La petición de la agrupación de mujeres es también al Congreso local para que legisle y no se criminalice la interrupción del embarazo, y ante el Inmujeres. Reprochan al Gobernador del estado y al delegado federal que no las hayan recibido en audiencia para plantearles la demanda.
Chilpancingo, Guerrero, 9 de marzo de 2019. El Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero solicitó ante la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres (INM), una segunda declaratoria de Alerta de Género “por agravio comparado”, a fin de que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud y el Congreso local generen los mecanismos y reformas conducentes para la aplicación de la norma 049 respecto al aborto libre y legal en el estado.
En conferencia de prensa, Viridiana Gutiérrez Sotelo, del Observatorio Ciudadano, dio los argumentos de la demanda que se entregó ayer en la Ciudad de México.
Explicó que en Guerrero, la legislación y la política pública establecen distinciones y restricciones que transgreden particularmente los derechos reproductivos de las mujeres guerrerenses, así como el principio de igualdad y no discriminación.
Señaló que las mujeres continúan enfrentando restricciones y obstáculos para el acceso a servicios de salud para un aborto seguro y enfrentan un contexto de criminalización y estigma, porque el Código Penal del Estado sigue considerando la interrupción del embarazo como un tema de política criminal, no como un asunto de derechos humanos y de salud de las mujeres.
Recordó que la regulación “restringe innecesariamente el acceso a servicios especializados de salud para las mujeres guerrerense, porque establece un “candado” legal que limita el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”: la presentación de una demanda penal en casos de violación o inseminación forzada.
Reiteró que la Ley General de Víctimas no obliga a las mujeres agredidas a acudir ante el Ministerio Público para acceder a los servicios de salud, y contraviene a la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la cual no señala este requisito para el acceso al servicio especializado de salud.
Aclaró que la solicitud de la Alerta por agravio comparado se retrasó meses debido a las pláticas contenían con autoridades estatales.
Dijo que el gobernador Héctor Astudillo Flores nunca las escuchó, pese a las solicitudes de audiencia. Hablaron con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y con la secretaria de la Mujer, Mayra Martínez Pineda, y suponían que su propuesta estaba avanzando.
Sin embargo, añadió que en un foro en Acapulco a finales del año pasado, donde estuvo la anterior directora de la Conavim, Ángela Quiróga, las activistas confrontaron al secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos sobre el tema, y les respondió que nunca firmaría una circular para aprobar los abortos en el sector salud, fuera de la norma estatal, y que ‘si queríamos cambiar la legislación que lo hablaremos con el Congreso’”.
Cuestionaron que aún cumpliendo con la norma estatal, en Guerrero, las autoridades criminalizan a las mujeres que recurren a un aborto.
Detallaron un caso de acompañamiento en Ometepec, donde fue necesario indicar al personal médico la dosis apropiada para la ILE, después de tres días que una víctima de violación, embarazada estuvo internada recibiendo medicamento insuficiente.
Además, durante su internamiento, iban a verla policías y agentes del Ministerio Público al hospital, para evidenciar la atención que recibía y que debía ser privada.
Acompañada por defensoras de los derechos reproductivos de las mujeres, la activista señaló que secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, está impulsando un código nacional, y Morena había tenido una propuesta progresista sobre el aborto.
Pero cuestionó que en Guerrero tampoco son atendidas por el delegado estatal del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y en el Congreso sólo las atendió la diputada local de Morena, Norma Otilia Hernández, quien ofreció llegar el tema de la homologación de la legislación con la norma 046 a las mesas legislativas, y finalmente no ocurrió.
Por otro lado, informaron que en distintas partes del estado, hay anuncios donde invitan a mujeres embarazadas que deseen acceder a la ILE a que las llamen. Aseguraron que grupos religiosos como Provida, tratan de convencer a las mujeres para que terminen sus embarazos, desde una perspectiva religiosa.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
