Apremia la FSTSE a establecer las reglas de operación del Insabi.
Ciudad de México, 11 de enero de 2020. De un día para otro, los servicios de salud para unos 64 millones de mexicanos sin seguridad social se volvió gratuita, por decreto, pero se hizo sin un esquema de transición.
El 1 de enero de 2020 entró en vigor la nueva redacción del artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, que no sólo desapareció al Seguro Popular –creado en 2003–, sino que ordenó brindar en forma gratuita un servicio por el que siempre se habían cobrado cuotas, aunque fueran mínimas.
“Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo Cuarto de la Constitución, sin importar su condición social”, dice ahora la ley.
La Constitución no prevé la gratuidad. Sólo dice que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y los estados en materia de salubridad general.
Hasta el 31 de diciembre, el artículo 77 Bis 1 mencionaba que “todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) de conformidad con el artículo Cuarto de la Constitución, sin importar su condición social”.
El artículo 77 Bis 11, en tanto, señalaba que el Seguro Popular sería financiado con aportaciones de la federación, los Estados y los propios beneficiarios, mediante cuotas familiares que se determinaban según la condición socioeconómica, similares a la prima que se paga por un seguro.
A partir del 1 de enero, según el mismo artículo, los beneficiarios ya no tienen que pagar nada porque toda la carga recae en los gobiernos federal y estatales.
Lo anterior contrasta con los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, que cada quincena tienen que aportar una cuota para fondear los beneficios que reciben de esas instituciones, incluido el servicio médico.
Demanda FSTSE solucionar el desabasto de medicamentos
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) urgió a establecer a la brevedad las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para garantizar a la población abierta una atención eficiente y de calidad.
El organismo encabezado por el priista Joel Ayala pidió a la Secretaría de Salud (Ssa) abocarse en tiempo completo y extraordinario a resolver y solucionar el problema existente de falta de atención, así como de medicamentos e insumos necesarios para prestar servicio médico a la población sin afiliación.
“El Insabi no sustituye a las instituciones de salud, es coadyuvante y se ubica fundamentalmente como apoyador financiero”, expuso la central en un comunicado.
Por su parte dirigentes y legisladores federales del PAN reprocharon al Gobierno federal someter a los pacientes del sector salud al desabasto de médicos y medicinas, confusión y hasta cobro de cuotas en la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar. En diversos pronunciamientos, demandaron que se regrese a la población la atención del Seguro Popular.
Texto: Víctor Fuentes / Claudia Guerrero / Agencia Reforma / Foto:
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