Procede porque desplegó un operativo sin inteligencia, y ordenar la liberación de un narcotraficante implica la comisión de un delito, argumenta
Ciudad de México, México 23 de octubre de 2019. La plataforma Futuro 21, integrada por organizaciones civiles y militantes del PRD, interpuso una solicitud de juicio político contra el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, por la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán.
En una conferencia de prensa rendida en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el abogado y representante jurídico de la organización, Antonio Vázquez especificó que la denuncia de juicio político se interpuso ante la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados.
Refirió que con ello se prevé que este comité, integrado por miembros de la Comisión de Justicia y de Gobernación, dictamine sobre lo ocurrido el 17 de octubre en Culiacán.
El litigante explicó que esta solicitud se basa en los artículos 109 y 110 de la Constitución y la Ley Federal de los Servidores Públicos en el artículo séptimo, que estipulan las faltas por las que un funcionario público puede ser acreedor a juicio político.
“En este caso, el juicio político, nosotros sostenemos que procede porque la acción del Secretario Durazo, primero de desplegar un operativo sin inteligencia, con improvisación puso en riesgo las instituciones democráticas y el buen funcionamiento de las instituciones del Estado de Sinaloa” apuntó.
“Pero además, el hecho específico de ordenar la liberación de un narcotraficante, implica la comisión de un delito. Estas dos conductas por sí mismas deben ser sancionadas en diferentes foros, pero basta el hecho de que por su ignorancia, su conducta o su mala fe, haya puesto en riesgo la vida democrática y de las instituciones de Sinaloa para que se le someta a juicio político”.
El abogado indicó que se puso en riesgo a la ciudadanía de Culiacán con las balaceras, bloqueos carreteros y la cancelación de vuelos.
“Incluso se canceló un partido de fútbol. Se puso en jaque a la ciudadanía de Culiacán y fue por la orden de Alfonso Durazo”, expuso.
Aclaró que de acuerdo con la ley, una solicitud de juicio político, se tiene un plazo de 70 a 90 días naturales para dictaminarla.
En el evento, los perredistas Jesús Zambrano y Jesús Ortega alzaron la voz para denostar esta acción del Gobierno federal, y manifestar que existe la esperanza de que este juicio proceda, y no ocurra como en anteriores sexenios.
Zambrano señaló que además de esta denuncia, se valorará si interpondrán más en otras instancias.
“Nosotros no renunciamos en modo alguno a presentar adicionalmente a lo que hoy hemos dado como elementos probatorios, la demanda de juicio político; otros que puedan y deban ser considerados como pruebas supervivientes.
“La Fiscalía General de la República en su caso, en su momento debiera investigarlo como el artículo 150 del código de penal, porque allí hay una evidente violación al orden legal, al orden constitucional expresamente señalado”, dijo.
Verónica Juárez, coordinadora de la bancada del PRD en San Lázaro, apuntó que esto probará la voluntad de Morena para hacer cumplir la ley.
“Lo que estaremos solicitando es que lo podamos desahogar lo antes posible. Evidentemente hay una mayoría, pero pues vamos a ver de qué están hechos, cuando dicen que el cumplimiento de la ley está por encima de todas las cosas, pero aquí además tenemos una responsabilidad todas las legisladoras y legisladores. Vamos a ver de qué está hecho Morena”, aseveró.
“De hecho en la última sesión que tuvimos en su comisión se desecharon alrededor de 80 solicitudes que tenían unas, inclusive, más de 10 a 15 años de lo que estamos haciendo desde las comisiones es como ponernos al día entorno lo que se requiere”, agregó.
Texto y foto: Agencia Reforma
