Ve investigadora del Colegio de la Frontera Norte “insensibilidad” de las autoridades por regresar a los paisanos a México por una zona riesgosa.
El Sur / Ciudad de México, 22 de febrero de 2020. El hecho se mencionó los primeros días de febrero en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador: Guerrero fue la entidad con el mayor número de personas migrantes repatriadas a México en 2019. Un total de 22 mil 627 guerrerenses fueron regresados, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).
A esta situación no voluntaria, se sumó un problema más grave para ellos: ser enviados a ciudades fronterizas como Matamoros, Nuevo Laredo o Reynosa, en el estado de Tamaulipas, donde corren el riesgo de convertirse en blanco de secuestro y extorsión por parte de grupos criminales.
En el papel, el programa de repatriación del Instituto Nacional de Migración (INM) ordena por puntos concisos la atención que se brinda a la personas mexicanas repatriadas desde Estados Unidos y Canadá para asegurarles “un trato digno y seguro, respetando en todo momento sus derechos humanos”. En la práctica, la realidad puede ser otra.
La recepción puede quedarse en mera formalidad con irregularidades que van desde alimentos de baja calidad que se echan a perder rápidamente hasta fallas en la atención sanitaria, ya que los horarios de las deportaciones no siempre coinciden con los del servicio médico del INM.
“Los acuerdos internacionales precisan que la deportación tiene que darse en ciertos horarios. Con la administración de Donald Trump, pero también se había dado con Barack Obama, se hacen deportaciones a las 12 de la noche y de muchas personas”, dice a El Sur Cirila Quintero, socióloga investigadora del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
“Además, la deportación se debería hacer hacia lugares seguros y a menudo vemos que no es así. En 2010 sucedió la masacre de San Fernando y la gente empezó a buscar otras rutas: se fue hacia Coahuila, por Saltillo o Piedras Negras. Pero de 2014 a la fecha se sigue deportando gente hacia aquí”.
Para la académica, la deportación de los migrantes vía un estado tan riesgoso como Tamaulipas es una práctica que denota “insensibilidad”.
Ya en 2018, desde Reynosa, Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que las deportaciones nocturnas ponen en riesgo la integridad de las personas retornadas y agudizan la ansiedad que de por sí caracteriza a este proceso traumático.
En Matamoros, la presencia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o los mismos Médicos Sin Fronteras garantiza hoy un cierto nivel de protección y seguridad, explica Juan Sierra, director de la Casa del Migrante, en entrevista con El Sur. No es así en otras entidades, por ejemplo Nuevo Laredo o Reynosa.
Tan cerca de EU y tan lejos de Guerrero
A principios de agosto de 2019, Aarón Méndez, director de la Casa del Migrante Amar de Nuevo Laredo, fue desaparecido por presuntos miembros del crimen organizado por haber tratado de impedir el secuestro de unos migrantes cubanos. A la fecha nada se sabe de su paradero.
No obstante, la mayor parte de personas migrantes guerrerenses repatriadas en 2019 ingresaron al país por Tamaulipas, confirma Fabián Morales Marchán, titular de la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero.
“Firmamos un convenio con el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes con el objetivo de apoyar a los deportados de manera conjunta y brindamos ayuda a quienes no cuentan con recursos para llegar a su lugar de origen”, indica Morales, sin especificar cuántos guerrerenses fueron atendidos en la entidad fronteriza.
“También manejamos la estrategia Guerrero contigo –añade Morales– en la cual cooperan todas las dependencias estatales porque no serían suficientes los recursos que tiene la Secretaría de Migrantes”.
Para la Casa del Migrante en Matamoros, febrero permite un breve descanso. El sistema de rotación previsto por el programa de repatriación establece que este mes le toca a Reynosa ser puerta de ingreso a México para los deportados desde Estados Unidos. En marzo le tocará a Nuevo Laredo.
“En enero recibimos alrededor de mil 500 personas deportadas, no fueron muchas”, comenta por su lado Juan Sierra.
Cuando le toca temporada de deportaciones, en la Casa del Migrante se alistan para dar la bienvenida a quienes son regresados a México. Cuentan con una oficina en la central de autobuses de Matamoros y ahí coordinan las acciones de apoyo: distribuyen alimentos, ofrecen dos líneas telefónicas y computadoras para quienes necesiten ponerse en contacto con familiares o amigos, entregan copias de documentos del INM.
Asimismo, orientan en la compra de boletos de autobuses para evitar las estafas. Muchas personas repatriadas conocen muy poco del país al cual han sido devueltos como paquetes postales.
Si por alguna razón los deportados no pueden viajar, entonces se hospedan en la Casa del Migrante. Aunque la estancia permitida es de tres días, últimamente hay quienes se quedan hasta un mes o más, menciona Sierra. Desde que se retiraron los recursos establecidos por el Fondo de Apoyo al Migrante –a Tamaulipas se destinaron más de 26 millones de pesos en 2018–, para muchos repatriados la movilidad resulta más difícil.
“Hasta hace dos años hubo un apoyo para el transporte, eran mil 200 pesos, pero no alcanzaban para el boleto a Guerrero. Nosotros hicimos rutas, para que se ajustara al presupuesto.
“El estado de Guerrero nos depositaba unos 20 mil pesos de manera periódica para que la gente pudiera regresarse –resalta Sierra–. Sacábamos su CURP, hacíamos un documento a nombre del estado de Guerrero en donde se anexaba la copia del boleto para la persona que viajaba. Fue el único estado con el cual colaboramos para que pudiéramos costear los boletos. Mandábamos los comprobantes y el gobierno de Guerrero nos reponía lo que habíamos gastado”.
Sólo 30 personas atienden a miles de repatriados
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Segob, de los 22 mil 627 guerrerenses deportados de Estados Unidos durante el año pasado, la inmensa mayoría eran hombres: 18 mil 163; mientras que las mujeres fueron 3 mil 464.
En el total de personas repatriadas se encuentran mil 721 menores de edad de origen guerrerense; de éstos, mil 563 tenían entre 12 y 17 años, y 158 eran menores de 11 años.
Si bien el reporte de 2019 presenta una leve disminución con respecto al año anterior –cuando fueron deportadas 22 mil 951 personas–, Guerrero se posicionó por cuarto año consecutivo como el estado de origen de la mayor parte de las personas repatriadas desde Estados Unidos.
Le siguen Oaxaca, con 19 mil 654; Michoacán, con 18 mil 69; Guanajuato, con 14 mil 479; Chiapas, con 13 mil 142, y Veracruz, con 12 mil 546.
En palabras de Fabián Morales, el alto número de guerrerenses repatriados tiene que ver con que se trate de una migración relativamente joven y con poco arraigo en el país de destino, entre otros factores.
La Secretaría de Migración que encabeza –admite Morales Marchán en entrevista con El Sur– no cuenta con un censo de la población guerrerense deportada desglosado, que registre el municipio de origen o las circunstancias de deportación.
“La escasez económica y la falta de personal son nuestras principales limitaciones. Los enlaces que tenemos en los 81 municipios nos ayudan a abarcar todo el estado. Somos sólo 30 personas y no podríamos tener un alcance tan amplio”.
Desde que el gobierno federal retiró el Fondo de Apoyo a Migrantes, la Secretaría de Migrantes ha tratado de encontrar recursos de otras maneras. El Fondo, creado para fomentar el autoempleo de migrantes repatriadas, así como para apoyar a los albergues que les brindan atención, no fue incluido en el Presupuesto federal del año pasado. En 2018, su último año de vida, contó con 300 millones de pesos; de éstos, a Guerrero se destinaron cerca de 23 millones de pesos.
“En el pasado –continúa el secretario– había un proyecto para que los retornados pudieran emprender un negocio y ser autosustentables. Hoy por medio de otras instituciones, como la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría del Trabajo, canalizamos a los migrantes que retornan para que sean beneficiados y los podamos arraigar en Guerrero”.
Jóvenes e indígenas, los deportados a Tijuana
“El año pasado atendimos a 500 personas guerrerenses. En nuestros registros Guerrero es el estado que cuenta con el número mas alto de personas deportadas”, enfatiza Alejandrina Vidal, trabajadora social de la Casa del Migrante en Tijuana.
Una característica relevante de esta población, destaca, es que es su primera o segunda vez que intenta cruzar la frontera hacia el norte y que, por lo general, o nunca ha pasado a Estados Unidos o ha vivido ahí por temporadas cortas, de dos a seis meses, que no suman más de dos años.
“Otra característica que registramos es que se trata sobre todo de personas de la Sierra de Guerrero que hablan una lengua indígena y muy poco español. No tengo el dato de qué lenguas hablan, pero vienen en grupo y como algunos hablan más español me ayudan con la traducción”.
En 2018, la Casa del Migrante en Tijuana recibió a 737 guerrerenses deportados de EU; en 2017 fueron 793. Desde el inicio de 2020, indica Vidal, la edad de las personas deportadas ha bajado: la mayoría tiene entre 18 y 25 años.
La Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México realizada en 2019 (EMIF Norte 2019) por el Colegio de la Frontera Norte indica que, de enero a septiembre de 2019, serían 12 mil 257 las personas guerrerenses deportadas a México desde Estados Unidos.
Los datos cruzados, proporcionados por el investigador del Colef Gabriel Pérez Duperou, muestran que Tijuana fue el principal puerto de ingreso –recibió a 3 mil 619 guerrerenses–, seguida por las ciudades de Mexicali y Nogales, en Baja California, y Matamoros, en Tamaulipas. Aquí, según la EMIF, habrían llegado mil 474 personas originarias de Guerrero.
“Nosotros ayudamos a la población deportada a buscar empleo –cuenta Alejandrina–, les abrimos cuentas y les ayudamos a ahorrar. Algunos trabajan un mes, que es el tiempo que pueden quedarse aquí en la casa, ahorran su dinero y se regresan.
“Por lo general, la población guerrerense se va a los dos o tres días, no se acostumbran a estar acá: el idioma, no conocer la ciudad, el miedo a cómo es Tijuana”.
Texto: Caterina Morbiato / Foto: Cuartoscuro
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