Las peticiones se refieren a la entrega de los resultados de la auditoría integral aplicada a prestaciones y préstamos, el pago de indemnización por jubilación, bono de despensa de 300 pesos que se debe desde hace 17 meses y los seguros de defunción
Iguala, Guerrero, 30 de enero de 2020. Miembros de la delegación D-IV-55, de jubilados y pensionados adheridos a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) de la zona Norte, exigieron en conferencia de prensa el cumplimiento de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a las minutas de acuerdos firmadas en octubre y diciembre.
Estos acuerdos se refieren a la entrega de los resultados de la auditoría integral aplicada al Plan de Previsión Social (PPS) de prestaciones y préstamos, así como el pago de prestaciones pendientes: indemnización por jubilación, bono de despensa de 300 pesos, que se debe desde hace 17 meses, y los seguros de defunción.
Asimismo, anunciaron que el 20 de febrero, en una movilización nacional, maestros de Guerrero presentarán cerca de 6 mil demandas de amparo ante juzgados federales, para exigir la cancelación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el pago de pensiones.
La rueda de prensa se realizó a las 10 de la mañana, en la oficina de la sección 30 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), delegación Iguala. Allí, la secretaria general de los jubilados y pensionados, Aida González Zagal, denunció el incumplimiento de la SEG a las dos minutas de acuerdo, firmadas en mesas de trabajo con el secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui.
Recordó que luego de las movilizaciones realizadas los días 1 y 2 de octubre, se firmó la primera minuta, en la que hubo promesas de pago y que no se habían cumplido. Otra jornada de lucha, dijo, fue los primeros días de diciembre, donde nuevamente se firmó una minuta de acuerdos con el titular de la SEG, Arturo Salgado, quien es el presidente del comité que maneja el fideicomiso del PPS; igual que el secretario general de la sección 14 del SNTE, Javier San Martín Jaramillo, “que se han ido beneficiando de este programa”.
Recordó que en la segunda minuta, el titular de la SEG se comprometió a entregar los resultados de la auditoría aplicada al PPS, desde hace dos años; sin embargo, no han sido entregados bajo el argumento de que tiene muchas “inconsistencias”, lo que consideró, que “necesitan arreglarla y maquillarla” para poderla entregar.
Agregó que demandan, como prioridad, la aplicación de una auditoría integral al PPS desde 1997, cuando fue creado, y que la haga una institución externa. Dijo que analizan la posibilidad de recurrir al gobierno federal para pedir su intervención.
En este tema, el comisionado de Análisis y Propuesta de la CETEG, Gonzalo Juárez Ocampo, dijo que el área jurídica de la SEG aplicó una auditoría al PPS, de 2014 a la fecha; sin embargo, ni esos resultados les quieren dar a conocer, por supuestas inconsistencias que encontraron, pero creen que puede ser, porque pretenden ocultar información. Denunció, además, que todo el fraude cometido con el Plan de Previsión se dio entre el “charrismo” del SNTE y el gobierno estatal.
La secretaria general Aida González detalló que en su pliego de peticiones, dentro de las demandas de carácter estatal, exigen el pago inmediato de beneficios pendientes, como la indemnización de 30 mil pesos por jubilación, que no se ha pagado desde febrero de 2017, y el bono mensual de despensa de 300 pesos, del que se adeudan 17 pagos. Además, la falta del pago del seguro por defensión o accidente, por 46 meses de salario, que desde 2015 no se ha pagado. Indicó que el argumento que les ha dado es la falta de recursos.
Agregó que siguen demandando la recuperación del pago de los 50 días de aguinaldo que les quitan al momento de la jubilación, pago del 2 por ciento del SAR-Fovissste, que se les debió pagar al momento de la jubilación, pero que el gobierno estatal no ha entregado.
González Zagal agregó que en el caso de las demandas federales, están exigiendo la cancelación de la UMA, que es el indicador en el pago de diversas contribuciones para los pensionados, en lugar del salario mínimo, esquema implantado desde 2016 en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que al año genera una merma en el ingreso de los jubilados y pensionados, hasta de 66 mil 357 pesos.
Anunció que el 20 de febrero participarán en una movilización nacional, en la que unos 6 mil jubilados y pensionados de Guerrero presentarán una demanda de amparo masiva, en contra de la UMA.
En la conferencia de prensa estuvieron también los miembros del comité delegacional, Adelina Molina Ocampo, José Luis Rodríguez Vázquez y Antonio Samilpa Flores.
Texto y foto: Alejandro Guerrero
