Los rezagos en el registro de colecciones las hacen más proclives al tráfico ilegal, señalan.
Ciudad de México, 7 de noviembre de 2019. Frenar las subastas de patrimonio mexicano en el extranjero, requiere al país solventar problemas estructurales que le impiden demostrar su propiedad sobre los bienes culturales reclamados, consideran especialistas.
“Es un problema estructural”, dice Ernesto Becerril, vicepresidente del Comité Científico de Asuntos Legales, Financieros y Administrativos del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos (ICOMOS), Capítulo México: “Si desde el principio no tenemos la manera de demostrar que estos bienes fueron robados, la reclamación pierde fortaleza, fundamento, y eso permite que un juez o autoridad diga: ‘Mientras no me demuestres que es robada (determinada pieza), es de un propietario de buena fe’”.
En marzo y octubre pasados, el país intentó detener, sin éxito, la comercialización de decenas de piezas prehispánicas en subastas organizadas en París por la casas Drouot, Millon y Sotheby’s.
El INAH argumentó entonces que dichos bienes, procedentes de posibles saqueos ilegales, forman parte de su patrimonio cultural, como lo establece la ley nacional en la materia, de 1972.
Aunque en el ámbito internacional existe la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades lícitas de bienes culturales, emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1970, esta no resulta suficiente, asegura Becerril.
“Hay que acreditar que la pieza es robada o sacada ilícitamente del país, situación muy compleja en algunos casos por falta de inventarios, aunque en otros puede identificarse que estaba en una iglesia o en determinado lugar”, añade el abogado.
Promotor de la convención de 1970, México ha tenido, sin embargo, escaso éxito en sus reclamos, contrasta el arqueólogo Gustavo Ramírez, quien ha sido consultor de la Unesco para el combate al tráfico ilícito de bienes culturales y que, desde el pasado 4 de octubre, representa a los investigadores del INAH.
“Carecemos de una unidad especializada que se haga cargo no sólo de los bienes arqueológicos: la gama de objetos que se trafican es muchísimo más amplia e incluye, entre otros, bienes de arte sacro, pinturas y esculturas”, apunta.
Unidad especializada
Ramírez considera más conveniente la creación de una unidad especializada como las que operan en Italia o en Estados Unidos –ésta dentro del FBI– en lugar de la comisión intersecretarial propuesta por la Secretaría de Cultura federal.
“Es ponerle más burocracia a una cuestión de orden técnico”, señala.
“Se trata, en cambio, de hacer investigaciones, bases de datos, establecer estrategias que permitan conocer cómo opera el tráfico ilícito de bienes culturales en México, con detectives, con especialistas en arte de todas las épocas, con policías, con bases de datos especializadas que estén conectadas a las diferentes bases policiacas del mundo, con científicos que puedan hacer pruebas de autentificaron, de falsificación de documentos, etcétera”.
“Es más fácil”, compara, “recuperar bienes cuando son robados y tienen un registro, porque proceden de un museo o una colección particular. Normalmente hay un registro con el que puede demostrarse que ese bien se hallaba, por ejemplo, en posesión de alguien o de una institución en 1980, y si después aparece misteriosamente en una subasta, de inmediato las instituciones judiciales del país involucrado actúan”.
Los rezagos en el registro de colecciones culturales las hacen más proclives al tráfico ilegal, advierte el arqueólogo. Documentos, fotografías, referencias bibliográficas o datos que prueben su permanencia en el país de 1970 en adelante son útiles para fundamentar las reclamaciones, dice.
“Necesitamos trabajar en la prevención, en el catálogo de las colecciones rezagadas que pueden ser sujetas de robo y tráfico. Mientras no tengamos una unidad que se especialice, que conozca el mercado, que sepa de dónde se están sustrayendo los bienes, por dónde están pasando, y que las decomise antes de que salgan del país, las cosas no cambiarán”.
Deben preverse, además, según advierte Ramírez, recursos para la indemnización prevista en la convención de 1970: en caso de obtener los bienes reclamados, el país debe retribuir económicamente a la persona que lo adquirió de buena fe.
“Supongamos que alguno de los reclamos tiene éxito y México tiene que pagar. Si nos encontramos sin presupuesto suficiente para cuidar los bienes que tenemos en nuestro país: ¿atribuiríamos al comprador de buena fe? ¿Tenemos los recursos para hacerlo? Yo creo que no, o por lo menos no existe un fondo especial para recuperar esa clase de bienes”.
Por eso, insiste, debe apostarse a la prevención.
Texto: Yanireth Israde / Agencia Reforma / Agencia Reforma / Foto: Archivo
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