A ocho años de la sentencia de la CoIdh por el caso Rosendo Radilla no hay resultados, “las investigaciones han sido deficientes… ¿cuántos casos se han esclarecido?, ninguno, no hay sanción a los responsables, es un país de impunidad”, critica Tita Radilla
Texto y foto: Francisco Magaña
Atoyac, Guerrero.- Peritos en antropología forense de la Procuraduría General de República (PGR) hacen trabajos de inspección y análisis de predios en la Ciudad de los Servicios donde hay oficinas municipales, y que fue un cuartel militar en el periodo de terrorismo de Estado o guerra sucia (en la década de 1970) cuando militares desaparecieron a cientos de campesinos del municipio de Atoyac.
Los trabajos comenzaron el lunes y coinciden con la fecha del fallo que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIdh) contra el gobierno de México por la desaparición del dirigente campesino Rosendo Radilla Pacheco.
La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez informó que los trabajos corresponden, a “diligencias de rutina por parte de la PGR” después de que los familiares han buscado por muchos años a sus desaparecidos, de los cuales interpusieron denuncias en la dependencia federal que hace las diligencias.
Informó que el Ministerio Público federal da continuidad a los casos de los desaparecidos, y que diligencias que por año y medio no se habían podido hacer en la Ciudad de los Servicios se retomaron esta semana.
La hija de Rosendo Radilla dijo que se están volviendo a medir los predios para saber cuáles son las delimitaciones de lo que era el cuartel, donde hoy hay varias oficinas municipales y dependencias de los gobiernos federal y estatal.
Dijo que se ubican los lugares que ya han sido excavados, “pero también cuáles no para saber ubicarlos y no descartarlos, son diligencias de investigación. Los resultados que se obtendrán no los hace públicos la PGR ni a nosotros los familiares, a nosotros nos importa saber en dónde están nuestros familiares, y las diligencia las hará el gobierno”.
Aclaró que las investigaciones no son sólo por el caso de su padre, sino por los casi 500 desaparecidos de la época de terrorismo de Estado cuando el Ejército combatía al líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.
La defensora de derechos humanos lamentó que a casi ocho años de que se dictó sentencia en el caso de Rosendo Radilla, no se ha avanzado por el gobierno mexicano en las recomendaciones que se emitieron, como seguir la búsqueda de los desaparecidos.
Dijo que no descarta que se vuelvan a hacer excavaciones en el ex cuartel porque hay espacios que fueron oficinas castrenses, “a lo mejor dice la gente que donde ellos estaban no los hubieran sepultado, pero nosotros no sabemos, como familiares sabemos que aquí llegaron y queremos que se descarte todo y se analice todo el terreno”.
Agregó que la sentencia que emitió la Coidh no es exclusiva para el presidente en turno sino para el gobierno mexicano, “el Estado mexicano fue sentenciado a buscarlo, encontrarlo y entregarlo a la familia y en esta búsqueda se incluye a los demás desaparecidos también, la sentencia no es solo por Rosendo y no es para un presidente en particular”.
Criticó que a ocho años de la sentencia no haya resultados y ya han pasado dos gobiernos de la República, una del PRI y otra del PAN, “lo que hemos observado es que las investigaciones han sido deficientes, en la del PAN se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos del Pasado sin éxito, no tengo que decir que no se investiga en México, se nota, ¿cuántos casos se han esclarecido?, ninguno, no hay sanción a los responsables, es un país de impunidad, a la vista están los resultados”.
Dijo que los familiares están dispuestos a colaborar en lo que sea para que se dé con el paradero de los desaparecidos, y esperan que se obtengan pronto un resultado satisfactorio.
Agregó que se espera que termine este gobierno priista, pero vivieron la administración del PAN, “y la verdad no sabemos qué puede pasar si viene un gobierno diferente, nosotros esperamos que realmente ahora sí por suerte vamos a dar con alguien, pero de que hay deficiencias en las investigaciones las hay, no hay resultados”.
(En la imagen, peritos y la defensora de los derechos humanos Tita Radilla en la oficina de la AFADEM en la cuidad de los servicios en Atoyac).
El gobierno espera que los sobrevivientes de Aguas
Blancas mueran para no reparar el daño, dice su abogada
Texto: Jacob Morales Antonio
Chilpancingo, Guerrero.- Este miércoles, unas 25 víctimas y familiares de campesinos asesinados hace 22 años en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, acudieron a las oficinas de la Promotora Turística (Protur) para solicitar una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores. La abogada Wendy García Fajardo y una comisión de familiares fueron atendidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado.
En declaraciones García Fajardo solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque tal parece que el gobierno estatal y federal están esperando a que los sobrevivientes de la masacre del 28 de junio de 1995 mueran para no reparar el daño y hacer justicia a las familias que perdieron a un ser querido.
“Que se le repare totalmente el daño que se le hizo a esta gente ¿Porqué? Por que últimamente los han estado tratando de manera despreciable, arrogante, y el señor Florencio Salazar Ademe casi nos saca a patadas cuando fuimos a pedir una solución”, hace aproximadamente 15 días expresó.
Dijo que por la muerte de los 17 campesinos no hay ningún detenido y que el caso sigue impune, y las familias exigen que se resuelva, “yo creo que el gobierno espera que la gente muera para que no reclame y no proteste, exigimos justicia para las personas vulnerables, para sus hijos, sus esposas y para las víctimas”. Indicó que cada víctima podría recibir alrededor de 5 millones de pesos.
Los sobrevivientes y familiares han sido maltratados por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, por exigir la reparación del daño y justicia a las víctimas, según dijo la representante legal de los afectados, Wendy García Fajardo.
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Página 12
