Oficialmente hay 36 mil víctimas de ese problema de 2018 a 2021, pero hay miles que tienen miedo a decir “soy desplazado”, sostiene la abogada directora del Centro Morelos en entrevista. Explica que la Ley General de Víctimas establece garantías y también la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, que ya se ha aplicado aunque no está reglamentada. Demanda a la gobernadora Evelyn Salgado y los diputados que resuelvan esta omisión
Chilpancingo, Guerrero, 14 de febrero de 2022. La directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra, afirmó que en Guerrero las leyes para atender a miles de víctimas de desplazamiento forzado no se cumplen, en medio de una “crisis muy grande de la violencia y una crisis muy grande de violaciones a derechos humanos en el estado” en los últimos tres años.
Explicó que oficialmente hay 36 mil desplazados de Guerrero, sobre todo de la Montaña y la Sierra, de 2018 al 2021. Pero el número real es mayor, hay miles de desplazados que “por miedo a denunciar no salen y dicen soy desplazado”.
En entrevista con El Sur en un café al sur de Chilpancingo, la directora del Centro Morelos, explicó que Guerrero cuenta con una Ley General de Víctimas (Ley Número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero) que establece principalmente la atención a las víctimas de desaparición forzada, es decir, “al desaparecer o ser asesinado el jefe de la casa, el gobierno tiene la obligación de garantizar inmediatamente la alimentación, salud y educación para la familia”, pero también menciona en algunos párrafos el desplazamiento forzado.
Esta ley, con su última modificación en mayo de 2017, garantiza la “atención, ayuda, asistencia, acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral” a las víctimas de desplazamiento interno, y que sean atendidas con base en un enfoque diferencial y especializado, deberán recibir ayuda médica y psicológica especializada de emergencia, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado o su análogo, similar o correlativo en los municipios, deben dar alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas de desplazamiento, cosa que no se cumple, denuncia Rosales Sierra.
Expuso que también en Guerrero “tenemos una ley de desplazamiento forzado, la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero (publicada en el Periódico Oficial del gobierno del estado el 22 de julio de 2014, cuando era gobernador el perredista Ángel Aguirre Rivero), pero no está reglamentada, necesitamos que los diputados y que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, reglamenten esta ley y ver quién la va a administrar”.
Indicó que la Ley 487 de Guerrero garantiza el alojamiento, la alimentación que debería de ser a granel, el calzado, el vestido, también en caso de no retornar a sus comunidades deben garantizarles tierras, terrenos dónde sembrar y todos los proyectos que hay para el campo como el fertilizante y semillas, todo eso contempla la ley para los desplazados”, la cual no se cumple, y quienes no la cumplen principalmente son el gobernador, en este caso la gobernadora y los diputados locales.
Precisó que a esta ley estatal para la atención de los desplazados le falta garantizar los bienes durante el tiempo que los desplazados estén fuera de su casa o de sus pueblos, para que el día en que el gobierno haga su trabajo y repliegue a los grupos de la delincuencia, ellos puedan retornar con garantías de seguridad y sus cosas estén intactas.
“Nosotros como defensores de derechos humanos decimos que quien debería administrar esa ley deben ser tanto el gobierno como de la sociedad civil, para que se vigile que sí se cumpla, pues esta ley solamente se aplicó para los desplazados de 2011”, afirmó.
Añadió que a los desplazados de La Laguna, Coyuca de Catalán, se les otorgó 3 hectáreas de tierra donde fundaron la colonia Tepango, en Ayutla, también les dieron recursos para alimentación, aunque constantemente los desplazados han denunciado que sobreviven sin dinero y la mayoría enfermos, por las pésimas condiciones en las que se encuentran.
Propusieron un proyecto de ley federal de desplazados
Teodomira Rosales reprochó que el gobernador saliente, Héctor Astudillo Flores, en su administración “no quiso recibir a ninguna de las víctimas desplazadas, entonces el tema se fue con el gobierno federal, porque todos decían que era un problema del gobierno federal, pero no es cierto porque quien debe de garantizar la seguridad aquí es el gobierno del estado, el responsable es el estado, pero no quiso asumir su responsabilidad”.
Rosales Sierra contó que por ello llevaron “el asunto al gobierno federal en mayo de 2020, empezamos a trabajar un proyecto con senadores en la Ciudad de México, para la creación de una ley de desplazamiento nacional, porque tenemos desplazados en otros estados que son de Guerrero, pero “no podemos atenderlos en otros estados porque no son de ahí, pero con una ley federal ya podríamos atender a nivel nacional a nuestros hermanos desplazados”.
Explicó que se hicieron tres propuestas de ley nacional, una que lideró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; otra que trabajó la senadora guerrerense Nestora Salgado García; y la tercera que trabajó el Centro Morelos con el senador Emilio Álvarez Icaza, “no pasó ni la de Nestora ni la que hizo el Centro Morelos con Álvarez Icaza, pasó la de Encinas, se aprobó pero solamente por diputados federales”.
En septiembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó con 395 votos a favor el proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, y según un boletín fechado el 29 de septiembre de ese año de la Secretaría de Gobernación, la encomienda fue de Encinas Rodríguez a la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) quien configuró el proyecto de ley para la atención del desplazamiento forzado interno en el país, con el que pretenden proteger “a las personas que han abandonado sus hogares por motivos de seguridad pública, como la violencia de género, conflictos sociales, políticos, culturales, religiosos, y por disputas de recursos naturales; desastres naturales y discriminación, entre otros factores”.
Sin embargo, la ley “está atorada en la Cámara de Senadores, nosotros creíamos y estábamos muy seguros de que se aprobaría el 15 de diciembre de 2021, nos lo habían asegurado los senadores, pero no fue posible, esperamos que en marzo de este año se apruebe”, aseveró la entrevistada.
Consideró que la aprobación de esta ley es necesaria, porque así “los desplazados tendrán garantizada la alimentación, el alojamiento, salud y educación, también que sus cosas, casas, terrenos sean resguardados por el gobierno estatal, esta ley contempla que el gobierno estatal tiene la obligación de salvaguardar los bienes de las familias que forzadamente se salen de sus casas por cuidar sus vidas y garantizar su seguridad en donde quiera que se encuentren”.
Añadió que también tipificará el desplazamiento como un delito, “así las denuncias ya no serán por robo a casa habitación y despojo sino serán como desplazamiento forzado interno, tendrá más validez y los gobiernos municipal, estatal y federal ya no podrán decir que no se puede atender el tema porque no hay una ley nacional, porque ahorita la excusa es esa”.
Manifestó que actualmente Guerrero, Chiapas y Chihuahua son los únicos estados del país con una ley de desplazamiento forzado estatal, pero las tres leyes no están reglamentadas, es decir, “que nadie las administra, no hay un reglamento que obligue al gobierno a atender, aquí en Guerrero si se aplicó a los desplazados de 2011 aunque no estuviera reglamentada fue por la prisa de atenderlos, pero fue la única ocasión”.
Para Rosales Sierra lo ideal sería conformar un consejo integrado por funcionarios de gobierno y sociedad civil, que podría ser por ejemplo la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) que vigile su cumplimiento, y del que también formen parte las víctimas desplazadas”.
No hay recursos, la excusa más frecuente para no atender a los desplazados
–¿Han tenido algún diálogo directo con Evelyn Salgado Pineda para el cumplimiento de esta ley estatal de desplazamiento?
–La verdad es que no hemos podido tener un acercamiento con la gobernadora directamente, el día 6 de enero me reuní con Miguel Flores Morales, que es el director general de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, apenas estamos empezando el trabajar sobre los desplazados.
Expuso que oficialmente hay 36 mil desplazados de Guerrero, que se han dispersado en otros estados, sobre todo de las zonas de la Montaña y la Sierra, “es un índice muy alto, de 2018 al 2021”.
“Hay una crisis muy grande de la violencia y una crisis muy grande de violaciones a derechos humanos en el estado”, dijo Teodomira Rosales, “hay miles de desplazados que no son atendidos por miedo a denunciar, por miedo no salen y dicen soy desplazado”.
Ejemplificó que recientemente, los familiares del catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y ex consejero del FUSDEG (frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero), Salvador Catalán Barragán, quien fue hallado asesinado el 12 de diciembre de 2021 en Tierra Colorada, salieron desplazados de Guerrero, quienes ante las amenazas de muerte encontraron apoyo en el Centro Morelos.
La directora del organismo defensor de derechos humanos señaló que la excusa más grande para no atender a los desplazados “es que no hay recursos”, añadió que es muy importante que la CEAV y la gobernadora se coordinen y junto con las organizaciones soliciten al Congreso local los recursos para la CEAV y que ésta atienda a las víctimas desplazadas, lo que no hace.
–¿Cómo considera la estrategia de este gobierno para atender a los desplazados?
–Necesitamos soluciones duraderas, si solamente son visitas de sobarle la espalda eso no sirve, porque las familias comen, se bañan, tienen hijos que mantener, no solamente de palabras y visitas de estoy aquí contigo, necesitamos la ayuda humanitaria de inmediato, las familias con una visita del secretario general o la gobernadora se queda muy contentas pero se queda con la panza vacía.
Explicó que las familias desplazadas que se mantienen en alguna comunidad necesitan solventar sus gastos, no solamente una despensa con arroz, frijol, aceite, sal y maseca, también debe ser el apoyo económico por algunas cosas que les falten, esas son ayudas inmediatas, pero ¿cómo va atender a mediano y largo plazo? Hay que garantizar la seguridad, si se van a retornar pues hay que hacer el repliegue de esas personas que los desplazaron y si los va a mantener ahí, buscar la reubicación que implica tierras, casas y toda la ayuda humanitaria.
“Yo creo que debe de haber además brigadas de salud específicamente para las víctimas desplazadas que se encuentran en estas comunidades, pues tenemos desplazados en otras y que no los están atendiendo”, concluyó.
Adelantó que este 2022 se conformará la Coordinadora Nacional de Desplazados con ocho organizaciones –entre ellas el Centro Morelos– defensoras de derechos humanos originarias de Michoacán, Puebla, Veracruz, Chihuahua, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero.
Texto y foto: Emiliano Tizapa Lucena
