Texto: Redacción / Foto: Jesús Guerrero
Acapulco, Guerrero, 17 de septiembre de 2018. En un escrito, la familia de la víctima pondera la actuación imparcial, profesional y apegada a la ley del juez que preside el juicio, Edgardo Mendoza Falcón, y de los jueces Sergio Guzmán Chávez, María Luisa Nava Gregorio.
A casi dos años del secuestro y asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, este martes y miércoles continúa la audiencia final del caso para dictar sentencia.
Adela Rivas Obé era directora de microzona del IMSS en la Costa Grande y tenía a su cargo las clínicas de Petacalco, La Unión, Petatlán y Papanoa. Desapareció el 22 de septiembre de 2016 de la clínica 8 del IMSS en Zihuatanejo luego de salir de una reunión oficial, cuando investigaba el robo de medicamentos de la farmacia de la clínica del IMSS de Petacalco.
El cuerpo sin vida de la doctora fue hallado el 11 de octubre en un barranco en Playa Majahua en Zihuatanejo. El 23 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la detención en Michoacán del presunto homicida.
El acusado Edgar A. de 31 años, trabajaba como administrador de la Unidad de Medicina Familiar número 27, de Petacalco.
Los familiares señalaron al entonces delegado del IMSS en Guerrero, José Luis Ávila Sánchez, de ser responsable de la muerte de la doctora porque la investigación del robo de medicamentos correspondía al área jurídica del instituto y no a la directora de microzona.
La audiencia final del juicio oral del caso comenzó el 11 de septiembre en una sesión de 11 horas y continuó el 12 con una sesión de nueve horas, lo extenso de las sesiones de la audiencia final es por las pruebas a desahogar de parte de las víctimas y de la parte acusada.
Durante el desarrollo del juicio, los familiares de la víctima acusaron al juez de control y enjuiciamiento penal de los distritos de Azueta y Montes de Oca, Vicente Guerrero Campos, de parcialidad a favor del acusado y de buscar un juicio a modo para que el acusado quedara en libertad.
En febrero de 2017, el juez Vicente Guerrero, desechó la solicitud que hizo la Fiscalía para ampliar dos meses más la investigación contra el acusado.
El caso se ha retrasado porque en febrero de 2017 un juez federal otorgó un amparo a favor de la defensa del presunto homicida mediante el cual ordenó reponer todo el procedimiento, lo que comenzó en julio de ese año.
Las audiencias del caso se llevan a cabo en Zihuatanejo, para acudir a ellas los familiares de la doctora Adela Rivas Obé, deben viajar desde Acapulco hasta Zihuatanejo y son resguardados por policías estatales en el trayecto, y los familiares han denunciado que esos traslados son un desgaste físico y económico.
La familia ha pedido que el caso sea juzgado como un feminicidio para que el acusado alcance una pena de hasta 50 años por el crimen.
En una carta enviada a El Sur los familiares de la doctora Adela Rivas pidieron que se aplique la ley y se haga justicia en el caso en las audiencias que se reanudarán este martes en la ciudad de Zihuatanejo.
En el documento destacaron que “las pruebas que han presentado son contundentes y certifican la responsabilidad del único detenido en el homicidio de la doctora”.
También ponderaron que el juez que preside el juicio, Edgardo Mendoza Falcón se ha conducido de manera imparcial, profesional y apegado a la ley, que era una de las exigencias que la familia.
La familia de la víctima considera que los jueces Sergio Guzmán Chávez, María Luisa Nava Gregorio y Edgardo Mendoza Falcón han sido respetuosos del proceso y les pide que “analicen a profundidad cada una de las pruebas y dicten sentencia en contra del asesino de la doctora”.
En el escrito, los familiares informaron que en las audiencias del martes y miércoles de la semana pasada se presentaron pruebas y testimonios y confiaron que en las próximas audiencias que comienzan este martes se determinará la culpabilidad del detenido identificado como Edgar A.
Valoraron que el juez Edgardo Mendoza Falcón ha sido juez en casos de alto impacto en el estado como el del policía municipal de Chilpancingo implicado en el homicidio de dos jóvenes que fueron detenidos en la feria de la capital el 31 de diciembre del 2017, además del caso de la emboscada donde murieron tres militares que se dirigían al rancho El Pozo propiedad de la familia de Abel Montúfar Mendoza, asesinado el 8 de mayo de 2018 en Coyuca de Catalán.
