Karla Galarce Sosa
El fiscal especial en Desaparición Forzada, de la Procuraduría General de la República (PGR), Abel Galván Gallardo, dijo que Tamaulipas, Guerrero, Veracruz y Michoacán son las entidades del país que tienen el mayor número de casos de desapariciones forzadas, pero no precisó cifras, de ahí que la PGR dé “acompañamiento” junto con las fiscalías de los estados en las investigaciones.
Añadió que Guerrero presenta una “tendencia a esta problemática”, sin embargo, mencionó que no se tienen “censores” con los cuales se establezca la entidad se en número de desapariciones forzadas, sino que se tienen zonas identificadas, en las cuales se debe garantizar la aplicación de la ley aprobada en 2017.
En breves declaraciones a reporteros durante la 39 Asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), que terminó este viernes en el hotel Princess del Acapulco Diamante, informó que habrá trabajo conjunto entre la PGR y las fiscalías de las entidades, para garantizar a las familias de las víctimas la aplicación de la justicia.
“Estamos en ese acompañamiento con las autoridades locales, tenemos ese compromiso, no sólo de implementación de la ley, sino garantizar el acompañamiento técnico con las autoridades de los estados. En este caso, claro que históricamente hay unas regiones del país con este problema mayor, como son Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Michoacán”, dijo.
“No podemos hablar de un censor, estamos hablando de tramos de control definitivos, donde tenemos que garantizar a las familias la aplicación verdadera de una nueva ley que es la de desaparición forzada. Es decir, que el Ministerio Público ejecute, no sólo aplique el mecanismo de búsqueda, sino ahora la investigación, lo cual anteriormente, ante la inexistencia de una ley, pues no teníamos una investigación profunda, garantizada de las familias y ahora con esta ley, tenemos que garantizar no sólo la PGR, sino los estados, aplicar tal cual la ley, realizar labores de investigación”, precisó el fiscal.
De si existen corporaciones policiacas involucradas en desaparición forzada, Galván Gallardo sostuvo que se investiga desde la posible participación de un servidor público, hasta las bandas criminales, pero también añadió que se tiene la desaparición cometida por particulares, como un nuevo tipo penal.
Explicó que “tiene que haber un equilibrio para identificar cuáles corresponden a un caso y a otro, y determinar cuáles serán las conductas, no solamente en la investigación en lo particular, sino en forma colegiadas, paralelas, que pudieran estar relacionadas un grupo con otro”.
Informó que como parte de las conclusiones de la asamblea de procuradores y fiscales del país, se acordó que el protocolo de actuación de la ley de desaparición forzada entrará en vigor antes del 15 de julio, lo que dará pauta para trabajar en coordinación con los estados, para atender los casos de desapariciones forzadas que existen.
