Texto: Apro/ Agencia Reforma / Foto: Especial
Ciudad de México, 8 de junio de 2018. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió por nueve meses a la magistrada María del Carmen Torres Medina, luego de demostrarse que incurrió en hostigamiento y/o acoso laboral en contra de al menos nueve servidores públicos bajo su mando.
En un comunicado, el CJF precisó que los hechos ocurrieron cuando Torres Medina se desempeñaba como integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero.
Detalló que el procedimiento administrativo de responsabilidad iniciado contra la magistrada comprobó que del 1 de mayo y hasta el 6 de agosto de 2015 –aprovechando su calidad de superior jerárquico—“incurrió de forma sistemática, habitual y reiterada en comportamientos hostiles, ofensivos, humillantes, denostativos y restrictivos en contra del personal a su cargo”.
Este proceder atentó contra los derechos fundamentales de los trabajadores “por resultar trasgresor a su dignidad, así como de su derecho a un ambiente laboral armónico, de respeto y cordialidad”, abundó.
De igual manera, ejerció violencia psicológica en contra de una servidora pública a la cual, además de faltarle al respeto reiteradamente, le impidió gozar de su derecho a la lactancia, “lo que probablemente puso en riesgo el interés superior de su menor hija”, al imposibilitarle la satisfacción de una necesidad básica como la alimentación.
Por tratarse de una suspensión, y no de una destitución, Torres no pudo impugnarla ante la Corte, ni tampoco presentó recurso de reconsideración ante el CJF, por lo que ya esta cumpliendo su sanción.
Los funcionarios judiciales que son suspendidos de manera precautoria para investigación pueden seguir cobrando parte de su salario, pero cuando la suspensión se impone como castigo al concluir el procedimiento de responsabilidad, se aplica sin goce de sueldo.
En el pasado, la Corte ha facilitado el regreso a funciones de Magistrados que incurren, de manera reiterada, en abusos contra sus empleados.
Un ejemplo es Héctor Gálvez, integrante del tribunal colegiado de Ciudad Reynosa que esta semana ordenó crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa.
Gálvez fue destituido en 2004 por acosar sexualmente a tres empleadas de un tribunal de Torreón, y un año antes había sido suspendido tres meses por la misma conducta cuando era Juez de Distrito en Mexicali.
Veterano de 45 años en el Poder Judicial, sigue en funciones porque, en agosto de 2005, la Corte resolvió que el acoso sexual que cometió en Torreón sí estaba probado, pero el CJF no hizo las ponderaciones técnicas necesarias para justificar la gravedad de la conducta.
La Corte estableció además que no se podía tomar en cuenta para fines de reincidencia el antecedente de que, en 2003, el CJF había sancionado a Gálvez con suspensión de tres meses, por el acoso cotidiano a sus empleadas en el Juzgado Primero de Distrito en Mexicali de 1993 a 2000.
A fin de cuentas, sólo fue sancionado con suspensión de un año sin goce de sueldo por sus abusos en Torreón.
(Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del Consejo de la Judicatura Federal).