Un estudio revela que 6 de cada 10 jóvenes entre 15 y 29 años trabajan en la informalidad. La inflación ha provocado perdida del ingreso y recomienda que se incremente la productividad de la población en situación de pobreza, eliminando programas duplicados, explorar la posibilidad de: ampliar programas de empleo temporal; variantes de la renta básica ciudadana; incrementos moderados del salario mínimo; seguro de desempleo.
Texto: Redacción / Foto: Archivo El Sur
Ciudad de México, 21 de marzo de 2018. En 12 años —entre 2008 y 2016—, la pobreza en México aumentó en 3.9 millones de personas informó este miércoles el Consejo Nacional para Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su reporte 2018.
Sin embargo, agregó que, en contraste, también en el mismo periodo analizado, 2.9 millones de personas dejaron de estar en situación de pobreza extrema.
Del estudio se deprende que, en más de dos décadas —1992 y 2016—, el ingreso promedio no ha permitido mejoras permanentes en el bienestar de los hogares, consecuencia de las crisis recurrentes que se traducen en un crecimiento económico promedio anual de 2.4 por ciento en el periodo, lo que a su vez representa sólo 1.3 por ciento en términos per cápita.
Uno de los grandes problemas en el país es que, jóvenes de entre 15 y 29 años, tienen mayores dificultades para insertarse en empleos formales. En 2017, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9 por ciento, se encontraban en el llamado sector informal.
Existe una brecha en el acceso de los trabajadores a la seguridad social al ubicarse en niveles de informalidad laboral semejantes a los de países como Guatemala (64.9 por ciento) o Bolivia (61.4) y muy distante de la situación en países con economías semejantes, como Chile (15.5) o Brasil (22.8).
El documento expone que, en 2016, poco más de 1 millón de personas de entre 3 y 17 años vivían en hogares con ingresos por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM) y no asistían a la escuela.
El resultado al que se llegó sobre la pobreza, se explica por tres factores: una reducción de la mayoría de las carencias sociales que ayudó a minorar la pobreza, aunque las carencias de acceso a la seguridad social y a la alimentación todavía son altas y que el ingreso de los hogares ha tenido una trayectoria errática.
Un problema grave es, señaló el Coneval, que unas 24.6 millones de personas tinen carencias de acceso a la alimentación y ese número no sufrió cambios en el periodo de refrencia, producto de un incremento (entre 2008 y 2010) y, posteriormente, de una reducción de casi la misma magnitud entre 2010 y 2016.
El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 revela que, la carencia por acceso a los servicios de salud tuvo la mayor reducción entre 2008 y 2016, pues se reportaron 24 millones de personas menos. La carencia de calidad y espacios de la vivienda contribuyó a que 5 millones de personas hayan salido de este problema.
Sin embargo, el documento destaca que la carencia de acceso a la seguridad social sigue siendo alta, al estar en esta condición 68.4 millones de personas, 4.1 millones menos que las originalmente contabilizadas.
Inflación, factor de retraso económico
En su análisis, el Coneval determina que la inflación ha provocado la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, y considera en ese contexto que, a nivel de los hogares, si bien el poder adquisitivo del ingreso laboral se incrementó 8.6 por ciento entre 2014 y 2016, éste se redujo 10.6 por ciento entre 2005 y 2017.
Lo anterior fue consecuencia del alza inflacionaria reciente, que en 2017 alcanzó 6.77 por ciento, ocasionando una disminución en el poder de compra de los hogares de 2.5 por ciento en ese año.
De hecho, expone que el análisis del derecho a la alimentación encontró que el alza en los precios de los alimentos puede ocasionar episodios en los cuales se vean afectadas la frecuencia y la cantidad de consumo de alimentos requeridos para una dieta nutritiva. Además, los alimentos con alta densidad de nutrientes son más caros que los con alta densidad energética.
Aunado a lo anterior, la desigualdad en la distribución del ingreso se ha mantenido elevada y no se observan factores económicos, como una mejora en la productividad, que permitan suponer un cambio en esta tendencia.
El Informe de Evaluación 2018 considera que el presupuesto dirigido a la educación hizo posible que en el ciclo 2016-2017 la tasa neta de escolarización llegara a 98.4 por ciento en primaria y 86.2 por ciento en secundaria. Sin embargo, la permanencia de los estudiantes de educación media y superior se ve afectada negativamente por la falta de recursos económicos en los hogares.
Empleo mal remunerado
El estudio concluye que aun cuando el porcentaje de la población desocupada descendió en el periodo 2010 a 2017, pasando de 5.3 a 3.3 por ciento, persisten situaciones de precariedad laboral por falta de seguridad social, incertidumbre en cuanto a la duración del empleo, bajos ingresos y ausencia de prestaciones.
El estudio recomienda para abatir los problemas sociales y de rezago la utilización de instrumentos de apoyo al ingreso en dos vertientes:
a) estrategias que incrementen la productividad de la población en situación de pobreza, eliminando programas duplicados, poniendo énfasis en la comercialización y en el seguimiento constante a todo lo largo de los proyectos y
b) ampliar programas de empleo temporal; variantes de la renta básica ciudadana; incrementos moderados del salario mínimo; seguro de desempleo).
