Tampoco hay avances en las sanciones por las desviaciones de la investigación en el sexenio anterior. El gobierno de López Obrador creó la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Chilpancingo, Guerrero, 26 de septiembre 2019. A cinco años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa no hay indicios de su paradero, ni avances en las sanciones por las desviaciones de la investigación en el sexenio anterior que llevó a la libertad, hasta ahora, de 77 inculpados, más de la mitad de 142 detenidos por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), varios con información relevante de los crímenes de Iguala.
Frente a los retrocesos que ocurren, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que impulsó procesos legales contra investigadores y jueces que favorecieron a los perpetradores, y ofreció la protección de su gobierno a quien aporte información sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos.
Una muestra de la respuesta a su convocatoria es la nueva búsqueda en el basurero de Tepecoacuilco, en el área de actuación de distintos cuerpos de seguridad, entre ellos soldados del 27 Batallón de Infantería la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Como candidato a la presidencia y luego como presidente electo, López Obrador se comprometió con los padres de los estudiantes desaparecidos a encontrar verdad y justicia. Al tercer día de su mandato, el 3 de diciembre de 2018, firmó la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, que se constituyó formalmente el 5 de enero de 2019.
El 11 de marzo instaló con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Mecanismo Especial de Cooperación y Asistencia Técnica para dar acompañamiento a la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
Este mecanismo, se apoya con un Grupo de Apoyo Técnico (GAT) de expertos que asesoraran y acompañan las investigaciones del Estado mexicano, bajo la premisa de que el equipo podrá requerir la información que se le negó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la pasada administración.
Está pendiente la creación de la Comisión Especial de investigación para la Verdad y la Justicia que ordenó el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas, el 4 de junio de 2018.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra confirmó que su constitución depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aclaró que en la actual administración se desistieron de los procedimientos para impedir la creación de la Comisión Especial de Investigación, de la Presidencia de la República, de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Policía Federal (PF), del Congreso de la Unión, pero sigue abierto el incidente de “imposibilidad real, jurídica y material” para el cumplimiento de la sentencia’’ que promovió la entonces PGR, ahora FGR.
La sentencia del Tribunal Colegiado
Los padres ni sus abogados tenían en sus planes la sentencia del tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, pues fue resultado de cuatro amparos en revisión, promovidos por inculpados torturados durante la investigación.
Sin embargo, el Tribunal Colegiado señaló “la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos”.
Los magistrados primero concedieron la protección de la justicia federal a los detenidos, a fin de que el Ministerio Público repusiera su procedimiento y presentara dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplieran con lo previsto en el Protocolo de Estambul, para identificar si hubo tortura.
Advirtieron que si la PGR no entregaba las pruebas con las exigencias del protocolo se confirmaría la tortura, porque consideraban que en el expediente había “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.
Por otro lado confirmaron que la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre, “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la PGR. En consecuencia, ante las graves violaciones a los derechos humanos, como lo son la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”.
La libertad de El Cabo Gil
La sentencia que debía avanzar en dos vías siguió una sola dirección: las liberaciones por graves irregularidades y violaciones de los derechos humanos en la investigación ministerial del caso.
El conocido líder de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos durante la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, detenido el 17 de septiembre de 2015, obtuvo su libertad el 30 de agosto de 2019, “por falta de elementos” en los delitos de delincuencia organizada y secuestro de los 43 estudiantes, que firmó el secretario del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, ahí se concentran todos los asuntos de los detenidos vinculados a los hechos de Iguala.
En conferencia de prensa este 5 de septiembre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas indicó que eran 53 liberados. Para el 15 de septiembre 24 más fueron puestos en libertad.
En esa conferencia, Encinas explicó que la entonces PGR practicó el examen médico-psicológico “Protocolo de Estambul”, para tratar de demostrar que no hubo tortura, pero le faltó una prueba de audiometría, y se confirmó la tortura que se advirtió con anticipación por el GIEI y la CIDH.
El funcionario dijo que ahora FGR tampoco presentó nuevas pruebas que acreditaran el secuestro, antes del 25 de febrero de 2019, y cuestionó que la resolución del amparo final que favoreció a los detenidos sólo tomó como base 162 tomos que conformaban la investigación a finales del año 2014, cuando la investigación consta de 791 tomos.
Con el presidente denunció que la investigación de la PGR se basó en la simulación, fabricación de pruebas y tortura, y benefició a los perpetradores sobre las víctimas. Anunciaron que interpusieron demandas contra los responsables del caso y solicitaron la revisión de los criterios de los jueces que pusieron en libertad a los implicados.
No obstante, los padres cuestionaron que desde el comienzo de la administración las autoridades federales sabían que los detenidos podrían salir de prisión, por las muchas y graves irregularidades de la investigación, y poco se hizo para corregir y fortalecer los procesos penales.
Antecedentes
Los procesos internos en la PGR para investigar graves irregularidades en este caso vienen de febrero de 2017, cuando la Visitaduría General de la PGR inició procesos contra el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio y otros seis servidores públicos, por la diligencia ministerial en las orillas del río San Juan, realizadas entre el 28 y 29 de octubre de 2014.
En ese lugar se reportó el hallazgo de fragmentos óseos que permitieron la identificación por ADN del normalista Alexander Mora Venancio, una prueba esencial para sustentar la tesis del basurero de Cocula, construida con testimonios obtenidos bajo tortura.
Aunque la visitadora resolvió que los funcionarios cometieron “faltas leves”, para exonerarlos, el 13 de febrero de 2019 el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México dejó sin efecto la resolución, y ordenó una nueva investigación integral para subsanar las fallas y omisiones anteriores.
Cada paso ha representado un largo litigio en tribunales de padres de los 43 estudiantes desaparecidos y sus abogados.
La Unidad Especial como sustituto
Desde la creación de la Comisión Presidencial, el gobierno federal aclaró que estaba pendiente la creación “de una instancia especial para la investigación penal de los hechos, que incorpore diversos contrapesos como garantía para evitar que se reincida en las irregularidades y sesgos que se presentaron en la investigación”, que ordenó el Primer Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas.
Ante la imposibilidad de constituir la Comisión de Investigación a mediados de año, el 26 de junio pasado el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.
El acuerdo establece que la Unidad se encargará de las acciones de investigación y persecución de los delitos cometidos en Iguala en septiembre de 2014, “hasta la conclusión de todos los procesos penales vinculados con los eventos que originaron la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos”.
Nombró como fiscal de la Unidad Especial del caso Ayotzinapa a Omar Gómez Trejo, exsecretario técnico del GIEI, con calidad de agente del Ministerio Público federal. Tiene el respaldo de la Comisión Presidencial y aún se esperan resultados en la investigación, así como en las sanciones por desviaciones en las indagatorias del sexenio anterior.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Cuartoscuro
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