Sao Paulo, Brasil, 5 de noviembre de 2017. La mayor catástrofe medioambiental de Brasil, que causó 19 muertos por un vertido tóxico, cumple hoy dos años con decenas de familias afectadas a la espera de las indemnizaciones y sin que nadie haya pisado la cárcel por su supuesta responsabilidad.
El 5 de noviembre de 2015 dos diques de la empresa minera Samarco se rompieron generando una ola de siete millones de metros cúbicos de residuos minerales (níquel, sílice y hierro), mezclada con otros 55 millones de metros cúbicos de agua.
La catástrofe dejó como resultado 19 víctimas mortales, la mayoría en la propia mina, y en Bento Rodrigues, que desapareció del mapa, y provocó daños incalculables a lo largo de 650 kilómetros en la cuenca del Río Doce, así como la destrucción de otras localidades pertenecientes al municipio de Mariana, en el estado de Minas Gerais (sureste).
Dos años después todo parece seguir igual.
Habitantes de los municipios afectados se reunieron en la víspera en Mariana para reclamar el pago de las indemnizaciones prometidas y la reconstrucción de sus hogares.
Muchos de ellos están aún hoy a la espera de poder reasentarse y reconstruir la vida que les fue despojada.
De acuerdo con la Fundación Renova, responsable por la recuperación del área afectada, la previsión es que sus nuevos hogares se hagan realidad en el primer semestre de 2019, pero las familias afectadas denuncian que las obras aún no han comenzado y temen que el plazo no sea cumplido.
En paralelo, la Justicia analiza el caso con la parsimonia habitual.
En octubre pasado, el juez Mario de Paula Franco Junior prorrogó una vez más el plazo para que Samarco, controlada por la brasileña Vale y la australiana BHP Billiton, concluya las negociaciones para el acuerdo con la Fiscalía que establecerá un diagnóstico socioeconómico de los efectos de la tragedia.
Inicialmente se marcó un plazo de hasta el 17 de mayo de este año, después se prorrogó hasta el 30 de octubre y ahora se ha marcado el 16 de noviembre como fecha límite.
El magistrado subrayó en su auto que las tratativas para el acuerdo están “en un ritmo visiblemente inapropiado” ya que no se ha presentado ningún “resultado productivo”.
La prórroga fue solicitada por Samarco, que justificó su demanda “debido a la complejidad del asunto”, y por el propio Ministerio Público.
Por otro lado, nadie ha pisado la cárcel en estos dos años por su presunta responsabilidad en el triste suceso.
También el mes pasado, la Fiscalía entró con un pedido en la Justicia para que el proceso penal contra 22 personas imputadas y las empresas Samarco, Vale, BHP Billiton y VogBR se retome.
La Justicia paralizó los trámites de la acción en julio de este año después de que la defensa de dos de los imputados denunciaran que las escuchas telefónicas usadas en la causa se obtuvieron de forma ilícita, motivo por el cual pidieron la anulación del juicio.
Mientras se depuran responsabilidades, alumnos de 10 años de la Escuela Municipal de Bento Rodrigues lanzaron hoy una colección de libros con los recuerdos que guardan de la tragedia y sus propias perspectivas de futuro.
El de Myrella Conceição se llama Que el tiempo nos traiga un nuevo Bento.
