Texto: Sonia Gerth, CIMAC Noticias / Fotos: Deportados Unidos en la Lucha (Facebook). En la imagen, Yolanda Varona y Ana Palacios López, activistas migrantes deportadas.
Ciudad de México, 11 de junio de 2018. Mujeres que llevaban 10, 15 o 20 años viviendo en Estados Unidos, tienen ahora la misma cantidad de años de “castigo”, periodo en el que tienen prohibido volver a ese país de manera legal.
Las políticas migratorias se volvieron más punitivas desde la administración del expresidente Barack Obama, cuyo gobierno tuvo un número récord de personas deportadas. Y ahora, con Donald Trump, las cosas han empeorado.
Durante el “Foro Migración y Separación Familiar”, que la semana pasada se realizó en la Ciudad de México, el quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa, refirió que encuestas realizadas a personas deportadas en puestos migratorios del norte muestran que en 2017 el promedio de años que las y los migrantes vivieron en Estados Unidos era de 10.
En lo que va de 2018, este promedio ha subido a 16 años. Esto significa que en muchos casos la persona construyó familia allá, él o la esposa tienen nacionalidad estadunidense, así como las hijas e hijos que nacieron ahí. Además, los vínculos con su lugar de origen, México, se debilitaron o se rompieron.
Es el caso de Ana Laura López, de 42 años de edad, quien durante el Foro relató que en 2001 migró a Estados Unidos, tuvo dos hijos y se construyó una vida en Chicago, donde ayudaba a grupos de migrantes, atendiendo a mujeres víctimas de violencia familiar.
En septiembre de 2016 quiso regular su estatus migratorio y compró un boleto para volar a México. En el aeropuerto fue detenida por agentes, quienes recurrieron a una “deportación exprés”. La expulsaron y le prohibieron regresar en 20 años. “Ahí cambió mi vida. Todo lo que había trabajado y lo que esperaba para mi futuro terminó”, dijo entre llanto.
Cuando llegó a México todo fue difícil para ella, porque los lazos familiares ya se habían desvanecido. Ana Laura no encontró ayuda para apelar su caso. Le dio vergüenza admitir que era deportada. Y es en ese punto que hubiera esperado ayuda del Estado, explicó.
“No pedimos cosas extraordinarias”, dijo López en entrevista, “pero eso sí, que el gobierno haga su trabajo”. Luego enumeró los problemas que las y los recién llegados tienen para obtener su credencial de elector, sobre todo en tiempos electorales. “¡Casi imposible!”
Sin la credencial no pueden abrir una cuenta bancaria ni alquilar casa y tampoco conseguir un trabajo, porque el pasaporte no es aceptado para estos fines. Sin trabajo no tienen dinero para sus gastos y mucho menos para pagar abogadas o abogados estadunidenses que lleven sus casos.
Si traen a sus hijos o hijas, y éstos tienen nacionalidad estadunidense, no pueden ingresar a la escuela ni al sistema de salud, y para acudir a institutos privados sale muy caro para las personas que regresaron a México, muchas sólo con la ropa que llevaban puesta.
El Estado no ayuda con lo que debería de hacer, y sus oficiales no escuchan las voces de las deportadas, señaló Yolanda Varona Palacios, de Tijuana, Baja California. Ella tiene ocho años de haber regresado a México, después de que la migración le negó el ingreso luego de un viaje.
Con su hija tiene contacto todos los días, pero debido a que no está documentada, la chica no puede visitar a su madre. El único contacto físico, señaló, ha sido un toque del dedo a través de las rejas en la frontera. “Quiero abrazarla, no es lo mismo estar en contacto en línea”. Su sueño, abundó, es volver a reunirse con su familia en Estados Unidos.
“Que nos conozcan, que hablen de personas reales y no estadísticas”, es la propuesta de Varona Palacios. “Somos personas honestas, sólo queremos estar con nuestros hijos”, dijo, y relató que las personas deportadas enfrentan muchos prejuicios, como por ejemplo asociarlos con drogas.
A pesar de sus ocho años de lucha, no ha visto que representantes del gobierno se hayan interesado en escuchar sus historias e integrarlas a estrategias para atender a las personas deportadas, recalcó.
En el foro “Migración y Separación Familiar”, que se realizó en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, estuvo presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, responsable de atender asuntos de mexicanos en el extranjero, quien habló del procedimiento que se sigue en caso de que la madre y el padre de un menor de edad sean deportados y no tengan más familia en Estados Unidos.
Pero los casos de las personas migrantes son complicados. Por ejemplo, si las niñas tienen nacionalidad estadunidense y el padre también, la madre fue deportada a México y ambos disputan la custodia, es improbable que ella gane el asunto, tomando en cuenta, entre otras cosas, la falta de recursos económicos.
La falta de atención del Estado y también de apoyo familiar llevaron a Yolanda Varona Palacios y a Ana Laura López a fundar sus propias organizaciones de apoyo: “Dreamers Moms USA”, un grupo de mujeres deportadas radicadas en Tijuana, y “Deportados Unidos en la Lucha”, que se encuentra en la Ciudad de México.
Estos grupos son la red de apoyo que les ayuda a sobrellevar el dolor. Sus integrantes entienden que después de pasar tantos años de vida en Estados Unidos, ahora tienen el sentimiento de no pertenecer a ninguna parte, es decir, de estar en medio. Porque las y los migrantes también se distanciaron de su país natal, y el sueño que persiguen es volver a instalarse en ese país.
Un sueño que parece lejano con las penalidades de hasta 20 años que les impusieron. Sin embargo, no pierden la esperanza y encuentran la fuerza para seguir luchando por sus derechos en los grupos de apoyo.
