Tegucigalpa, Honduras, 17 de septiembre de 2018. El juicio oral y público contra ocho acusados por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, el 3 de marzo de 2016, fue suspendido hoy por la presentación de cinco recursos de amparo y una recusación al tribunal de sentencia, informó una fuente oficial.
“La audiencia se ha suspendido pese a que se abrió el juicio oral y público tal como corresponde; no obstante, no se puede señalar una fecha de continuidad hasta que la Corte de Apelaciones resuelva los amparos y la recusación que han sido presentados”, dijo a los periodistas el portavoz del Supremo hondureño, Melvin Duarte.
Agregó que el juicio se abrió “con la presencia de las partes”, pero que fue suspendido por la presentación de los recursos, “algunos por el Copinh (Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y diferentes tipos de defensa”.
“Por lo tanto, ninguna acción o diligencia puede realizarse en este tribunal de sentencia hasta que se conozca cuál es el parecer o la resolución de la autoridad superior, en este caso la Corte de Apelaciones”, subrayó Duarte.
En efecto, el Copinh, familiares y la defensa que lleva el caso de Berta Cáceres, indicó en un comunicado que hoy interpusieron “una acción de recusación contra el Tribunal de Sentencia de la Sala Primera”.
“Lo que significa que rechazamos su accionar y su aptitud para conocer de este caso y solicitamos que sean reemplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso”, se añade en el comunicado.
Señala además que asumen “la tarea de búsqueda de justicia no solamente con el ánimo de encontrar justicia para el caso del vil crimen contra Berta Cáceres, sino entendiéndolo como la oportunidad de brindar al pueblo hondureño la reivindicación de la justicia con la verdad”.
También debe entenderse como “la oportunidad de enfrentar y desmontar las estructuras que continúan actuando en contra de las comunidades hondureñas y el Estado de Derecho. Exigimos justicia, pero no a toda costa ni de cualquier manera”, subraya el comunicado.
Una de las hijas de la ambientalista asesinada, Berta Zúñiga, dijo a Efe que esperan “que haya un cambio de tribunal para llevar un debido proceso debido a las falencias que ha tenido este tribunal en resolver cosas como el contexto”.
Además, se ha incurrido “en faltas de respeto y la restricción que hemos tenido para poder acceder a un juicio oral y público”, enfatizó Zúñiga.
El asesinato de Berta Cáceres
El comienzo del proceso fue presenciado tanto por observadores nacionales como internacionales y captó la atención de la prensa local y extranjera.
Los ocho imputados son acusados por los delitos de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres y tentativa de asesinato en contra de un amigo suyo, que el día del crimen resultó herido.
Los alrededores de ese Tribunal permanecían militarizados en la mañana de este lunes, para evitar que se produjeran disturbios, debido a que se esperaba la presencia de los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
La líder indígena lenca fue ultimada a balazos la madrugada del 3 de marzo de 2016 en su casa de la residencial El Líbano del municipio de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, a 200 kilómetros de Tegucigalpa.
Desconocidos entraron a la vivienda y en medio de la oscuridad le dispararon a Cáceres y a su amigo, el también ambientalista Gustavo Castro, de nacionalidad mexicana, quien resultó herido y se convirtió en uno de los principales testigos de ese asesinato.
Desde ese día, sus familiares señalaron como responsables del crimen a trabajadores y ejecutivos de un proyecto hidroeléctrico que se pretende construir sobre el río en la comunidad de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara. La compañía siempre ha rechazado las acusaciones.
Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), había librado una dura batalla para frenar la construcción de esa represa, debido a que consideraba que la concesión se otorgó de forma ilegal, motivo por el cual recibió amenazas, según cuentan sus parientes.
Ocho de los implicados fueron capturados pocos días después del asesinato, mientras que el noveno, presidente ejecutivo de la empresa que desarrolla la represa, fue detenido en marzo de 2018 y es procesado por asociación ilícita y asesinato. La Justicia aún deberá determinar si es sometido a juicio.
Notas relacionadas
https://devtest.suracapulco.mx/2017/10/31/el-asesinato-de-berta-caceres-un-crimen-en-alianza-con-el-estado/
