estudiantes protestaron por el crimen del líder social, pero no incendiaron el edificio del Ayuntamiento, por lo tanto, no hay razón para revolver las investigaciones.
Sobre el hallazgo de cuerpos en una cueva en la búsqueda de los estudiantes, detalló que son restos de siete cuerpos, una mujer y un hombre, adultos mayores, y cinco jóvenes, de quienes aún se realizan los análisis genéticos.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Lenin Ocampo Torres
