“Las cosas se hicieron mal en el pasado y en este sentido debe ser un incentivo de que rindan cuentas los funcionarios que articularon los hechos”, plantea el director Santiago Aguirre.
Chilpancingo, Guerrero, 5 de septiembre 2019. El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre indicó que las cifras de personas procesadas por la desaparición la forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa que presentó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, comprueban que “el caso se cayó judicialmente”.
El informe presentado en la conferencia matutina de ayer en Palacio de Gobierno indica que de 142 personas detenidas por diferentes delitos, vinculados a los ataques de Iguala, sólo 70 fueron acusados de secuestro contra los normalistas. Del total de las detenciones 53 ya fueron liberados.
El último en alcanzar su libertad el sábado 30 de agosto es el reconocido líder del grupo criminal Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil.
En consulta telefónica, Santiago Aguirre dijo que fue una mala noticia para los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en el marco de los primeros cinco años de los ataques, que esperaban una noticia de justicia, no de impunidad.
Afirmó que la liberación de implicados es resultado de la mala actuación de la entonces Procuraduría General de la República,“lo que hoy vemos es consecuencia de las irregularidades y violaciones de los derechos humanos cometidos entre 214 y 2015”.
Precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) heredó los expedientes con serios problemas en su integración, y debe de implementar medidas correctivas.
Coincidió con el anunció de Encinas de que la Secretaría de Gobernación impulse acciones legales contra jueces y funcionarios de la FGR que para deslindar responsabilidades en estos casos.
“La caída del caso muestra que las cosas se hicieron mal en el pasado y en este sentido debe ser un incentivo de que rindan cuentas los funcionarios que articularon los hechos”, demandó.
Informó que las acciones legales que impulsará la Secretaría de Gobernación ante la FGR y de la Judicatura del Poder judicial para que se investigue a los funcionarios de la Fiscalía y de jueces, ya están iniciadas.
Mencionó que la Visitaduría General de la FGR, el órgano de control interno de la dependencia, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto emitió una resolución sobre las irregularidades evidenciadas en el caso Iguala que prácticamente exoneraba a los involucrados.
Añadió que las familias con sus representantes del Centro Pro, Tlachinollan y Fundar promovieron un amparo que este año obligó a la FGR a revisar de nueva cuenta las irregularidades, porque en el dictamen señala que en la investigación existen actuaciones con trascendencia penal.
Confió en que esta es una base de las acciones legales, y en que se resuelvan con prontitud después del anuncio.
Aclaró que la tesis del basurero no se elevó a los tribunales. Un tribunal colegiado determinó que son ilegales varias decenas de pruebas y ya no se pueden utilizar, y la única acusación relacionada con los 43 estudiantes desaparecidos es por secuestro.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: El Sur
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