Condena el representante del Alto Comisionado los hechos de violencia y señala que la operación policiaca no atendió protocolos sobre el uso de la fuerza
También advierte que declaraciones de funcionarios violan la presunción de inocencia de los detenidos
Dos de los tres comunitarios que mataron los policías estatales fueron primero detenidos y luego ejecutados, afirma Tlachinollan
No hubo ejecuciones extrajudiciales, responde el gobierno estatal; si hubo abusos serán sancionados, dijo aparte Florencio Salazar
Hay elementos para suponer violación a derechos
humanos por el gobierno en La Concepción: ONU
Condena la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ese evento de violencia y asegura que la operación no atendió protocolos sobre el uso de la fuerza y se violentó la presunción de inocencia de personas detenidas. Pone en duda que la investigación a cargo de autoridades estatales garantice el respeto a los derechos humanos
Texto: Redacción
Foto: Archivo El Sur
Chilpancingo, Guerrero. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los eventos de violencia de este domingo en la comunidad de La Concepción, del municipio de Acapulco, que tuvo un saldo de 11 personas muertas. Lamentó “la terrible pérdida de vidas” y llamó a las autoridades al esclarecimiento completo de los hechos y repudió las agresiones a periodistas que dieron cobertura a lo ocurrido.
La institución diplomática aseguró que cuenta con “fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo (policiaco y militar en La Concepción)”, como tortura y malos tratos, fabricación de pruebas, allanamientos y condiciones indignas de detención.
Denunció que la operación no atendió protocolos sobre el uso de la fuerza, que se violentó la presunción de inocencia de personas detenidas, y cuestionó que la investigación a cargo de autoridades estatales garantice el respeto a los derechos humanos.
En parte, en referencia al informe del gobierno del estado que presentó este martes pasado, en el cual explicó que la Policía del Estado realizó una operación de desarme de policías comunitarios de La Concepción por una denuncia al número de emergencias 911 donde reportaron que los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui (líder del movimiento opositor a la presa hidroeléctrica La Parota y su hermano) y un grupo de comunitarios habían matado a varias personas, entre ellos a dos menores.
Este miércoles, el gobernador insistió ante medios de comunicación, en una entrevista, que se actuó conforme a la ley y que se investigarán las denuncias de hostigamiento y ejecuciones extrajudiciales en la incursión policiaca, que denunciaron organizaciones sociales nacionales e internacionales, contra los policías comunitarios de La Concepción, integrados al Comité de Enlace de los Bienes Comunales de Cacahuatepec de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop).
Este jueves a medio día, la Oficina de la ONU-México DH informó que realizó una visita a las personas detenidas (integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora regional de Autoridades Comunitarias CRAC) y en ese momento no emitió ninguna opinión respecto al estado en que se encontraban, pero “contrariamente a las declaraciones de las autoridades de Guerrero, sí se pudieron constatar condiciones indignas de detención y otras violaciones a sus derechos”.
El representante de la ONU-DH, Jan Jarab, explicó que de acuerdo con la información recabada por la ONU-DH, durante la madrugada del domingo 7 de enero, “se produjeron enfrentamientos en la comunidad de La Concepción en los que fallecieron ocho personas en circunstancias todavía inciertas. Posteriormente, durante un operativo policial, tres personas más fallecieron y 38 fueron detenidas”.
En colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, indicó que la ONU-DH se entrevistó con autoridades, personas detenidas, periodistas agredidos, pobladores de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con lo documentado, dijo que ONU-DH cuenta “con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo, las cuales resultan profundamente preocupantes”.
Incluso añadió que “se recibió información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención”.
Adicionalmente, consideró “profundamente preocupantes las agresiones en contra de periodistas por parte de fuerzas de seguridad, en particular contra Bernardino Hernández, quien incluso tuvo que ser hospitalizado dada la gravedad de sus lesiones. Varios reporteros señalaron que fueron encañonados a distancia, y Bernardino Hernández, que fue golpeado y arrastrado por policías estatales”.
Jarab subrayó que al periodistas también le robaron una tarjeta memoria donde guarda su material de gráfico, “estos hechos no sólo constituyen un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a obtener información independiente y plural, sino también podrían representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos”.
Señaló particularmente “preocupante, la inacción de las autoridades para garantizar la protección de los periodistas que fueron amenazados mientras cubrían hechos posteriores en la misma comunidad, a pesar de las medidas cautelares por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.
Se sumó la llamado de la CNDH “para que las autoridades competentes garanticen que la labor periodística se pueda realizar sin obstáculos y con seguridad”, y calificó “alarmante” que el incursión policiaca y militar en La Concepción “no se llevó a cabo con base en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”.
El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab declaró “todas las muertes deben ser investigadas, incluidas las que se produjeron durante el operativo policial, ya que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, toda muerte producida por la actuación de funcionarios públicos debe ser investigada para esclarecer completamente sus circunstancias”.
Destacó que únicamente “una investigación, profesional, independiente, efectiva e imparcial podrá esclarecer los hechos y ofrecer justicia a las familias de las víctimas”.
Recordó que la investigación de todas las muertes causadas por funcionarios públicos debe realizarse de acuerdo a estándares internacionales, incluido el Protocolo de Minnesota, particularmente relevante en casos donde existan alegaciones de ejecución extrajudicial.
En general, expresó preocupación por la situación de seguridad en La Concepción y convocó a las autoridades a que adopten las necesarias para garantizar condiciones de seguridad adecuadas para todas las personas de la comunidad.
Asimismo, que las autoridades aseguren condiciones de seguridad para las personas detenidas y de sus familiares, para los abogados y personas de organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan actualmente en torno al caso.
Finalmente, el organismo internacional expresó sus condolencias a las familias de todas las víctimas de estos lamentables hechos e insistió en el llamado a los autoridades a garantizar sus derechos a la justicia y la verdad.
Responde gobierno a la ONU que
no hubo ninguna Ejecución extrajudicial
“Las investigaciones correspondientes establecerán la responsabilidad a que haya lugar”, dice
Texto: Redacción
Chilpancingo, Guerrero. La Secretaría General de Gobierno contestó al comunicado de la Oficina del Alto comisionad de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y afirmó que no era “admisible” aplicar el protocolo de Minnesota por que no se trató de delitos de lesa humanidad “ni de ejecuciones extrajudiciales”.
“En todo caso, las investigaciones correspondientes establecerán las responsabilidades a que haya lugar”, se dice en el comunicado, a pesar de que en el documento de la oficina de la ONU no se refieren en particular a algún caso de ejecuciones extrajudiciales.
En un comunicado de prensa responde que las autoridades estatales respondieron al hecho a través de varias llamadas realizadas al teléfono de emergencias 911, “derivado de enfrentamiento ocurridos en la comisaría municipal entre pobladores y civiles armados del Cecop”.
En el documento se insiste en que los hechos han sido analizados y atendidos a través de diversas instancias de gobierno, como se informó no solo a la opinión pública sino también “al representante en México de la ONU-DH y a los titulares de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos en el comunicado de prensa emitido por esta Secretaría” en un comunicado la noche del martes pasado.
Respecto a la agresión en contra del fotógrafo Bernandino Hernández, la secretaría general de Gobierno dijo que “no son graves, como lo demuestran los dictámenes médicos, y los hechos están siendo investigados por la autoridad competente”.
Ante el comunicado de la ONU donde se puntualiza la falta de aplicación de protocolos que promuevan el respeto a los derechos humanos por parte de los policías, el Estado refirió que se manifiestan “en absoluta disponibilidad para atender las preocupaciones expresadas por la ONU-DH, así como a las medidas cautelares obsequiadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito indeclinable de que los hechos en La Concepción sean investigados con estricto apego a la ley y el pleno respeto de los derechos humanos”.
Lea toda la información en nuestra edición de este viernes 12 de enero:
Páginas 2, 3 y 20
