Se vive una gran crisis de infraestructura en la educación, advierte subsecretario de la SEP

Al menos mil 600 planteles del nivel medio superior en todo el país están en riesgo por la falta de mantenimiento, señala Juan Pablo Arroyo Ortiz. Señala que...

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18 octubre,2019 4:55 am
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Al menos mil 600 planteles del nivel medio superior en todo el país están en riesgo por la falta de mantenimiento, señala Juan Pablo Arroyo Ortiz. Señala que tiene la propuesta de incorporar a las preparatorias populares, pero falta presupuesto
Acapulco, Guerrero, 18 de febrero de 2019. El subsecretario de Educación Media Superior, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Juan Pablo Arroyo Ortiz, aseguró que se vive una gran crisis en el sector, pues de acuerdo con el análisis que tiene la dependencia, al menos mil 600 planteles de ese subsistema en todo el país están en riesgo por la falta de mantenimiento.
Arroyo Ortiz aseguró que esta desatención duró diez años y para reparar los planteles se necesitan alrededor de mil millones de pesos.
El funcionario federal estuvo en Acapulco, para inaugurar el Coloquio Nacional de Formación Docente, en un salón del Gran Hotel, donde estuvo acompañado por el coordinador general de la Zona Sur de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Efrén Arellano Cisneros, en representación del rector Javier Saldaña, y donde acudieron maestros de 40 universidades.
Juan Pablo Arroyo habló de las Preparatorias Populares, sobre las cuales dijo que para absorberlas se necesitan 210 millones de pesos, porque se requieren aulas y pagar a los maestros, de los cuales, el 60 por ciento no tienen el perfil, por lo que se necesita hacer una plantilla de docentes.
En declaraciones a reporteros, Arroyo Ortiz dijo que los problemas actuales se resuelven con recursos, pues con la nueva ley se tiene el compromiso de atender a los jóvenes de 15 a 18 años, porque se deben construir nuevas aulas, ampliar planteles.
Ejemplificó con que en Guerrero se tienen las Preparatorias Populares, las cuales son proyectos que se han desarrollado por personas, muchas de las cuales no son profesores, pero ofrecen educación de media superior a los jóvenes y tramitan documentos ante la UAG, “el gobierno del estado les da un presupuesto, pequeño, pero les da, porque existe la necesidad de atender a los jóvenes, pero la educación en estos planteles es muy irregular”.
Indicó que uno de los problemas es que en esas escuelas, los profesores no tienen el perfil pertinente, ni tampoco las preparatorias populares tienen instalaciones adecuadas. Informó que por ello ya propuso al gobernador Héctor Astudillo Flores, al rector Javier Saldaña y al secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui, un proyecto para estas escuelas, que consiste en “que busquemos formalizar todos esos planteles, agregándolos a nuestros subsistemas formales”.
Es decir, que unos los regule el estado, otros la universidad y otros la federación, para que todos los jóvenes tengan acceso a la educación, pero el detalle que ese proyecto cuesta 210 millones de pesos y que está esperando la respuesta de la Comisión de Educación, así como de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para “ver si nos dan esos recursos, pues fueron pedidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el proyecto de presupuesto, pero no los consideró por la austeridad republicana”.
Arroyo Ortiz indicó que planteó que el sector educativo reclama esos recursos como una necesidad urgente, porque existe el compromiso de atender a los jóvenes de 15 a 18 años.
Explicó que la federación no puede reconocer las 147 Preparatorias Populares, porque eso implica recursos y se deben hacer aulas, revisar profesores y es donde “vamos a tener un conflicto, porque hemos analizado y más o menos el 60 por ciento, de los profesores de prepas populares no cubren el perfil, no son titulados o no están dando la clase adecuada. Reconocerlos (a los planteles) obliga a tener una planilla de docentes, que finalmente son recursos”.
Añadió que por eso el proyecto de sumarlos a los planteles formales de los subsistemas federales, estatales y a la universidad, “eso implica condiciones para recibirlos, es un asunto complejo. No es una cosa lineal de que con diez pesos los resuelves, es algo que hemos analizados y se ha planteado que el gobierno federal dé 60 millones y el Congreso 150 “.
Arroyo Ortiz señaló que otro de los problemas es el proceso de contratación laboral, que ha sido desigual.
Ejemplificó con que en los telebachilleratos los profesores son contratados por honorarios, por cinco meses y medio, para que no hagan antigüedad, al igual que el Conalep, lo que “es tremendo y ha sido empleado durante años. El hacer una homologación implica muchos recursos y una gran disposición, no sólo de la autoridad, sino también de los trabajadores”.
Agregó que se tiene que buscar un camino hacía una solución, “quiero que todo esto se logre y no sé va ser mañana o de un día para otro, sino tener el propósito de trabajar en ese sentido”.
El subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, dijo a los presentes al coloquio que hay problemas serios, porque los planteles educativos no han tenido mantenimiento en diez años y si no se les da, se empieza a tener problemas de muchas índoles. Dijo que de acuerdo con el análisis que se hizo al llegar, hay mil 632 planteles en riesgo. lo que “significa que no tiene impermeabilizante adecuado, que las cimentaciones tienen problemas de anegación, que tenemos problemas con algunos muros, que fueron dañados por el terremoto y que no han sido reparados. Y se requieren mil millones de pesos sólo para darles mantenimiento”.
Dijo que las preparatorias en línea y los telebachilleratos son proyectos que se iniciaron por el gobierno anterior, pero no los formalizó y dejó a profesores por honorarios, planteles inadecuados; es decir, “fueron mal planteados desde su origen y tenemos que resolverlo. Eso no se puede de un día para otro y no todo lo puede absorber la federación”.
Indicó que están los problemas con los Centros de Atención a Alumnos con Discapacidad, porque no le fueron asignados los recursos y que espera que el Congreso sea sensible y les dé los 310 millones de pesos que están pidiendo.
Arroyo Ortiz dijo que no tienen recursos para las preparatorias en líneas, no tiene recursos para las universidades en crisis y hay dificultad para homologar las contrataciones de todos los profesores.
Indicó que en el presupuesto pidió 67 mil millones de pesos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio nada más 38 mil millones y se sigue gestionando, porque con las nuevas leyes secundarias de la reforma educativa trae obligaciones al estado y eso cuenta, por eso “pedimos ese dinero”.
El funcionario federal dijo que la situación de crisis que dejaron los anteriores gobiernos es difícil y que pidió 67 mil millones, para la regularización de las plazas, equipar planteles de acuerdo con la modernidad y que eso se lo ha planteado al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se está viendo cómo resolver el presupuesto, porque el país lo dejaron destrozado y se tienen que ir generando las condiciones, porque la situación no es fácil, pero se va a seguir trabajando.
Mientras que el coordinador general de la Zona Sur, Efrén Arellano, dijo que actualmente se requieren herramientas para mantener a los jóvenes en el aula, “buscar programas que nos permitan atender al número de jóvenes que ingresan a la universidad, en nivel medio superior, y evitar que siga la deserción que se presenta en muchos estados”.
Dijo que Guerrero es uno de los estados con muchos problemas y que como en la mayor parte de las universidades del país, la UAG tiene un porcentaje de deserción, “tenemos que abatir, debido a la problemática que actualmente presenta el país, y los jóvenes son muy vulnerables a ellos”.
Agregó que la UAG, ante la deserción, ha venido implementado algunos programas que permitan ayudar a estos jóvenes, sobre todo los de escasos recursos, para que se sigan manteniendo en la institución.
Añadió que la UAG tiene 107 casas de estudiantes, en las siete regiones del estado, que albergan jóvenes de muy bajos recursos económicos; así como comedores universitarios donde les dan alimentación a bajo precio.
Además, la universidad tomó la decisión de dar todas las facilidades a los estudiantes que provienen de comunidades indígenas y grupos vulnerables, para lo cual asignó el 13 por ciento de la matrícula de ingreso, y que actualmente tienen 12 mil jóvenes con esas características en los diversos planteles educativos.
 
Texto: Karina Contreras / Foto: Jesús Trigo
 

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