Al Bashir publicó el lunes una serie de decretos con medidas en respuesta a la mayor ola de protestas en décadas en el país árabe que incluye la prohibición de cualquier tipo de manifestación que no haya recibido autorización previa.
Jartum, Sudán, 27 de febrero de 2019. Las autoridades de Sudán han restaurado el acceso a internet en el país tras más de dos meses de bloqueo en el marco de las protestas contra el presidente, Omar Hasán al Bashir, quien la semana pasada declaró el estado de emergencia y disolvió el Gobierno.
Durante el bloqueo, los activistas han recurrido a VPNs para organizar y documentar las protestas, por lo que existe el temor de que las autoridades busquen identificar y detener a aquellos que vuelvan a las redes sociales sin utilizar esta vía, según ha informado la cadena de televisión BBC.
Al Bashir publicó el lunes una serie de decretos con medidas en respuesta a la mayor ola de protestas en décadas en el país árabe que incluye la prohibición de cualquier tipo de manifestación que no haya recibido autorización previa.
La presidencia emitió una nota oficial que incluye además la prohibición de cualquier tipo de comercio o acaparamiento de productos petroleros y mercancías subsidiadas y una nueva normativa sobre el transporte de moneda extranjera y oro.
Además, las fuerzas de seguridad tendrán permiso para registrar cualquier edificio, restringir el movimiento de las personas y el transporte público, para incautarse de propiedades en el marco de investigaciones y para detener a sospechosos de delitos tipificados en la normativa sobre el estado de emergencia.
Igualmente Al Bashir autorizó a la Fiscalía a revocar la inmunidad parlamentaria de cualquier político y crea unos nuevos tribunales para casos relacionados con el estado de emergencia.
Las protestas contra Al Bashir
El país ha sido escenario de multitudinarias manifestaciones desde finales de diciembre para pedir la salida del poder de Al Bashir y protestar contra el empeoramiento de las condiciones de vida.
Hasta el momento, las autoridades han contabilizado más de 30 muertos en el marco de las manifestaciones, incluidos dos policías. Grupos de Derechos Humanos estiman en al menos 40 los fallecidos durante estas protestas, las más importantes desde que Al Bashir llegó al poder en un golpe de Estado en 1989.
En discursos previos, Al Bashir ha responsabilizado de las protestas a “agentes” extranjeros y ha retado a sus rivales a tratar de llegar al poder a través de las urnas. Asimismo, ha advertido de que no permitirá ninguna ‘Primavera Árabe’, en alusión a la ola de protestas que sacudió Oriente Próximo y el norte de África en 2011.
Sobre Al Bashir pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por genocidio y crímenes contra la Humanidad por los presuntos abusos cometidos en la provincia de Darfur. Hasta ahora se ha librado del procesamiento al evitar su detención viajando sólo a países aliados.
Al Bashir publicó el lunes una serie de decretos con medidas en respuesta a la mayor ola de protestas en décadas en el país árabe que incluye la prohibición de cualquier tipo de manifestación que no haya recibido autorización previa.
La presidencia emitió una nota oficial que incluye además la prohibición de cualquier tipo de comercio o acaparamiento de productos petroleros y mercancías subsidiadas y una nueva normativa sobre el transporte de moneda extranjera y oro.
Además, las fuerzas de seguridad tendrán permiso para registrar cualquier edificio, restringir el movimiento de las personas y el transporte público, para incautarse de propiedades en el marco de investigaciones y para detener a sospechosos de delitos tipificados en la normativa sobre el estado de emergencia.
Igualmente Al Bashir autorizó a la Fiscalía a revocar la inmunidad parlamentaria de cualquier político y crea unos nuevos tribunales para casos relacionados con el estado de emergencia.
Las protestas contra Al Bashir
El país ha sido escenario de multitudinarias manifestaciones desde finales de diciembre para pedir la salida del poder de Al Bashir y protestar contra el empeoramiento de las condiciones de vida.
Hasta el momento, las autoridades han contabilizado más de 30 muertos en el marco de las manifestaciones, incluidos dos policías. Grupos de Derechos Humanos estiman en al menos 40 los fallecidos durante estas protestas, las más importantes desde que Al Bashir llegó al poder en un golpe de Estado en 1989.
En discursos previos, Al Bashir ha responsabilizado de las protestas a “agentes” extranjeros y ha retado a sus rivales a tratar de llegar al poder a través de las urnas. Asimismo, ha advertido de que no permitirá ninguna ‘Primavera Árabe’, en alusión a la ola de protestas que sacudió Oriente Próximo y el norte de África en 2011.
Sobre Al Bashir pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por genocidio y crímenes contra la Humanidad por los presuntos abusos cometidos en la provincia de Darfur. Hasta ahora se ha librado del procesamiento al evitar su detención viajando sólo a países aliados.
Al Bashir reestructura el Consejo Militar de Sudán en medio de las multitudinarias protestas en su contra
El presidente de Sudán, Omar Hasán al Bashir, ha aprobado este martes un decreto reestructurando el Consejo Militar y ha nombrado al hasta ahora ‘número dos’ del organismo como secretario de Estado para Defensa, en el marco de su respuesta a las multitudinarias manifestaciones contra su mandato.
Según las informaciones facilitadas por la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA, la mayoría de los miembros del Consejo Militar, integrado por ocho personas, han cambiado posiciones, sin que haya más detalles al respecto.
Un portavoz del Ejército citado por la agencia ha señalado que se trata de “cambios normales, de rutina, que tienen lugar de vez en cuando”, sin pronunciarse tampoco sobre los motivos de Al Bashir para proceder a la reestructuración.
El mandatario publicó el lunes una serie de decretos con medidas en respuesta a la mayor ola de protestas en décadas en el país árabe que incluye la prohibición de cualquier tipo de manifestación que no haya recibido autorización previa.
La Presidencia emitió una nota oficial que incluye además la prohibición de cualquier tipo de comercio o acaparamiento de productos petroleros y mercancías subsidiadas y una nueva normativa sobre el transporte de moneda extranjera y oro.
Además, las fuerzas de seguridad tendrán permiso para registrar cualquier edificio, restringir el movimiento de las personas y el transporte público, para incautarse de propiedades en el marco de investigaciones y para detener a sospechosos de delitos tipificados en la normativa sobre el estado de emergencia.
Igualmente Al Bashir autorizó a la Fiscalía a revocar la inmunidad parlamentaria de cualquier político y crea unos nuevos tribunales para casos relacionados con el estado de emergencia.
El presidente declaró el 22 de febrero el estado de emergencia durante un periodo de un año, disolvió los gobiernos estatales y central y suspendió el proceso de reforma constitucional para habilitarle para una nueva reelección en los comicios de 2020.
Las protestas contra Al Bashir
El país ha sido escenario de multitudinarias manifestaciones desde finales de diciembre para pedir la salida del poder de Al Bashir y protestar contra el empeoramiento de las condiciones de vida.
Hasta el momento, las autoridades han contabilizado más de 30 muertos en el marco de las manifestaciones, incluidos dos policías. Grupos de Derechos Humanos estiman en al menos 40 los fallecidos durante estas protestas, las más importantes desde que Al Bashir llegó al poder en un golpe de Estado en 1989.
Un asesor de la Presidencia de Sudán rechazó a principios de febrero los llamamientos a favor de la creación de un gobierno de transición y reiteró que la salida del poder de Al Bashir tendrá lugar únicamente a través de las urnas.
En discursos previos, Al Bashir ha responsabilizado de las protestas a “agentes” extranjeros y ha retado a sus rivales a tratar de llegar al poder a través de las urnas. Asimismo, ha advertido de que no permitirá ninguna ‘Primavera Árabe’, en alusión a la ola de protestas que sacudió Oriente Próximo y el norte de África en 2011.
Sobre Al Bashir pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por genocidio y crímenes contra la Humanidad por los presuntos abusos cometidos en la provincia de Darfur. Hasta ahora se ha librado del procesamiento al evitar su detención viajando sólo a países aliados.
Según las informaciones facilitadas por la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA, la mayoría de los miembros del Consejo Militar, integrado por ocho personas, han cambiado posiciones, sin que haya más detalles al respecto.
Un portavoz del Ejército citado por la agencia ha señalado que se trata de “cambios normales, de rutina, que tienen lugar de vez en cuando”, sin pronunciarse tampoco sobre los motivos de Al Bashir para proceder a la reestructuración.
El mandatario publicó el lunes una serie de decretos con medidas en respuesta a la mayor ola de protestas en décadas en el país árabe que incluye la prohibición de cualquier tipo de manifestación que no haya recibido autorización previa.
La Presidencia emitió una nota oficial que incluye además la prohibición de cualquier tipo de comercio o acaparamiento de productos petroleros y mercancías subsidiadas y una nueva normativa sobre el transporte de moneda extranjera y oro.
Además, las fuerzas de seguridad tendrán permiso para registrar cualquier edificio, restringir el movimiento de las personas y el transporte público, para incautarse de propiedades en el marco de investigaciones y para detener a sospechosos de delitos tipificados en la normativa sobre el estado de emergencia.
Igualmente Al Bashir autorizó a la Fiscalía a revocar la inmunidad parlamentaria de cualquier político y crea unos nuevos tribunales para casos relacionados con el estado de emergencia.
El presidente declaró el 22 de febrero el estado de emergencia durante un periodo de un año, disolvió los gobiernos estatales y central y suspendió el proceso de reforma constitucional para habilitarle para una nueva reelección en los comicios de 2020.
Las protestas contra Al Bashir
El país ha sido escenario de multitudinarias manifestaciones desde finales de diciembre para pedir la salida del poder de Al Bashir y protestar contra el empeoramiento de las condiciones de vida.
Hasta el momento, las autoridades han contabilizado más de 30 muertos en el marco de las manifestaciones, incluidos dos policías. Grupos de Derechos Humanos estiman en al menos 40 los fallecidos durante estas protestas, las más importantes desde que Al Bashir llegó al poder en un golpe de Estado en 1989.
Un asesor de la Presidencia de Sudán rechazó a principios de febrero los llamamientos a favor de la creación de un gobierno de transición y reiteró que la salida del poder de Al Bashir tendrá lugar únicamente a través de las urnas.
En discursos previos, Al Bashir ha responsabilizado de las protestas a “agentes” extranjeros y ha retado a sus rivales a tratar de llegar al poder a través de las urnas. Asimismo, ha advertido de que no permitirá ninguna ‘Primavera Árabe’, en alusión a la ola de protestas que sacudió Oriente Próximo y el norte de África en 2011.
Sobre Al Bashir pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por genocidio y crímenes contra la Humanidad por los presuntos abusos cometidos en la provincia de Darfur. Hasta ahora se ha librado del procesamiento al evitar su detención viajando sólo a países aliados.
El líder rebelde Thomas Cirillo promete “resistir al régimen” de Kiir y rechaza el acuerdo de paz
Sudán del Sur. Thomas Cirillo, líder del grupo rebelde Frente de Salvación Nacional (FSN), recalcó este martes que sus fuerzas se defenderán en caso de ser atacadas por el Ejército y ha prometido “resistir al régimen” del presidente, Salva Kiir.
“Quiero decir al pueblo de Sudán del Sur que nunca hemos atacado a las tropas gubernamentales. Es el Gobierno el que ha estado lanzando ataques contra nuestras posiciones para forzarnos a firmar el acuerdo (de paz)”, ha dicho.
“Nunca nos rendiremos y nuestra gente resistirá a este régimen. Nos defenderemos a nosotros mismos y a los derechos del pueblo de Sudán del Sur hasta que encontremos una solución a nuestros problemas para reconstruir nuestro país y reconciliar a nuestra gente”, ha agregado.
Cirillo, que se ha negado a firmar el acuerdo de paz ratificado por Kiir y el principal líder rebelde, Riek Machar, ha señalado que el mismo “no traerá la paz a Sudán del Sur y no devolverá el poder a la población”, según ha informado la emisora Radio Tamazuj.
“Queremos un acuerdo de paz que pueda hacer frente a las causas que están en la raíz del conflicto en Sudán del Sur para poder poner fin a la guerra. Nos negamos a firmar el acuerdo. Creemos que no es una solución a nuestros problemas”, ha defendido.
Las palabras del líder rebelde han llegado un día después de su reunión con el enviado especial para Sudán del Sur de la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo de África Oriental (IGAD), Ismail Wais, quien recalcó la necesidad de poner fin a las hostilidades.
Según un comunicado publicado por el organismo regional, Wais pidió a Cirillo “que dé a los actuales contactos una oportunidad de éxito silenciando las armas”, al tiempo que pidió al resto de partes implicadas en los enfrentamientos que respeten el acuerdo de alto el fuego.
Los últimos enfrentamientos
La violencia estalló el 19 de enero y enfrenta al Ejército sursudanés con miembros del FSN. Además de impedir el acceso de la ayuda humanitaria a las zonas afectadas, los enfrentamientos también han provocado un éxodo difícil de cuantificar por ahora.
Las fuerzas de Kiir y las de Machar, antiguo vicepresidente, se han enfrentado desde finales de 2013. Las dos partes firmaron en septiembre el último acuerdo de paz, con el que se comprometieron a compartir el poder y a poner fin a la guerra civil en Sudán del Sur.
Este acuerdo contempla la restitución de Machar en el puesto de vicepresidente, así como la creación de un Gobierno de unidad en el que tendrá la mayoría el actual Ejecutivo. Asimismo, Kiir permanecerá en el puesto de presidente.
Las partes tendrán ahora ocho meses para formar un gobierno de transición, que estará en vigor durante un periodo de tres años.
Los combates en Sudán del Sur han desarraigado alrededor de una cuarta parte de sus 12 millones de habitantes, han destruido la producción de petróleo y han arruinado una economía ya de por sí muy empobrecida.
“Quiero decir al pueblo de Sudán del Sur que nunca hemos atacado a las tropas gubernamentales. Es el Gobierno el que ha estado lanzando ataques contra nuestras posiciones para forzarnos a firmar el acuerdo (de paz)”, ha dicho.
“Nunca nos rendiremos y nuestra gente resistirá a este régimen. Nos defenderemos a nosotros mismos y a los derechos del pueblo de Sudán del Sur hasta que encontremos una solución a nuestros problemas para reconstruir nuestro país y reconciliar a nuestra gente”, ha agregado.
Cirillo, que se ha negado a firmar el acuerdo de paz ratificado por Kiir y el principal líder rebelde, Riek Machar, ha señalado que el mismo “no traerá la paz a Sudán del Sur y no devolverá el poder a la población”, según ha informado la emisora Radio Tamazuj.
“Queremos un acuerdo de paz que pueda hacer frente a las causas que están en la raíz del conflicto en Sudán del Sur para poder poner fin a la guerra. Nos negamos a firmar el acuerdo. Creemos que no es una solución a nuestros problemas”, ha defendido.
Las palabras del líder rebelde han llegado un día después de su reunión con el enviado especial para Sudán del Sur de la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo de África Oriental (IGAD), Ismail Wais, quien recalcó la necesidad de poner fin a las hostilidades.
Según un comunicado publicado por el organismo regional, Wais pidió a Cirillo “que dé a los actuales contactos una oportunidad de éxito silenciando las armas”, al tiempo que pidió al resto de partes implicadas en los enfrentamientos que respeten el acuerdo de alto el fuego.
Los últimos enfrentamientos
La violencia estalló el 19 de enero y enfrenta al Ejército sursudanés con miembros del FSN. Además de impedir el acceso de la ayuda humanitaria a las zonas afectadas, los enfrentamientos también han provocado un éxodo difícil de cuantificar por ahora.
Las fuerzas de Kiir y las de Machar, antiguo vicepresidente, se han enfrentado desde finales de 2013. Las dos partes firmaron en septiembre el último acuerdo de paz, con el que se comprometieron a compartir el poder y a poner fin a la guerra civil en Sudán del Sur.
Este acuerdo contempla la restitución de Machar en el puesto de vicepresidente, así como la creación de un Gobierno de unidad en el que tendrá la mayoría el actual Ejecutivo. Asimismo, Kiir permanecerá en el puesto de presidente.
Las partes tendrán ahora ocho meses para formar un gobierno de transición, que estará en vigor durante un periodo de tres años.
Los combates en Sudán del Sur han desarraigado alrededor de una cuarta parte de sus 12 millones de habitantes, han destruido la producción de petróleo y han arruinado una economía ya de por sí muy empobrecida.
Texto: Europa Press / Foto: Twitter
